Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. Un tribunal federal revocó hoy la última suspensión definitiva que impedía el inicio de obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado, por unanimidad, el recurso de revisión 429/2019, promovido por el gobierno, con lo que por ahora ya no hay obstáculo legal para iniciar trabajos del nuevo aeropuerto, aunque sean preliminares.
Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará un evento en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el que de manera simbólica dará el banderazo a los trabajos para el AISL, obra valuada en 95 mil millones de pesos.
“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria, nada más en espera de que se diga: ‘no proceden los amparos’ y vámonos al día siguiente. Y eso de decir: vámonos, es literal, porque nos vamos a ir allá a dar el banderazo, a Santa Lucía”, dijo el Mandatario el 7 de octubre.
La decisión del tribunal era previsible, pues el jueves pasado revocó otras cuatro suspensiones, tres de ellas por mayoría de dos magistrados en contra del voto de su colega Jorge Camero, quien en paralelo fue suspendido seis meses por el Consejo de la Judicatura Federal para investigar su patrimonio.
Moisés Chilchoa, secretario proyectista de Camero designado para fungir como Magistrado, también votó hoy por revocar.
El amparo del que derivó la revisión 429/2019 fue promovido por un piloto aviador, y el pasado 10 de junio, el mismo tribunal le había concedido por unanimidad una suspensión provisional contra el inicio de obras del AISL, por falta de estudios aeronáuticos y de seguridad.
“Las consecuencias de la construcción del AISL, sin contar con los estudios ya destacados, y la destrucción de los materiales del proyecto original, pondrían en riesgo el derecho a la vida del quejoso y a su integridad personal, laboral y económica”, afirmó el tribunal en junio.
Se desconoce con qué argumento se negó ahora la suspensión definitiva, pues el Gobierno no ha informado si ya cuenta con el estudio de aeronavegabilidad, para el cual pagó 6.1 millones de dólares a la empresa NavBlue.
En junio, el tribunal también había ordenado conservar las obras del aeropuerto cancelado en Texcoco, postura que sostuvo incluso en un fallo del pasado 30 de septiembre, pero que aparentemente ya no está contemplando en sus sentencias finales.
El tribunal colegiado no ha difundido hasta ahora las versiones finales o engroses de sus sentencias revocando suspensiones, pero sí ha notificado los resolutivos al juez de Distrito que tramita los amparos del colectivo #NoMasDerroches, como si se tratara de casos de extrema urgencia.
Con ello, el juez Juan Carlos Guzmán ya no ha tenido que resolver algunos incidentes de revocación de suspensión que le planteó la Sedena.
Los magistrados consideran que las posibles afectaciones ambientales ya no bastan para suspender el AISL, pues la Secretaría de Medio Ambiente aprobó en julio, de menera condicionada, la Manifestación de Impacto Ambiental.
Otro posible argumento es la incorporación de todas las instalaciones de la Sedena al inventario de bienes estratégicos de seguridad nacional, acordada por el Gobierno el 29 de agosto, sustento del juez Guzmán para negar todas las suspensiones en los amparos más recientes.
Una vez negadas las suspensiones, los más de 140 amparos de #NoMásDerroches seguirán su trámite, pero una sentencia que llegue a declarar ilegal el AISL o la cancelación de Texcoco, difícilmente tendrá algún efecto práctico.
