Categoría: Nacional

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal a empresas ligadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad.

Informó que las investigaciones se extendieron a más dependencias de Gobierno, no solo a la Secretaría de Gobernación.

“Estamos en un proceso de integración de toda la investigación para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, comentó al salir de una reunión de evaluación con el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

 “No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal, pero evidentemente digamos sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación y en varios espacios, no solamente en Gobernación”.

 Recalcó que México también investigará a García Luna y presentará la denuncia correspondiente.

 Rechazó dar el número de empresas involucradas en la red debido a la investigación que se realiza.

Indagarán -también- SFP y Segob triangulación a García Luna

 Las Secretarías de la Función Pública y de Gobernación también investigarán la triangulación millonaria de dinero del Gobierno federal a una empresa ligada a Genaro García Luna.

 Así lo confirmaron las titulares de ambas dependencias, Irma Eréndira Sandoval y Olga Sánchez Cordero, tras participar en una reunión del Gabinete legal y ampliado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 -¿Se abrirá alguna investigación relacionada con el caso García Luna, la transferencia desde la Secretaría de Gobernación?, se le preguntó a Sandoval afuera de Palacio Nacional.

 “Sí, vamos a trabajar eso en Función Pública”, respondió la funcionaria.

 En tanto, Sánchez Cordero confirmó que la Segob también abrirá una investigación interna para revisar la transferencia de 2 mil millones de pesos a una empresa, de la cual se canalizaron 24 millones a una compañía ligada a García Luna.

 “Le voy a comentar al Oficial Mayor a ver qué tiene, para mí es una sorpresa por supuesto. Nosotros también (vamos a investigar), nosotros también porque eran recursos de la Secretaría de Gobernación”, expresó.

 “Una investigación interna a ver qué tenemos. Primero saber dónde está el hilo conductor, a qué cuentas fueron, cómo se distribuyó, digo, porque dos mil millones son mucho dinero, muchísimo dinero, entonces vamos a seguirlo”.

 Sánchez Cordero anunció que probablemente mañana se reunirá con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para abordar el tema.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de haber omitido en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental y sus hijos, así como de conflicto de interés.

“De las constancias recabadas no se desprende que Manuel Bartlett haya tenido conflicto de interés y que haya actuado como servidor público bajo esa cuestión, ya que en la temporalidad de hechos denunciados el investigado no tiene injerencia en control de las empresas por las que fue cuestinado en las denuncias presentadas”, dijo la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“Dichas empresas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene vínculo sentimental. Como director de la CFE, no ha intervenido en estos asuntos relacionados con dichas empresas como pudiera ser la celebración de algún contrato”.

En conferencia, la funcionaria aseguró que en el caso de los bienes que están a nombre de Julia Elena Abdala Lemus, cuya relación sentimental con Bartlett es pública, no existe obligación para que el servidor público declare la existencia de ese patrimonio, pues no están casados ni tampoco han vivido en concubinato.

En septiembre pasado, una investigación periodística reveló que Bartlett había omitido registrar en su declaración patrimonial y de intereses la existencia de 25 inmuebles con un valor aproximado de 800 millones de pesos y 12 empresas que están a nombre de Abdala Lemus y sus hijos.

En el caso de los inmuebles en los que los hijos del funcionarios figuran como propietarios, indicó Sandoval, se trata de personas mayores de edad que no son dependientes económicos y, por tanto, tampoco existe la obligación legal para el servidor público de dar cuenta de ese patrimonio.

En el caso de las empresas, la SFP comprobó que Bartlett tiene participación en dos: Comercial Lebasi y Carawet, la primera consignada en su declaración y en la segunda dejó de la sociedad el 5 de noviembre de 2018.

Sandoval indicó que la Función también investigó si, desde su posición como director de CFE, Bartlett benefició a alguna empresa de su pareja sentimental o de sus hijos y no se encontró evidencia de ello.

“No hay intocables, no hay perseguidos”, sostuvo.

Bartlett es el primer funcionario del primer círculo del Presidente Andrés Manuel Obrador que es investigado y exonerado en esta Administración.

En otros casos, la SFP a cargo de Sandoval ha sido dura en las sanciones impuestas a funcionarios del sexenio pasado, como a la ex Secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, a quien inhabilitó 10 años por haber omitido declarar la existencia de una cuenta bancaria con un saldo de 2 mil 887.86 que durante ocho años no registró ningún movimiento.

Agencias

WASHINGTON. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este miércoles luz verde a un juicio político al Presidente, Donald Trump, en el Senado, al aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político el ex Vicepresidente Joe Biden. También se juzgará a Trump por el cargo de obstrucción de la justicia.

Un total de 230 legisladores apoyaron imputar políticamente a Trump con ese voto, mientras que 197 votaron en contra y uno se abstuvo.

La decisión de la Cámara Baja de aprobar un juicio político a Trump, que se celebrará en el Senado, era previsible dada la cómoda mayoría demócrata que hay en esta cámara.

A lo largo del día de hoy, la cámara ha escuchado los argumentos de una y otra bancada a favor y en contra de abrirle a Trump un “impeachment”, como se conoce en inglés al juicio político.

Ahora el proceso pasará al Senado, donde se espera que se celebre el juicio político al mandatario a partir de enero.

Allí los republicanos mantienen el control por un ligero margen, de 53 frente a 47, a lo que se suma que el “impeachment” exige además una mayoría de dos tercios, por lo que la destitución de Trump parece improbable.

En septiembre, los demócratas anunciaron el inicio de una investigación para abrir un juicio a Trump, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una conversación telefónica en julio entre el Presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En esa llamada, el gobernante estadounidense presionó al ucraniano para que abriera pesquisas contra su rival político y ex Vicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

Trump entrará así en la historia y engrosará una lista en la que están Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869).

Clinton y Johnson fueron finalmente absueltos por la Cámara Alta tras ser sometidos a un proceso de destitución, y es probable, dado el control republicano en el Senado, que al presidente actual le ocurra lo mismo.

Los rompecabezas de asesores de ambos partidos se centran ahora en dilucidar los posibles efectos del juicio político de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

Pero los analistas parecen coincidir en tres cosas: el respaldo sin fisuras de los republicanos a Trump, la buena salud de la economía y las dudas de los demócratas acerca del rumbo a seguir para recuperar la Casa Blanca el próximo año.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la Secretaría de Gobernación (Segb) transfirió presuntamente 2 mil millones de pesos a una empresa en la que Genaro García Luna era accionista.

 En entrevista, indicó que la transferencia se realizó mediante una triangulación de fondos de Segob a una firma y de ésta a la empresa del ex Secretario de Seguridad Pública.

 Nieto afirmó que dicha operación es la causa de un bloqueo de cuentas de García Luna.

 “Como ha dicho el Presidente (López Obrador), se le informó, y él decidió que presentáramos la información a la FGR y esa transferencia es lo que ampara el bloqueo de cuentas que tenemos”, detalló.

“Porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación, una empresa, y de ahí a una empresa donde García Luna es accionista. Las transferencias a la empresa son 2 mil millones (de pesos)”.

 Ante cuestionamientos, Nieto advirtió que se trata de un delito federal.Investiga UIF a círculo cercanoNieto confirmó que investigan a cinco ex funcionarios del círculo cercano del ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino

“Hemos ampliado en este momento la investigación a otras personas del círculo cercano al señor García Luna, presuntamente también involucrados”, señaló el funcionario.

“Todavía estamos investigando a cinco servidores públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la Administración de García Luna. Cárdenas Palomino, entre otros”.

Este último fue uno de los colaboradores más cercanos de García Luna en la Secretaría de Seguridad, donde fue coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

Fuentes indicaron que entre las personas investigadas también estarían Facundo Rosas y Javier Garza Palacios.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. Al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez poco le importó ser exhibido como uno de los Mandatarios que más faltan en las mesas de seguridad con autoridades federales.

Horas después de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, lo enlistó entre los tres gobernadores que menos acuden a reuniones de seguridad, éste dijo que seguirá sin hacerlo.

“Es falsa esa información, porque aparecen que tres veces he ido, no pues no he ido a ni una, falsos los datos. No he estado ni iré, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, respondió a medios locales.

A nivel nacional, desde que llegó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador existen dos tipos de reuniones, las que son diarias y en ellas se revisan reportes de delitos, y otras que tienen como objetivo determinar operativos.

Al respecto, Sinhue Rodríguez aseguró que su presencia siempre está en donde se abordan temas de seguridad con los titulares de los grupos de inteligencia del Ejército, Marina y Guardia Nacional, pero no en las otras pese a una ‘grilla política’.

“En estas mesas de diario, estas que señala Durazo, son las que no he ido, sólo he ido a la instalación de la primera, les he dicho que no he ido a las reuniones que son de seguimiento, donde dan el parte informativo, y ahí está el general de la zona militar, la gente de Policía Federal, Policía estatal, Guardia Nacional, Secretario de Gobierno”, continuó su desdeño.

“Es un tema político, están nerviosos por los cambios que va hacer López Obrador, y ahora quieren echar la culpa a todos, es un tema de ellos, si ustedes se fijan en el tema de seguridad siempre hemos trabajado muy bien, trabajo de coordinación”.

“A partir de hoy regresa la Marina a Guanajuato, lo cual me da mucho gusto porque es una institución que siempre pedí que no nos la quitaran, hoy llega un grupo de elementos, de entrada llegan 100 el martes y en enero estaremos buscando que llegue otro grupo”.

En la misma entrevista, reveló que a partir de este martes arribarán nuevamente 100 elementos de la Marina para realizar operativos especiales en la entidad, sin especificar en qué Municipios.

Asimismo, informó que otros integrantes de esta institución pueden arribar en enero de 2020, para tratar de sumar los 280 elementos que tenían hasta este año y que se retiraron por órdenes federales.

Esta mañana, el Secretario Alfonso Durazo también posicionó a Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Carlso Aysa González, de Campeche, como los que menos asisten a las reuniones de seguridad.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que sería ingenuo pensar que el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actuó solo en la presunta protección que le brindó al Cártel de Sinaloa.

Al término de una reunión con las Conferencias de Secretarios de Seguridad, Sistema Penitenciario y Seguridad Municipal, habló de la posibilidad de una red de protección en torno al ex funcionario detenido hace una semana en Estados Unidos.

-¿Se puede hablar de una red de complicidad?, se le preguntó en entrevista.

 “Sería ingenuo suponer que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cártel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección”, respondió.

 “Es imposible que haya actuado en solitario, no prejuzgamos, pero es elemental razonar que actuó acompañado por una red de complicidades”.

 Durazo confirmó que la dependencia a su cargo ya inició una investigación interna para determinar si hay personal adscrito a la misma que está “complicitariamente” comprometido con el ex Secretario en tiempos de Felipe Calderón.

 Sin ventilar nombres, reveló que incluso ha habido renuncias “muy seguramente vinculadas a esto”, aunque no presentadas a raíz de la captura de García Luna por sus vínculos con el Cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 “En esa investigación estamos trabajando. Tenemos el suficiente trabajo de inteligencia para iniciar de inmediato este proceso, no vamos a cometer absolutamente ninguna injusticia porque ahí hay profesionales de carrera, con independencia de los tiempos que entraron”, apuntó.

 “Estamos hablando de aquellos que llegaron personal o políticamente, o complicitariamente comprometidos con el ex Secretario de Seguridad Pública. En absolutamente todas las instancias de la Secretaria estamos trabajando ya en este proceso de depuración”.

 El Secretario abundó que, a partir de trabajos de inteligencia, referencias históricas y el análisis de redes de comunicación, la investigación interna está avanzando con la finalidad de que no quede absolutamente ningún cómplice.

 “Tenemos muy firme la instrucción del Presidente López Obrador de depurar a fondo las instituciones de seguridad pública, evitar sus aquellos que se coludieron con los criminales, que cometieron actos de corrupción, sigan agazapados en nuestras estructuras de seguridad”, expresó.

 “En la Secretaría estamos emprendiendo está depuración a fondo de mandos y elementos eventualmente vinculados con redes de corrupción que están en la base de la violencia de nuestro País. En este tema no habrá contemplaciones”.

 ‘Corruptos se sintieron en la gloria’

 Durante el evento, realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Durazo subrayó que la detención de García Luna revela con toda su crudeza que la corrupción de funcionarios de primer nivel y la complicidad de policías y altos mandos con el crimen organizado son causas fundamentales de la “larga noche” de violencia e inseguridad.

 “Lo más trágico es que esos grandes corruptos en su momento se sintieron destinados a la gloria eterna, ese periodo se ha cerrado, pero reconocemos que sus efectos e inercias persisten”, expresó.

 “No prejuzgados, pero es elemental razonar que no se trata de un caso aislado, bienvenida la justicia dónde quiera que se conceda, las autoridades mexicanas colaboraremos siempre con quién corresponda para llevar ante la justicia no solo a un presunto criminal, sino a todos aquellos que de unieron en esa red con una finalidad delictiva”.

 Tras aseverar que el problema de la corrupción policial es de tal tamaño que se trata de crimen uniformado, Durazo subrayó la necesidad de deportar a las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia.

 “Particularmente, tenemos que depurar a las Policías Municipales, hoy socialmente percibidas como altamente corruptas, no nos gusta tocar estos temas, pero es ineludible hacerlo, porque si no somos realizaste en el diagnóstico, no vamos a ser atinados en la estrategia”, comentó.

 “No podemos combatir al crimen con funcionarios y policías entregados a la delincuencia, tenemos que aprender de esta lección, que el que de corrompe y entrega al crimen organizado más temprano que tarde termina por pagar”.