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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá una investigación de oficio para determinar si la alta burocracia del organismo viola la Constitución al mantener sueldos superiores al del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

 El contralor interno, Jesús George, hizo el anuncio durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, encabezada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los titulares de direcciones.

 “El Órgano Interno de Control abrirá de oficio una investigación administrativa respecto a la emisión del acuerdo de la Junta del 20 de diciembre (día en el que aprobaron el Manual de Percepciones). El Órgano tiene dudas respecto a su legalidad”, afirmó.

 “Para el OIC existe una posible violación a la Constitución y una posible violación al propio acuerdo del Consejo General del 2019 por posiblemente exceder los alcances del mismo, porque (en el 2020) lo amplía a servidores electorales que no cabrían en la excepción de tener un trabajo especializado”.

 Se investigará si la Junta debió esperar a que se emitiera la sentencia de la controversia constitucional interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia, y si la excepción aplica sólo al salario del superior jerárquico, que, consideró, en el caso del Instituto son los consejeros electorales, quienes a su vez, señaló, podrían tener como superior jerárquico al Mandatario.

 George pidió “no darse por sorprendidos” cuando pida información a diversas áreas como parte de dicha investigación.

 En tanto, hizo un llamado a los consejeros y a la alta burocracia para no aplicar el Manual de Percepciones de este año, en el que se establece que ganarán más que el Presidente de la República.

 “Respetuosamente sugerir a todos los integrantes de la Junta reflexionar sobre la aplicación del acuerdo que emitieron, para que se pueda evaluar, reflexionar, la suspensión de este acuerdo hasta en tanto se resuelvan las controversias institucionales. Lo que se propone es que la Junta use los cauces legales que da nuestro régimen constitucional para resolver este tipo de asuntos”, dijo.

 El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, insistió en que el Manual respeta los derechos laborales ganados, y está sustentado en la legislación.

 Mientras que Córdova afirmó que ayudarán al OIC en todo lo que pida, aclarando que el trabajo que hará dicha área es interpretativo, por lo que no hay “verdades absolutas”.

 “Reiterar la mejor disposición, dado que se trata de un asunto de interpretación constitucional, estar atentos a ese diálogo que siempre se ha propiciado con el OIC, bajo la premisa que cuando se interpreta la normal, difícilmente hay verdades absolutas, así que estaremos muy atentos a lo que se ha planteado, en esta vocación permanente de cumplir la Constitución que ha tenido esta Junta en las decisiones que ha tomado”, aseveró.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. La Procuraduría Fiscal buscará erradicar el “outsourcing ilegal”, práctica que, con la reforma que entró en vigor este año, es considerada como delincuencia organizada.

En la conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el Procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, hizo un llamado a las empresas que realizan esta práctica ilegal y a quienes contratan sus servicios a desistir.

“Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es a través de la reforma aprobada y que entró en vigor donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio”, expuso.

“La reforma busca castigar como delincuencia organizada a todas las empresas que dan servicio de outsourcing ilegal, es decir tres o más personas que de forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”.

Es decir, explicó el funcionario de la Secretaría de Hacienda, constituyen diversas cantidades de empresas cuyo objetivo es no pagar cuotas de seguridad social, del IMSS e Infonavit, minimizar la carga tributaria o desaparecer la relación laboral que exista.

Romero Aranda advirtió sobre el tipo de sanciones que pueden recibir quienes incurran en esta práctica.

“Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio”, detalló.

En el caso de quien presta este servicio ilegal, añadió, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión.

“Es muy importante que dejen de prestar este servicio ilegal, sí hay sanciones, esto ya cambió, esto es uno de los principios de la Cuarta Transformación, y que tenemos que seguir al pie de la letra”, advirtió.

“No podemos permitir que sigan estas prácticas ilegales pedimos que se acerquen”.

Cuestionado sobre las medidas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno tomó la decisión de manera preventiva, pues busca informar a trabajadores y a dueños de empresas que con la nueva legislación pueden ser sancionados.

Subrayó que estas prácticas ilegales se consideran como delito grave, lo que significa ir a la cárcel sin derecho a fianza.

“No todos saben que se está llevando a cabo esta reforma y estas prácticas se consideran delito grave y significa en caso de ser responsable ir a la cárcel sin derecho a fianza. Es defender a los trabajadores, pero al mismo tiempo informar a todos los mexicanos”, señaló.

López Obrador dijo que es necesario hablar más con los empresarios que fueron “engañados”, los cuales, se han acercado para regularizar su situación o han devuelto dinero.  

Forma STPS grupo contra subcontratación

La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que se formó un grupo de trabajo que atenderá la problemática de subcontratación ilegal y “abusiva”, el cual estará integrado por la STPS, IMSS, SAT, Infonavit, UIF, Hacienda y Procuraduría Federal de la Federación.

Indicó que el grupo interinstitucional combatirá delitos como defraudación fiscal a trabajadores, lavado de dinero y fraude a los institutos del Gobierno federal.

“En este grupo interinstitucional estamos colaborando con acciones conjuntas compartiendo información”, señaló Alcalde en conferencia.

Víctor Fuentes                                   

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO  15-Jan-2020 .-La Suprema Corte de Justicia eliminó el permiso para que Pemex, o cualquier otra empresa, puedan incrementar el porcentaje de etanol en sus gasolinas, reclamado por grupos ambientalistas.

 Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte concedió hoy un amparo contra cambios aplicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a la Norma Oficial Mexicana 016-CRE-2016 sobre calidad de los petrolíferos.

 Dichos cambios, vigentes desde junio de 2017, permitieron incrementar el etanol en las gasolinas de 5.8 a 10 por ciento, salvo en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

 El amparo fue concedido al ex candidato Presidencial Gabriel Quadri, pero tendrá efectos generales para anular por completo los cambios a la NOM, de tal forma que sean sometidos a consulta pública previa.

 Para no afectar a terceros, la Corte acordó dar un plazo de 180 días, durante los cuales se podrá seguir produciendo y comercializando gasolina con etanol al 10 por ciento sin ser sujeto de sanciones.

 Terminado el plazo, CRE tendrá que aplicar de nuevo el tope de 5.8 por ciento, y en cualquier momento podrá iniciar el proceso de consulta y mejorar regulatoria, si es que nuevamente pretendiera modificar la NOM.

 La CRE había reformado la NOM con el argumento de que, tras la liberación del precio de la gasolina en enero de 2017, las gasolineras de estados fronterizos estaban en desventaja con las de Estados Unidos, donde el mayor contenido de etanol permite un combustible más barato.

 Pero la sentencia de la Corte, presentada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, resolvió por sus implicaciones ambientales, la reforma a la NOM debió ser sometida a un proceso previo de mejora regulatoria, y no ser aplicada de manera unilateral por la CRE.

 “Los beneficios puramente económicos que, en su caso, pueda generar el incremento del porcentaje de etanol en las gasolinas, como oxigenante (al abaratar presuntamente el precio de tales combustibles), deben ser ponderados y confrontados contra los potenciales riesgos que ello podría deparar al medio ambiente y las obligaciones estatales de reducir las llamadas emisiones de gases invernadero y por tanto, combatir el fenómeno del cambio climático”, se establece en el fallo.

 “A juicio de esta Corte, no puede ser una sola voz, ni una sola valoración, la que determine la posibilidad de que en el Estado mexicano, se modifiquen los porcentajes máximos de empleo de etanol como oxigenante de las gasolinas; pues ello podría tener como consecuencia el permitir daños serios e irreversibles al ambiente, al no valorarse debidamente la magnitud del problema en cuestión”.

 En primera instancia, un juez había desechado por improcedente el amparo de Quadri, postura que hoy solo apoyó la Ministra Yasmín Esquivel.

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CIUDAD DE MÉXICO. El avión TP-01, considerado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como un símbolo de la corrupción, es promocionado para su venta como el “orgullo de una nación”.

 El catálogo de la aeronave presidencial, elaborado por la Fuerza Aérea Mexicana, describe al Boeing 787 Dreamliner como el más emblemático del continente, con una “capacidad VIP incomparable”.

 “Sus innovadores motores ofrecen una reducción de hasta 60 por ciento del ruido en la cabina. Además de contar con sistemas que mejoran la calidad del aire, reduciendo el efecto jetlag”, se lee en el documento.

 “Orgullo de una nación. La aeronave exhibe los símbolos más auténticos de México en diversas y variadas formas, distinguiéndose el Escudo Nacional, así como los colores patrios”.

 En el folleto, presentado esta mañana por el Presidente, se afirma que la aeronave puede acomodar hasta 80 pasajeros en su configuración de cuatro secciones, “proporcionando una capacidad VIP única en el mundo”.

 Detalla que cuenta con una suite presidencial, con una “elegante oficina y sala de juntas, recámara con cama King-size, regadera y caminadora”.

 “Usted, sus ejecutivos, sus principales productores, sus vendedores élite, así como sus más preciados socios, podrán disfrutar de una experiencia de viaje reservada hasta ahora únicamente para jefes de Estado”, señala.

 En materia tecnológica, refiere que cada asiento cuenta con una pantalla digital personal, sistema de entretenimiento y teléfonos satelitales para los pasajeros, además de una suite privada dedicada a telecomunicaciones.

 Según el catálogo, el polémico avión José María Morelos y Pavón ofrece los costos operativos más bajos, ya que el 80 por ciento de la aeronave está hecha de materiales compuestos, que permiten un peso más ligero, además de contar con las certificaciones más altas de seguridad.

 “La aeronave consume hasta 20 por lo menos combustible que otros aviones similares, reduciendo considerablemente los costos operativos”, indica.

 “Un rango inigualable, con una velocidad crucero de 1,050 KM/H y un alcance de más de 15 mil kilómetros, llegando a todos los continentes del mundo sin necesidad de escalas”.

 En la oferta a posibles compradores, el Gobierno de México plantea algunas ventajas a los futuros propietarios, ya que podrán personalizar cada vuelo.

 “Exhiba su marca. Se tendrá la opción de personalizar la aeronave en cada vuelo, con la marca que cada usuario defina, brindándole una nueva plataforma de promoción a nivel internacional”, asegura.

 “Atracción global. Los amplios espacios, el lujo y la capacidad de la aeronave ofrecen una experiencia de viaje única en el planeta, que le permitirá atraer con mayor facilidad a grupos de inversionistas y personalidades globales para su empresa”.

 En el documento se plantea la posibilidad de que pueda ser comprado por varias empresas a través de un modelo fractional.

 “A través de un modelo conocido comúnmente como fractional, la aeronave XC-MEX se pondrá a la venta en 12 fracciones que se podrán adquirir una a una de forma individual”, señala.

 “En lo que se realiza la venta de las 12 fracciones y sea concluido el traslado del dominio de la aeronave, aquellos quienes vayan participando como compradores tendrán el privilegio de poder utilizar el avión de forma inmediata pagando el costo por hora de vuelo que corresponda y se acuerde. Durante esa etapa el avión será operado por la Fuerza Aérea Mexicana”.

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CIUDAD DE MÉXICO. Un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó que el Gobierno federal haya borrado la base de datos del Seguro Popular, en perjuicio de millones de mexicanos.

“Borraron la base de datos de más de 50 millones con información de su estatus económico y de su historial médico”, reveló la senadora Alejandra Reynoso.

 Con los senadores Martha Cecilia Márquez, Xóchitl Gálvez, Kenia López, Damián Zepeda y Julen Rementería, Reynoso cuestionó el “caos” que prevalece con la aplicación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

 “Lo que prometían con el Insabi era una absoluta mentira, se les dijo que habría desabasto de medicamentos y que no habría presupuesto, y ahora vemos un caos absoluto”, dijo.

 La senadora Martha Cecilia Márquez dijo que se presentaba “de luto” por la muerte, este mismo día, de un niño aquejado de cáncer, aunque refirió que los padres sostenían que no había sido a causa de un desabasto de medicamentos.

 La legisladora por Aguascalientes anticipó que la bancada del PAN pedirá la inmediata comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público porque el de Salud “está atado de manos”.

 También previó que al Presidente de la República “le van a llover denuncias” por el caos que persiste con la entrada en vigor del Insabi.

 La senadora Xóchitl Gálvez refirió el caso de un niño con cáncer que era tratado en el Hospital Infantil y fue impelido a regresar a su casa porque su tratamiento de quimioterapia había sido pospuesto.

 Gálvez calificó de “incapaz, inexperto e improvisado” al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer.