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Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, las principales oficinas del Gobierno federal gastaron 35 mil 678 millones 637 mil 962 pesos en el gasto de operación de “Alimentos y utensilios”.

De acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública de ese periodo, el gasto supera incluso al dinero destinado a los comedores comunitarios de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar). En cinco años de funcionamiento se dio a ese programa 10 mil 579 millones 756 mil 238 pesos, que es solo el 29.6 por ciento del dinero que gastaron para los alimentos de las secretarías federales y Presidencia. Es decir, se gastó tres veces más en las 21 oficinas del Gobierno.

Además, se gastó más de lo que se había asignado a ese rubro hasta en un 11 por ciento. Sobresale el caso de 2016, en que se asignaron 34 mil 594 millones 955 mil 624 pesos y se gastaron 43 mil 337 millones 575 mil 457 pesos, es decir, 20 por ciento más.

El rubro de “Alimentos y utensilios” forma parte de los gastos de operación de las secretarías y de acuerdo con la ley, este dinero permite que las oficinas puedan llevar a cabo sus funciones.

En estos gastos entran productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos, para el personal que realiza labores en campo o de supervisión y ara el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.

El gasto de los seis años fue de 35 mil 68 millones y fue el de 2018 el más alto: 7 mil 047 millones 441 mil 886 pesos.

Para el primer año de funciones de esa administración, el gasto fue de 5 mil 050 millones 210 mil 271 pesos, lo que muestra que el dinero utilizado incrementó 39.5 por ciento en ese periodo.

Sobre las secretarías que más gastaron en este rubro de alimentos, los seis años estuvo a la cabeza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 19 mil 096 millones 614 mil 730 pesos. Le siguió, también en todo el periodo, la Secretaría de Gobernación (Segob), que gastó mil 056 millones 622 mil 626 pesos; la Secretaría de Marina (Semar), con 5 mil 158 millones 142 mil 605 pesos y el cuarto lugar tampoco cambió: lo ocupó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), con mil 262 millones 934 mil 060 pesos.

El quinto lugar se lo disputaron Salud y Educación Pública, que gastaron 914 millones 143 mil 828 pesos y 903 millones 912 mil 763 pesos.

Y luego, aparece el dinero de la Oficina de la Presidencia de la República: 435 millones 773 mil 696 pesos devengados en alimentos durante seis años.

El gasto en alimentos resalta porque fue la administración de Peña Nieto la que impulsó los comedores comunitarios en su Estrategia Nacional Contra el Hambre. Sin embargo, el gasto no es comparable, ya que en un año el presupuesto de ese programa fue de mil 376 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Salud confirmó que existe un caso sospechoso de coronavirus en un hombre de 37 años de edad de origen chino que reside en la Ciudad de México.

En su reporte más reciente, la dependencia detalló que el paciente realizó un viaje la ciudad china de Baotao del 3 al 27 de enero, sin embargo, presentó síntomas de la neumonía de Wuhan el pasado 7 de febrero.

Agregó que, hasta el momento, el hombre encuentra estable y no presenta contactos sintomáticos.

La Comisión Nacional de Salud de China elevó el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 908 entre los 40 mil 171 contagiados diagnosticados en el país asiático.

Según la fuente, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se habían registrado 6 mil 484 casos graves, al tiempo que destacó que 3 mil 281 personas habían sido dadas de alta tras superar la enfermedad.

Por el momento, la Comisión aseguró haber realizado seguimiento médico a 399.487 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 187.518 siguen en observación.

La neumonía de Wuhan, causada por un tipo de coronavirus surgido en esa ciudad china en diciembre, ha superado ya a la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS, en su acrónimo inglés) de 2003 en número de muertos: al menos 813 han perecido a consecuencia de la primera, por los 774 de la segunda.

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su propuesta de eliminar los “puentes” vacacionales en el próximo calendario escolar no afectaría la actividad turística del país.

Ayer, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) consideró que eliminar los puentes afectará a ese sector de la economía y a programas exitosos como “El Buen Fin”.

Esta mañana, al ser cuestionado en su conferencia sobre dichas opiniones, el tabasqueño dijo entender las “molestias”, pero defendió que su gobierno hace varias acciones en favor del turismo.

“¿Qué hacemos para que haya crecimiento en el sector? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo; vamos a construir el Tren Maya. Estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia. Y creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad”, dijo.

Fortalecer la memoria histórica, el objetivo

De acuerdo con el mandatario federal, es necesario fortalecer la memoria histórica del país al conmemorar los hechos en la fecha exacta en la que ocurrieron. Agregó que se perdió “mucho” cuando –en el sexenio pasado- se eliminaron del plan de estudio las materias de civismo y ética.

“Yo siento que no va a haber ninguna perdida (por eliminar los puentes) que, al contrario, se gana. Perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética, se pierde mucho como sociedad”, afirmó.

Con un tono sarcástico, López Obrador comentó que “nunca había habido tanta oposición en las benditas redes sociales”, tras el anuncio de su iniciativa de eliminar los “puentes”.

“Es para que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trate, eso es básicamente y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica”.

Luego, convocó a hacer una consulta con estudiantes de primero y segundo de secundaria: “que les digan ¿qué pasó, por qué no hubo clases el lunes? No saben, dicen ‘puente’”.

CIUDAD DE MÉXICO. Será hasta el próximo mes de junio cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determine qué organizaciones cumplen con los requisitos legales para constituirse en nuevos partidos políticos, aclaró hoy este órgano electoral.

Y aunque algunas asociaciones ya han alcanzado el número requerido de asambleas y afiliaciones para solicitar formalmente su registro, agregó el INE, ninguna de ellas ha cumplido todavía con el proceso establecido para constituirse en partido político.

El proceso de validación

Posteriormente, el INE realizará el análisis de toda esta documentación: verificará la validez de las afiliaciones, que estén dentro del Padrón Electoral, que no se dupliquen con las de otras organizaciones o partidos políticos, y que cumplan con todos los requisitos que fueron solicitados a través de la aplicación móvil, como el anverso y reverso de la credencial para votar, la firma y foto del ciudadano.

Al INE le corresponde garantizar la validez y autenticidad de las afiliaciones; asegurar que no participen “entes prohibidos” a lo largo del proceso de celebración de asambleas, como pueden ser organizaciones sindicales. También verificar que los afiliados se encuentren vigentes en el Padrón Electoral; corroborar que no exista “doble afiliación” entre estas organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos con partidos que ya tienen su registro. Por último, verificar que las organizaciones cumplan con todas las obligaciones fiscales que marca la ley.

Luego de realizar todas estas verificaciones, el INE determinará en junio que organizaciones cumplen con los requisitos para constituirse en partidos políticos nacionales. Y ya después, a partir del 1 de julio, tendrán efectos constitutivos como partidos políticos aquellas organizaciones cuyo registro haya sido aprobado. Este será el último paso para que puedan participar en el proceso electoral federal 2020-2021.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el pasado 1 de enero dieron pie a un movimiento de batas blancas: médicos y trabajadores del sector que no tienen base y algunos ni seguridad social, y quienes exigen que sus derechos laborales sean previstos en la transformación del sistema de salud que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2004, en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Seguro Popular comenzó la precarización laboral de ese sector. Ahora con el cambio de modelo, este movimiento médico –con la consigna ¡Justicia e Igualdad Laboral, Bases para Todos!–, demanda que el Insabi corrija los daños laborales que les ocasionó el sistema anterior.

El pasado 29 de enero el doctor Gabriel Pérez, de la unidad de niños quemados del Hospital Pediátrico Tacubaya, subcontratado desde hace cinco años y, por lo tanto, sin todas las prestaciones de ley, se unió a la protesta de decenas de trabajadores de la Secretaría de Salud federal y secretarías estatales afuera de Palacio Nacional, con el lema: “¡Bases para todos ya!”.

“Los médicos no estamos siendo tomados en cuenta en la reforma al sistema de salud. Esa reestructura estará incompleta si no incluye a quienes recetamos, a quienes vemos a los pacientes. Si no incluye a los trabajadores, estará destinada al fracaso”, sentencia Pérez en entrevista.

Ese día él y otros médicos, enfermeras y trabajadores sociales entregaron un pliego petitorio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades y un censo nacional para la basificación del ciento por ciento del personal de las instituciones de salud, que incluya a trabajadores regularizados, formalizados, que cumplen suplencias e interinatos prolongados y no sólo a los contratados por honorarios.

“No nos vamos a detener hasta conseguir nuestros derechos laborales. La lucha es por la salud de la población, porque no merece médicos desgastados, cansados, que tienen dos trabajos, sin dormir. Los hospitales hoy en día son comercios ambulantes… los compañeros y compañeras tienen que vender pinturas, comida, ropa, de todo”, cuenta el pediatra.

López Obrador prometió que antes de que termine su administración se basificará a 87 mil trabajadores que ahora cobran por honorarios; sin embargo no incluye a unos 200 mil subcontratados, regularizados o formalizados, dice el licenciado en enfermería y médico cirujano Fabián Infante, uno de los organizadores de la manifestación.

“La Secretaría de Salud modificó las condiciones generales de trabajo en 2007 y agregó estos membretes: formalizados y regularizados, pero eso no está previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces se está violentando. Todo esto es culpa del Seguro Popular y es momento de corregir, porque en apariencia tenemos algunos beneficios laborales, pero no tenemos acceso al ciento por ciento de las prestaciones de ley ni acceso a las condiciones generales de trabajo”, añade Infante, quien fue regularizado en 2007.

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que propondrá modificaciones a la ley y al calendario escolar para que el próximo ciclo no haya puentes vacacionales y las fechas históricas se celebren en su día.

“Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

Al recordar la promulgación de la Constitución mexicana hace 103 años, el tabasqueño aseguró que esta reforma buscará recuperar la memoria histórica porque actualmente se habla de los puentes y no de los hechos históricos que se conmemoran en esas fechas.

“Los niños en las escuelas, hasta de las secundarias, hablan de los puentes, pero no del porqué no asisten a la escuela un viernes o un lunes, como acaba de suceder. Hoy 5 de febrero nadie se acuerda que se promulgó la Constitución (de 1917)”, explicó este miércoles.

López Obrador informó que esto aplicaría con el 15 de septiembre, conmemoración de la independencia de México; el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución mexicana y el 5 de febrero.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente, son días de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) lamentó que en el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ratificara el convenio que se firmó en días pasados para mejorar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Tras una reunión de tres horas en Palacio Nacional, este martes, los nueve mandatarios panistas salieron sin un acuerdo financiero y rechazaron adherirse al Insabi, hasta analizar si la distribución de fondos que presentó el Ejecutivo es suficiente.

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y presidente de la GOAN, precisó: “Hay detalles sobre todo en materia de corridas financieras en los fondos, eso prácticamente fue la parte que esperamos. Es una propuesta en base a corridas históricas y esa parte no la tenemos en este momento, entonces tendremos que analizar si el recurso es suficiente para poderle entrar en otros temas, justamente la gratuidad”.

Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, los mandatarios albiazules advirtieron que no encontraron caminos alternos ni propuestas de mejora, pero reiteraron que están en la mejor disposición de sumarse al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos.

“Insistiremos en privilegiar el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente. Cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definirá su adhesión”, puntualizaron.

Por su lado, en su cuenta de Twitter el presidente López Obrador resaltó: “Comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente”.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la resolución emitida por la Segunda Sala, relacionada con la supuesta reducción de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición, es reiteración de un criterio emitido en el año 2010.

En tanto señaló: “no se trata de un criterio novedoso”.

“Derivado de dicha jurisprudencia, con base en la Ley del Seguro Social anterior y actualmente vigente, la Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997”, añadió en un comunicado de prensa.

Tras resolver una contradicción entre dos tribunales que mantenían criterios distintos, uno a favor de otorgar 25 salarios mínimos de pensión y otro en 10, indicó, se debía fijar el tope en los 10 salarios mínimos previstos en el artículo 33 de la antigua ley del Seguro Social.

En tanto, los trabajadores tendrán dos opciones:

Si deciden acogerse al régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

En caso de que el trabajador opte por el régimen de la ley de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore, señaló el alto tribunal.

La determinación generó polémica, sin embargo, la SCJN señaló que dichos criterios no modifican el régimen actual de pensiones.

“De lo anterior se desprende que la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente”, expuso en el comunicado.

“Lo anterior, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el IMSS en materia de pensiones por jubilación”, acotó.

El ministro en retiro José Ramón Cossío, explicó esta mañana a la periodista Carmen Aristegui que la publicación de la Contradicción de Tesis 327/2019, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, será aplicable sólo a los tribunales federales para resolver asuntos como los expuestos en los litigios con criterios distintos que dio origen al asunto.

Por su parte, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), reiteró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no modificará el actual régimen de pensiones y que se seguirán calculando con 25 salarios mínimos contenido en el régimen de 1997. “Es un criterio para juzgados, en dónde tiene que resolver cuando hay juicios”, abundó.