Categoría: Nacional

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el pasado 1 de enero dieron pie a un movimiento de batas blancas: médicos y trabajadores del sector que no tienen base y algunos ni seguridad social, y quienes exigen que sus derechos laborales sean previstos en la transformación del sistema de salud que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2004, en el sexenio de Vicente Fox, con la creación del Seguro Popular comenzó la precarización laboral de ese sector. Ahora con el cambio de modelo, este movimiento médico –con la consigna ¡Justicia e Igualdad Laboral, Bases para Todos!–, demanda que el Insabi corrija los daños laborales que les ocasionó el sistema anterior.

El pasado 29 de enero el doctor Gabriel Pérez, de la unidad de niños quemados del Hospital Pediátrico Tacubaya, subcontratado desde hace cinco años y, por lo tanto, sin todas las prestaciones de ley, se unió a la protesta de decenas de trabajadores de la Secretaría de Salud federal y secretarías estatales afuera de Palacio Nacional, con el lema: “¡Bases para todos ya!”.

“Los médicos no estamos siendo tomados en cuenta en la reforma al sistema de salud. Esa reestructura estará incompleta si no incluye a quienes recetamos, a quienes vemos a los pacientes. Si no incluye a los trabajadores, estará destinada al fracaso”, sentencia Pérez en entrevista.

Ese día él y otros médicos, enfermeras y trabajadores sociales entregaron un pliego petitorio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades y un censo nacional para la basificación del ciento por ciento del personal de las instituciones de salud, que incluya a trabajadores regularizados, formalizados, que cumplen suplencias e interinatos prolongados y no sólo a los contratados por honorarios.

“No nos vamos a detener hasta conseguir nuestros derechos laborales. La lucha es por la salud de la población, porque no merece médicos desgastados, cansados, que tienen dos trabajos, sin dormir. Los hospitales hoy en día son comercios ambulantes… los compañeros y compañeras tienen que vender pinturas, comida, ropa, de todo”, cuenta el pediatra.

López Obrador prometió que antes de que termine su administración se basificará a 87 mil trabajadores que ahora cobran por honorarios; sin embargo no incluye a unos 200 mil subcontratados, regularizados o formalizados, dice el licenciado en enfermería y médico cirujano Fabián Infante, uno de los organizadores de la manifestación.

“La Secretaría de Salud modificó las condiciones generales de trabajo en 2007 y agregó estos membretes: formalizados y regularizados, pero eso no está previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces se está violentando. Todo esto es culpa del Seguro Popular y es momento de corregir, porque en apariencia tenemos algunos beneficios laborales, pero no tenemos acceso al ciento por ciento de las prestaciones de ley ni acceso a las condiciones generales de trabajo”, añade Infante, quien fue regularizado en 2007.

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que propondrá modificaciones a la ley y al calendario escolar para que el próximo ciclo no haya puentes vacacionales y las fechas históricas se celebren en su día.

“Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”, dijo López Obrador durante su conferencia matutina.

Al recordar la promulgación de la Constitución mexicana hace 103 años, el tabasqueño aseguró que esta reforma buscará recuperar la memoria histórica porque actualmente se habla de los puentes y no de los hechos históricos que se conmemoran en esas fechas.

“Los niños en las escuelas, hasta de las secundarias, hablan de los puentes, pero no del porqué no asisten a la escuela un viernes o un lunes, como acaba de suceder. Hoy 5 de febrero nadie se acuerda que se promulgó la Constitución (de 1917)”, explicó este miércoles.

López Obrador informó que esto aplicaría con el 15 de septiembre, conmemoración de la independencia de México; el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución mexicana y el 5 de febrero.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo vigente, son días de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) lamentó que en el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ratificara el convenio que se firmó en días pasados para mejorar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Tras una reunión de tres horas en Palacio Nacional, este martes, los nueve mandatarios panistas salieron sin un acuerdo financiero y rechazaron adherirse al Insabi, hasta analizar si la distribución de fondos que presentó el Ejecutivo es suficiente.

Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes y presidente de la GOAN, precisó: “Hay detalles sobre todo en materia de corridas financieras en los fondos, eso prácticamente fue la parte que esperamos. Es una propuesta en base a corridas históricas y esa parte no la tenemos en este momento, entonces tendremos que analizar si el recurso es suficiente para poderle entrar en otros temas, justamente la gratuidad”.

Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, los mandatarios albiazules advirtieron que no encontraron caminos alternos ni propuestas de mejora, pero reiteraron que están en la mejor disposición de sumarse al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos.

“Insistiremos en privilegiar el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente. Cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definirá su adhesión”, puntualizaron.

Por su lado, en su cuenta de Twitter el presidente López Obrador resaltó: “Comimos y tratamos asuntos de interés público con los gobernadores del PAN. Tenemos relaciones de respeto y el deber de trabajar juntos en beneficio de la gente”.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la resolución emitida por la Segunda Sala, relacionada con la supuesta reducción de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondientes a los trabajadores sujetos al régimen de transición, es reiteración de un criterio emitido en el año 2010.

En tanto señaló: “no se trata de un criterio novedoso”.

“Derivado de dicha jurisprudencia, con base en la Ley del Seguro Social anterior y actualmente vigente, la Suprema Corte determinó que aquellos trabajadores que entraron a trabajar antes de 1997 deben decidir el régimen de pensión al cual van a sujetarse, al de la ley de 1973 o bien al de la nueva ley de 1997”, añadió en un comunicado de prensa.

Tras resolver una contradicción entre dos tribunales que mantenían criterios distintos, uno a favor de otorgar 25 salarios mínimos de pensión y otro en 10, indicó, se debía fijar el tope en los 10 salarios mínimos previstos en el artículo 33 de la antigua ley del Seguro Social.

En tanto, los trabajadores tendrán dos opciones:

Si deciden acogerse al régimen de la ley de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

En caso de que el trabajador opte por el régimen de la ley de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore, señaló el alto tribunal.

La determinación generó polémica, sin embargo, la SCJN señaló que dichos criterios no modifican el régimen actual de pensiones.

“De lo anterior se desprende que la Suprema Corte, respetando la decisión tomada por el trabajador al momento de jubilarse, detalló las consecuencias que ya se encontraban contenidas en la ley correspondiente”, expuso en el comunicado.

“Lo anterior, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas que decida tomar e implementar el IMSS en materia de pensiones por jubilación”, acotó.

El ministro en retiro José Ramón Cossío, explicó esta mañana a la periodista Carmen Aristegui que la publicación de la Contradicción de Tesis 327/2019, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, será aplicable sólo a los tribunales federales para resolver asuntos como los expuestos en los litigios con criterios distintos que dio origen al asunto.

Por su parte, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), reiteró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no modificará el actual régimen de pensiones y que se seguirán calculando con 25 salarios mínimos contenido en el régimen de 1997. “Es un criterio para juzgados, en dónde tiene que resolver cuando hay juicios”, abundó.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega, anunció que solicitará la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo, para que explique las consecuencias de haber retirado de sus obligaciones la revisión de los medicamentos que se piensan adquirir de manera urgente a otros países.

 El perredista consideró que haber retirado a la Cofepris de esa supervisión es un error, ya que entre los medicamentos a adquirir de forma urgente están los que necesitan los pacientes con cáncer.

 Ortega dijo que lo anterior es un riesgo innecesario que podría atraer consecuencias graves para el sistema de salud y, sobre todo, para los enfermos.

 El diputado federal consideró que la escasez de medicamentos ha llevado al jefe del Ejecutivo a tomar decisiones apresuradas y mal calculadas que hacen anticipar consecuencias graves, entre ellas la pérdida de vidas.

 “En su imaginaria lucha contra los molinos de viento, el Presidente resolvió anunciar la publicación de un decreto para autorizar la adquisición de medicamentos sin la intervención de una institución clave para la preservación de estándares internacionales, de normas de seguridad y de vigilancia para que se garantice la calidad de estos productos; y con ello, dejan a un lado facultades y obligaciones de la Cofepris”, manifestó.

 Aunado a ello, agregó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido prácticamente mandar a la ociosidad a decenas de empresas farmacéuticas y laboratorios, algunos de ellos mexicanos, que tiene contratados a más de 50 o 70 mil trabajadores, poniendo en riesgo sus empleos y, desde luego, a las propias empresas.

 “Nos parece que el Presidente en momentos de crisis, tiene que actuar con serenidad, prudencia y actitudes juiciosas. No sirven los arranques, los manotazos ni las declaraciones de poder para resolver estos problemas”, aseveró.

 El perredista considero que López Obrador debe dejar a salvo la intervención de la Cofepris, garantizar que aplique su labor de regulación en la compra de productos destinados al Sector Salud, así como de importaciones.

 De lo contrario, aseguró, el Gobierno federal propiciará más conflictos que soluciones.

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.En el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República enlistó 2 mil 38 iniciativas pendientes de dictaminación.

 La senadora Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, agregó que también están pendientes de trámite 474 minutas, 39 nombramientos y 17 instrumentos internacionales.

 La legisladora morenista afirmó que existen condiciones para desahogar los trabajos legislativos, pues en el Senado prevalece el diálogo.

 “Durante los debates el Pleno se ha conducido con respeto a las normas y límites, lo que ha permitido la lógica y la serenidad de todas las fuerzas políticas. Somos una Mesa Directiva que trabaja con base en el diálogo, que promueve la cultura del acuerdo y que conduce los debates con buena fe y apego a la norma”, expresó en un comunicado.

 Destacó que en el periodo de sesiones anterior se aprobaron 86 dictámenes.

 También recordó que se prohibió la condonación de impuestos.

Agencia Reforma

PLAYA DEL CARMEN. Una vez más, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió rifar el avión presidencial y hasta puso a disposición del ganador los aeropuertos de la Fuerza Aérea, pues dijo que su venta es tan difícil que ni el Primer Ministro de Canadá se interesó.

 “Se le averió su avión al Primer Ministro de Canadá, (Justin) Trudeau, y le mandamos a decir que si quería comprar el avión presidencial y no le entró, porque el avión que se le averió es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México”, declaró en un mitin en la Unidad Deportiva de este Municipio, ante cientos de personas que festejaron con risas y aplausos.

 “Como nos ha costado un poco venderlo, deshacernos de él, se va a rifar. No se preocupen a dónde lo van a estacionar, el que se lo saque, ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardar el avión, al que lo obtenga mediante la rifa”.

 Aunque casi dio por hecho la rifa, López Obrador informó que a más tardar la próxima semana se resolverá el problema de cómo deshacerse del avión, comprado en 218 millones de dólares y que él ha querido rematar en 130 millones.

 El Mandatario presentó resultados del programa de mejoramiento urbano y aseguró que el pueblo está feliz con su Gobierno y aprovechó para atacar a sus críticos, a quienes acusó de corruptos.

 “Estamos bien y de buenas. La gente está feliz, feliz, feliz. Los únicos desquiciados son los que estaban saqueando a México. Se acabó el bandidaje oficial, la robadera. Ya no habrá corrupción en México”, dijo, en el mitin bajo una carpa, donde un gran número de asistentes fueron militantes de las Redes Sociales Progresistas, la organización que apoya a Elba Esther Gordillo.