Categoría: Nacional

CIUDAD DE MÉXICO. Las autoridades mexicanas estarían investigando al expresidente Enrique Peña Nieto en el marco de sus indagaciones sobre los casos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados, los cuales involucran a Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex detenido la semana pasada en España después de nueve meses como prófugo, según reportó hoy el Wall Street Journal.

De acuerdo con un “exfuncionario” entrevistado por el diario neoyorquino, “la Fiscalía General de la República (FGR) tiene evidencia que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanzan el más alto nivel”, en referencia al exmandatario; sin embargo, dicha fuente precisó que “la extradición y la (posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, determinarán si el expresidente es imputado en el futuro”.

El artículo señaló que la FGR sigue la pista de los presuntos sobornos que Lozoya cobró a Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA), durante un sexenio “marcado por escándalos de corrupción generalizada”.

“Si Peña Nieto estuviera imputado, sería la primera vez que un presidente mexicano enfrente cargos de corrupción ante la justicia”, resaltó la nota, firmada por los reporteros Juan Montes y José de Córdoba, quienes agregaron enseguida: “En cualquier caso, es poco probable que los cargos se den en el corto plazo, ya que tan solo la extradición de Lozoya podría tardar varios meses”.

Si bien la nota recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que “el presidente no debe ser perseguido” –en referencia a Peña Nieto–, también subrayó que “un caso contra el expresidente impopular, quien dejó su oficina con una tasa de aprobación históricamente baja, podría impulsar la popularidad del propio López Obrador, en un momento en el que la economía de México no crece y los delitos alcanzaron récords”.

En la nota, el WSJ aseveró que “Lozoya es un príncipe en la dinastía política que rodeó el antiguo partido en el poder, el PRI, que gobernó México durante la mayor parte del siglo 20, y que regresó al poder con Peña Nieto en 2012 (…) el padre de Lozoya fue secretario de Energía (en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari) y su abuelo fue gobernador de Chihuahua”.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido en España por presuntos actos de corrupción, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la dependencia.

“Hemos congelado del caso Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en Altos Hornos de México (AHMSA)”, indicó.

En declaraciones a la prensa, el funcionario federal destacó que se han presentado cuatro denuncias en contra de Lozoya Austin, “dos investigaciones (están) pendientes (y) tienen que ver con la adquisición de un Astillero”, en España.

Sobre la extradición del exdirector de Pemex, comentó que es un trámite que realizan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Entiendo que están desarrollando los protocolos, para efecto de poder conseguirla”, dijo.

“Tienen un proceso en España y debe haber un planteamiento por parte del inculpado para efecto de si se allana o no a la solicitud de extradición que haga el Estado mexicano”, añadió.

Tras inaugurar el parlamento abierto sobre la reforma en materia de subcontratación laboral –conocida como outsourcing–, en la Cámara de Diputados, Nieto explicó que trabaja de manera coordinada con la FGR en casos de corrupción relevantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad.

“El presidente lo que me ha dicho es que debemos de actuar, no buscando venganza, sino justicia, y en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva, por muy poderosas que sean, lleguen hasta los tribunales y que los jueces resuelvan lo que tengan que resolver conforme a derecho”, concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO. Para evitar casos como el feminicidio de Fátima Cecilia, autoridades de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron aplicar cinco medidas en escuelas públicas de educación básica, entre ellas que, si los padres tardan más de 20 minutos en recoger a sus hijos, el director podrá llamar a la policía y pedir que éste y el niño sean llevados en una patrulla al Ministerio Público más cercano para su resguardo.

Actualmente, la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México 2018-2019 de la SEP, indica que el menor debe ser llevado a la Agencia 59 del MP, en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención a niños, niñas y adolescentes, ubicada en el edificio central de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Dicha medida también está contemplada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque está sujeta a que los padres, madres de familia o tutores firmen de conocimiento.

Las otras medidas para reforzar el protocolo de entrega de los menores en las escuelas que anunciaron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Autoridad Educativa Federal (AEFCM) en la CDMX, Luis Humberto Fernández, consisten en realizar asambleas y brigadas de Seguridad Escolar, activación inmediata del protocolo de búsqueda cuando un menor desaparezca, habilitación de las fiscalías que reciban a menores cuyos padres tardan en recogerlos y videovigilancia en inmediaciones de escuelas.

La mandataria local argumentó que estas acciones son para “dar certeza a madres y padres de familia sobre la seguridad de las niñas y niños de escuelas públicas.

Activación inmediata de la Alerta Amber

Ante los señalamientos de familiares de Fátima Cecilia de que la Fiscalía no activó la Alerta Amber a tiempo para buscar a la menor de 7 años, las autoridades informaron que la FGJCDMX y la SEP trabajan en la posibilidad de poder activar de inmediato la Alerta Amber directo con la Fiscalía Especializada en la búsqueda, Localización e Investigación de Personas desaparecidas (Fipede), aun si los familiares no presentan primero la denuncia penal por la desaparición.

Fernández Fuentes explicó que la activación inmediata del protocolo de búsqueda se podrá activar a partir de la llamada telefónica del director de escuela o un familiar del menor en cuestión, “sin tener que realizar algún trámite” y ésta se tratará “como de alta prioridad”.

También explicó que se habilitarán las Fiscalías Desconcentradas de la FGJ ubicadas en las 16 alcaldías, para que directivos de los Centros de Atención Infantil (CAI), Jardines de Niños, Escuelas Primarias y Centros de Atención Múltiple (CAM), puedan trasladar a menores en caso de que no hayan ido a recogerlos, luego de exceder el tiempo de tolerancia permitido.

La funcionaria destacó que, de parte del gobierno capitalino se dará “todo el apoyo” que se instalen cámaras de seguridad del programa “Mi C911e” afuera de las escuelas. Dicho programa incluye un botón de auxilio, alerta sonora y luz estroboscópica que, en caso de una emergencia, se podrá activar y, de inmediato, se conecta al C5 para que acuda la policía.

Fernández Fuentes agregó que con estas acciones se refuerza lo establecido en la Guía Operativa antes mencionada.

Respecto a las brigadas voluntarias de seguridad escolar, se instalarán en inmediaciones de todos los planteles de educación básica. También deberán hacerse asambleas de Seguridad Escolar con la participación de autoridades capitalinas y educativas, tutores y padres de familia.

Agencias

TUXTLA GUTIÉRRREZ. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que, de los tres estudiantes normalistas que fueron heridos ayer durante la protesta por los 43 de Ayotzinapa, uno fue intervenido quirúrgicamente y su pronóstico es incierto, mientras que otros dos son atendidos y tienen valoración favorable.

Dos estudiantes fueron ingresados al Sanatorio Rojas, donde uno fue operado y está sedado, y el otro tiene un buen pronóstico de recuperación. Uno más fue llevado a la clínica Corazón de María, en donde está en observación.

El joven reportado con pronóstico incierto tiene un diagnóstico de trauma craneoencefálico grado III, con fractura temporal, hundimiento y edema cerebral, señaló la Comisión.

En un comunicado, la CEDH indicó que, en relación con los hechos del pasado domingo 16, en los que participaron estudiantes de las escuelas normales rurales “Mactumactzá” y “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el visitador general encargado de seguir el caso, Alfredo Ruanova Ortega, hizo un recuento de los acontecimientos:

Detalló que a las 7:00 horas de ayer, aproximadamente 90 personas se concentraron en el crucero del boulevard Vicente Fox y Libramiento Norte, a la altura de la empresa Coca Cola, donde repartían volantes mientras obstruían la vía pública. En tanto, en la Escuela Normal “Mactumactzá” se encontraban madres y padres de familia de la Escuela Normal “Isidro Burgos”.

En el crucero hubo presencia de elementos de seguridad, quienes establecieron un diálogo con los normalistas, quienes colocaron tarimas sobre la vialidad y comentaron que no se moverían por no tener respuesta a sus demandas.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un clima adverso y hostil como nunca antes, aseguró este lunes el consejero presidente, Lorenzo Córdova, por lo que exhortó a sus integrantes a cerrar filas para defender el organismo.

Nunca antes el INE había padecido un clima “tan adverso, tan hostil, como ahora”, por lo que actualmente se viven “momentos muy complicados para la institución”, puntualizó durante la toma de protesta de Sergio Bernal como director ejecutivo de Organización del Instituto.

Añadió: “Lo único que les quiero pedir es que cerremos filas en torno a la defensa de la institución y cerremos filas en torno a la misión histórica de esta institución de cara a lo que viene, a las elecciones del año 21, para que sean, una vez más, como suele ocurrir, las mejores elecciones que hemos organizado”.

Córdova recordó que al concluir las elecciones de 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un amigo le aconsejó que renunciara a la presidencia del INE porque iban a intentar quitarlo.

“¿Para qué te quedas? Te van a querer echar, vienen en contra de arriba, no vale la pena”, dijo que le advirtió su amigo. Sin embargo, decidió permanecer en el cargo para que haya “cancha pareja” en las elecciones de 2021.

Las declaraciones del árbitro electoral se dan a pocos días de que la Cámara de Diputados decidió interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el diferendo que tiene con el INE respecto del manejo del presupuesto que recibe el órgano electoral, cuyos consejeros cobran salarios superiores al del presidente de la República.

Córdova manifestó que con el nombramiento de Sergio Bernal –a quien le tocará participar activamente en las elecciones de 2021–, así como la reciente llegada de María del Refugio García como directora del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), la institución tendrá que ir cerrando filas ante los embates externos.

Insistió enfático: “(El INE) No es de nosotros, de una persona, es de la sociedad. Pero tampoco el INE es de un partido o de una fuerza política, por eso tenemos que cuidar eso”.

Y concluyó con un exhorto a sus funcionarios: “Nosotros tenemos una responsabilidad histórica: tenemos que cuidar la institución”.

Agencias

CAMPECHE. Daniel Gómez Tagle, especialista y consultor internacional en el tema de armas, uso de la fuerza y derechos humanos, afirma que la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza (LNUF), que se estrenó en paralelo con la Guardia Nacional (GN), contiene “casi 200 errores” por lo que resulta “inconstitucional” e “inaplicable”.

Dicha ley consta de 44 artículos, sin embargo, opina, “hay que abrogarla” y “hacer una nueva, completamente” porque de plano “no sirve”.

Esa normatividad, que se expidió en mayo de 2019, dice en su primer artículo que tiene el fin de “regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública”.

Pero, según Gómez Tagle –quien los últimos cuatro años se ha dedicado a investigar las deficiencias legales en materia de uso de la fuerza y derechos humanos, enfocando su trabajo en la elaboración de mecanismos de control–, esa ley, tal como se redactó, impide establecer con base en ella cualquier protocolo de operación, de modo que no cumple sus objetivos.

Prueba de ello, dice, es que en el choque que tuvo con migrantes centroamericanos en enero pasado, “sin actuar, sólo por haberse presentado ahí con el equipamiento que portaba”, la Guardia Nacional violó ocho artículos de la LNUF.

El especialista ha sido asesor para la adquisición de dispositivos de fuerza epiletal de policías de los tres niveles de gobierno, Policía Federal, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar). Fue asesor del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), además de analista en foros en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y China.

Los tres modelos

En entrevista con la corresponsal señala que el meollo está en que la cuestionada ley se engendró con base en tres modelos de uso de la fuerza, incompatibles entre sí. Además, dice, se estrellan contra el marco jurídico y de control de convencionalidad mexicanos.

Desgrana: “El principal problema es que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza está escrita a partir de tres modelos. Se partió del modelo americano y se le integraron otros dos modelos y resultó un híbrido incompatible. El primero es el modelo del uso de la fuerza de Estados Unidos; el segundo es el Ontario, de Canadá”, explica.

El tercero “es el modelo ‘Gómez Tagle’, el mío, un modelo del uso de la fuerza que yo diseñé”. Este, dice, es el único de los tres basado en el marco legal mexicano.

MADRID. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, seguirá en prisión provisional su proceso de extradición a México por el “fundado riesgo de fuga”. Así lo señalala resolución que dictó este mediodía el magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El magistrado explica que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –equiparable al de blanqueo de capitales en España—supone una pena máxima de 15 años.

Durante la comparecencia que se celebró por videoconferencia desde un juzgado de Marbella, el juez Moreno preguntó expresamente a Emilio Lozoya, quien respondió al magistrado no aceptar la extradición.

Este, que es un procedimiento habitual –puede aceptar una extradición inmediata o no— abre la puerta a que se realice un largo proceso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En ese caso la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana presentará por vía diplomática, en un plazo de 45 días –computados desde el 12 de febrero— toda la motivación, argumentación y pruebas que soportan el caso que le sigue al extitular de Pemex en México.

En el auto, el magistrado considera que existe “fundado riesgo de fuga en caso de que el reclamado sea puesto en libertad”. Destaca que en el momento de su detención Lozoya iba en un taxi con una licencia de conducir mexicana con su fotografía pero a nombre de otra persona, Jonathan Solís Fuentes, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”.

También tuvo en cuenta que Lozoya Austin no tiene arraigo laboral ni de domicilio en España. Llegó a España “hace solo dos días, según ha manifestado él mismo”, por lo que el magistrado acordó la medida de prisión provisional incondicional y comunicada”.

El exdirector de Pemex y durante un tiempo miembro del círculo cerrado del entonces presidente Enrique Peña Nieto, fue detenido este miércoles 12 a las 14:15 en Málaga por agentes del Grupo de Delincuencia Internacional de Policía Nacional. Es reclamado por las autoridades judiciales mexicanas, en virtud de la Orden de Detención Internacional (expediente 2019/58029) emitida el 27 de mayo de 2019.

El auto del juez Moreno destaca un párrafo de la orden internacional de captura. Esta señala que Lozoya “adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional (México), con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio de los imputados Alonso Ancira Elizondo y Gilda Susana Lozoya Austin. Crearon un elaborado esquema destinado a operar recursos de procedencia ilícita dentro del Sistema Financiero Nacional” para ocultar el origen, destino y beneficiario final de los mismos.

Todo ello en virtud de posibles actos de corrupción vinculados con el ofrecimiento de contratos ilícitos a su favor por parte de Petróleos Mexicanos y “causando grave perjuicio al Estado mexicano”.

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las acusaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), -detenido ayer en Málaga, España-, están basadas en pruebas, por lo que confió en el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y en que se concrete su extradición a México.

“Ya informó el fiscal general (Alejandro Gertz) el día de ayer con amplitud sobre este tema y yo, pues solo me sumo a lo que él expresó. Es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España”, dijo.

En su conferencia matutina, recordó que las investigaciones contra Lozoya están relacionadas con el caso Odebrecht y la compra de unas plantas fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Todas las investigaciones están en curso, no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo”, dijo.

Luego, consideró que la FGR “está haciendo su trabajo muy bien” y que no tiene consigna del gobierno federal.

El tabasqueño consideró que “no se debe de dar tregua a la corrupción (…) Nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo. No vamos a ceder en nada, cero corrupción, cero impunidad”, refrendó.

Con la FGR, no hay consigna

Ante la pregunta de si cree que se logre la extradición de Emilio Lozoya a México, contestó:

“Yo pienso que sí. La Fiscalía está haciendo su trabajo muy bien. Les recuerdo que se trata de una institución autónoma. No hay consigna especifica. Si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad.

“Ahora sí podemos hablar de un Estado de Derecho, no hay protección para nadie, se castiga por parejo a todos los que cometen un delito y lo hacen las autoridades correspondientes en el marco de la legalidad. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía en este caso”.

El ejecutivo recordó su consigna de que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes.

“La corrupción es lo que ha destruido la posibilidad del progreso con justicia en el país, la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social del país.  Por la corrupción hay pobreza, inseguridad, se desató la violencia, todo esto que estamos padeciendo”, subrayó.

Agencias

MADRID. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España detuvo este miércoles al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin en un complejo de lujo en la ciudad andaluza de Málaga.

El funcionario federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto es reclamado por la justicia mexicana por los presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.

Este jueves, Lozoya será puesto a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ismael Moreno, donde se fijará su situación jurídica para enfrentar la petición de detención con fines de extradición que México solicitó en mayo de 2019.

“Detenido en las inmediaciones de una urbanización de #Málaga un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación ente la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional. Había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público”, posteó por la tarde la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

Lozoya es uno de los miembros de más alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser detenidos –además de la exsecretaria Rosario Robles—, luego de permanecer nueve meses prófugo, pues un juez liberó las órdenes de aprehensión que había solicitado la Fiscalía General de la República.

El extitular de Pemex también enfrenta acusaciones por la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados, que supuso un desfalco de gran calado para la nación.

A través de su defensa, que lleva el abogado Javier Coello Trejo, el exdirector de Pemex llegó a señalar al expresidente Enrique Peña Nieto de estar informado de la adquisición de la planta chatarra propiedad de AHMSA y por la que se pagó un precio millonario.

La Fiscalía General de la República de México confirmó por medio de Twitter la detención del ex funcionario.

“Efectivamente después de un largo peregrinar con la orden de aprehensión y con Interpol y en este caso de la policía nacional, logramos la detención”, detalló el fiscal general de México, Alejandro Gertz, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva.

El Grupo de Localización de Fugitivos, una unidad élite de la Policía Nacional, logró ubicar a Lozoya en una urbanización de lujo de la Costa del Sol.

Citando fuentes policiales españolas, el diario El País señala que el exdirector de Pemex prácticamente no salía de la vivienda donde vivía.

A partir de la puesta a disposición de Lozoya, el juez de instrucción determinará el futuro del detenido, la Fiscalía General de México podrá iniciar, a través de los canales diplomáticos, el proceso para solicitar su extradición presentando las pruebas de su propia investigación que justifiquen la reclamación del acusado.

Tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht declararon que Lozoya había recibido 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 a cambio de recibir contratos de la petrolera mexicana, sin embargo, el caso no avanzó en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La FGR obtuvo el 4 de julio de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht contra Lozoya, su esposa Marielle Eckes, su madre Gilda Austin (posteriormente detenida en Alemania), su hermana Gilda Lozoya y la empresaria Nelly Aguilera, que les involucran en los manejos del primero en Pemex.

Debido a que Lozoya fue considerado prófugo de la justicia al abandonar el país, fue que México solicitó la ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).

En aquel momento, el comunicado de la FGR recordaba que la investigación se había iniciado en enero de 2017 por la entonces procuraduría general de la república, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, durante dos años el caso no fue judicializado, esto es durante la gestión del procurador Raúl Cervantes Andrade y del encargado del despacho Arturo Elías Beltrán, “en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.

Asimismo, el 28 de mayo, la Fiscalía mexicana también obtuvo una orden de aprehensión contra Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, detenido en España por el caso de la compra-venta de Pemex de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio de más de 100 millones de dólares.