IRZA
Chilpancingo, Gro.- (IRZA).- En Matlalapa, en el municipio de Tixtla, se reforzó la oposición a la operación del basurero donde el alcalde Gustavo Alarcón Herrera, pretende tirar los desechos de la capital. Al lugar donde instalaron las celdas, además de representantes de este pueblo, en su apoyo llegó la alcaldesa de Zumpango, Sara Salinas Bravo, así como comuneros de ese municipio vecino, quienes manifestaron que el basurero no cuenta con los permisos de las autoridades ambientales federales y que sólo provocará una severa contaminación.
El conflicto por este relleno sanitario se intensificó debido a la oposición de vecinos de ese lugar y comuneros de Zumpango del Río, porque acusan riesgos ambientales, engaños en la socialización del proyecto y ahora señalan un posible desvío de recursos públicos destinados para la obra.
Ese relleno sanitario fue concebido como solución a la crisis por la saturación del basurero a cielo abierto en el cerro del Huiteco, en Chilpancingo, que ya no puede contener las más de 400 toneladas de residuos sólidos que genera diariamente esta ciudad capital.
Sin embargo, al malestar social por la cercanía del proyecto a manantiales que abastecen de agua a varias comunidades -a menos de 200 metros de distancia, según los inconformes- se suma la denuncia de que el proyecto carece de estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y a una consulta previa, además de que inicialmente se informó a los pobladores que se construiría una planta de reciclaje o un centro de esparcimiento.
Ahora, los comuneros han señalado que, durante la administración de la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, se destinaron 12 millones de pesos para la construcción del relleno sanitario en Matlalapa, a través del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur).
Y aseguran que esos recursos no se invirtieron con transparencia y que no hay evidencia clara del destino de los fondos, ni del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la localización, diseño, construcción, operación y monitoreo de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semaren), Ángel Almazán Juárez, ha declarado que el relleno comenzaría a operar a mediados de julio próximo, y que cuenta con los permisos de los municipios de Tixtla y Chilpancingo. Sin embargo, los opositores argumentan que dichas autorizaciones se otorgaron sin consultar a las comunidades y sin cumplir la normativa ambiental vigente.
En respuesta, los comuneros han detenido camiones de basura que ingresaron sin autorización al sitio y han advertido que cerrarán el acceso al predio si las autoridades no presentan los estudios y permisos correspondientes. También exigen que se investigue el destino de los 12 millones de pesos y se transparente todo el proceso.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha aceptado revisar el caso tras recibir denuncias formales por posibles afectaciones al medio ambiente. Se espera que esta revisión determine si el proyecto puede continuar o si debe ser cancelado por incumplimientos legales.
Hasta ahora, no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades estatales reiteran su disposición al diálogo y aseguran que continuarán las mesas de trabajo. No obstante, la tensión persiste en la región.
Este conflicto evidencia la urgencia de una gestión ambiental con transparencia, legalidad y participación comunitaria, sobre todo en proyectos que impactan directamente a las comunidades y su entorno.
