Categoría: Estatal

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CHILPANCINGO. A seis meses de la desaparición forzada del alcalde electo de Cochoapa, Daniel Esteban González y su chofer, Juventino García Rojas, dirigentes del PRD criticaron la “ineptitud” de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar resultados y exigieron que se investigue por esos hechos al diputado federal de la Montaña por Morena, Javier Manzano Salazar.

Mario Ruiz Valencia secretario del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, recordó este sábado en sus redes sociales que se cumplieron 6 meses de la “desaparición de nuestros amigos y compañeros Daniel Esteban González, presidente Municipal de Cochoapa el Grande y Juventino García Rojas”.

Señaló que han transcurrido ya 180 días “en que la familia y los amigos hemos vivido en la incertidumbre por no saber de su paradero, por no saber qué paso ese domingo 2 de septiembre, fecha en que perdimos todo contacto con ellos”, cuando estaban en Tlapa a donde habían acudido a un festejo al que los invitó precisamente el legislador Manzano Salazar.

El dirigente perredista afirmó que “el delito de Daniel Esteban González fue trabajar por su pueblo, un hombre producto del esfuerzo, que como miles de mexicanos alguna vez cruzó la frontera norte y llego a Estados Unidos a trabajar para lograr mejores condiciones de vida”.

Relató que a su regreso de Estados Unidos estaba “preocupado por su gente e incursionó en la política, siempre con la visión de servirle a su pueblo, que vio en él la oportunidad de salir adelante, fue presidente municipal, diputado local, y en el pasado proceso electoral el pueblo lo eligió nuevamente como su presidente, y seguro estaba Daniel, que está segunda vez lograría de la mano de sus amigos y compañeros de equipo, de partido y de su experiencia mejores cosas para su querido Cochoapa”.

Mario Ruiz Valencia cuestionó que las autoridades encargadas de procurar la justicia, “han hecho caso omiso, sólo han demostrado ineptitud, desinterés e incluso han informado a la familia que no saben ni tienen la menor idea de qué sucedió”.

E hizo un “un llamado enérgico, para que al menos investiguen a las personas que el día de su desaparición estuvieron con él, empezando con el diputado federal Javier Manzano Salazar; por 2 motivos, primero porque fue quien lo convocó al restaurante donde se reunieron y, segundo, por que el diputado en mención tiene una deuda económica con Daniel”.

A seis meses de la desaparición de Daniel y su chofer, este es el primer señalamiento público contra Javier Manzano Salazar, ex alcalde de Alcozauca, ex perredista y ahora militante de Morena.

Inicia la CETEG “jornada de lucha” para exigir
presupuesto para pagar a 5 mil 743 docentes

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CHILPANCINGO. La dirigencia estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) anunció que la entidad se suma a una “jornada de lucha” nacional que encabezarán diversos estados para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador la abrogación definitiva de la Reforma Educativa y la incorporación al Fondo para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE) de 5 mil 743 trabajadores.

El dirigente de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, advirtió que a partir de este viernes el magisterio de Guerrero inicia acciones de protesta en las siete regiones y la zona de la Sierra para exigir que se apruebe un respaldo financiero de  mil 200 millones de pesos anuales para cubrir esos pagos.

En conferencia de prensa realizada en la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), hizo un llamado a los 60 mil trabajadores de la educación en el estado para que apoyen a sus compañeros que se encuentran en estas condiciones, que no están en el FONE.

Explicó que hace unos días el gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que no se pagará la primera quincena de marzo a los trabajadores por falta de recursos, “y eso se traduce en que se deja en indefensión a los compañeros“.

Acompañado de los integrantes de la comisión política Fredy Gutiérrez Mayo, Anastasio Benítez Leyva, entre otros líderes, aseguró que hay maestros  que desconocen que su plaza docente no está reconocida y se dan cuenta hasta que hacen algún trámite administrativo como créditos o de servicios de salud ante el ISSSTE, “y es ahí cuando les dicen que su plaza no está reconocida y que su trámite no procede”.

El dirigente disidente llamó al gobierno del estado a que no se violente “el sustento de las familias de los trabajadores en esta situación” y lo emplazó a buscar una solución económica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

*Esto, según el abogado Vidulfo Rosales Sierra

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CHILPANCINGO. Policías del Estado, ministeriales y del municipio de Tepecoacuilco estarían involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014, reveló este jueves el abogado de los padres de esos muchachos, Vidulfo Rosales Sierra.

El abogado reveló en la cabina de “XEUAG Radio Universidad” que en las últimas investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas “surgieron responsabilidades y están identificados policías del municipio de Tepecuacuilco, policías del Estado y policías Ministeriales”, que habrían participado en la desaparición de los 43.

El jurista no dio mayores detalles sobre la identidad de los policías que estarían involucrados en las desapariciones, con el argumento de que no se debe afectar el debido proceso.

En un par de estaciones radiofónicas, Rosales Sierra estuvo acompañando a padres de los 43 estudiantes desaparecidos, para dar a conocer los avances de los trabajos de la Comisión por la Verdad y la Justicia que, al iniciar su mandato en diciembre pasado, creó por decreto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los padres, el abogado y normalistas de Ayotzinapa llegaron a esta capital a bordo de un autobús y unos se dirigieron a las instalaciones de “XEUAG-Radio Universidad”, donde estuvieron unos minutos, y otro contingente se dirigió a ABC-Radio (andador Zapata) para dar a conocer los avances de la investigación.

El abogado dijo que en la última reunión que sostuvieron con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, los padres de esos muchachos le pidieron mayor celeridad en los trabajos de investigación.

Rosales Sierra señaló que en esa reunión ordinaria de la Comisión “hicieron un fuerte reclamo al nuevo gobierno, que le dijeron al subsecretario Alejandro Encinas que no sólo querían estar en reuniones, que le pedían avances de las investigaciones de este caso. Lo que nos explicaron es que el gobierno se está reestructurando, se están moviendo las piezas en la Fiscalía General de la República (FGR)”.

El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, informó que para este sábado por la mañana han convocado a la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP) para discutir las jornadas de lucha que seguirán en los próximos meses.

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CHILPANCINGO. La Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) contempla que con una inversión de 200 millones de pesos a cargo de los gobiernos federal y del estado, pueda demolerse y construirse el edificio del ex Ineban, en los próximos tres años.

El dirigente de la delegación D III (16) 02 de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Jorge García Cisneros, informó que el secretario de Educación en el estado, Arturo Salgado Urióstegui, se comprometió a que del 6 al 10 de marzo se inicien los trabajos de demolición del viejo edificio ubicado sobre la avenida Rufo Figueroa.

Mencionó que los integrantes de la delegación disidente que se han mantenido en plantón durante más de dos años en exigencia de esta construcción, se reunieron con el titular de la SEG el miércoles por la tarde y hay el compromiso de que se iniciarán los trabajos.

Comentó que en el encuentro el funcionario les aseguró que deberá ser una inversión entre el gobierno federal y estatal y habrán de destinarse alrededor de 200 millones de pesos para que pueda construirse antes de concluir la administración que encabeza Héctor Astudillo Flores.

Recordó que existe un dictamen de Protección Civil que recomienda el reforzamiento de la estructura en el edificio principal del inmueble, que fue construido hace alrededor de 40 años.

-El titular de la dependencia advierte un serio problema si la federación no atiende el caso

CHILPANCINGO. El secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui advirtió que el Gobierno estatal agotó “sus reservas financieras” y no podrá pagar la primera quincena de marzo a los 5 mil 743 trabajadores que se encuentran fuera del Fondo para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (Fone).

En una entrevista radiofónica realizada este miércoles, el funcionario estatal manifestó su preocupación porque dijo que en Guerrero pudiera activarse un conflicto magisterial como el de Michoacán, por la falta oportuna de pago a los trabajadores de la educación. 

Informó que a partir de enero a la fecha, el Gobierno estatal ha aportado 200 millones de pesos que se han requerido para el pago de esos maestros que están fuera de Fone, sin embargo, ahora está agotado el presupuesto para seguir cumpliendo. 

Señaló que para el pago de estos trabajadores fuera de Fone, anualmente se requieren mil 200 millones de pesos, recursos que de manera extraordinaria el Gobierno federal les aportaba.

Dijo que partir de enero de este año, la federación lo dejó de ministrar al estado ese recurso y tampoco les han informado si se han cambiado las reglas de operación ni han dado una respuesta.

Mencionó que los trabajadores fuera del Fone se concentran principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Costa Grande. 

El titular de la SEG recordó que cuando inició el Gobierno de Héctor Astudillo Flores recibió 9 mil trabajadores fuera de Fone, número que han disminuido a 5 mil 743 empleados, por lo que han solicitado a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que les ayuden con este problema.

El funcionario hizo un llamado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que “voltee los ojos a Guerrero para evitar conflictos en el sector magisterial” y se eviten las protestas, movilizaciones y bloqueos carreteros que ha anunciado la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Destacó que el Gobierno estatal está en serios aprietos al no poder cumplir con la obligación de pagarles a los maestros.

Mencionó que con el apoyo del gobernador sería la última quincena que podrían pagar a esos trabajadores, “pero ya no hay recursos, no hay recursos para la próxima quincena”. 

Advirtió que se viene un problema “muy fuerte porque los maestros van a exigir el pago de sus salarios y no tenemos recursos

CHILPANCINGO. Por separado, padres de familia y docentes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), de la región de La Montaña, protestaron con el bloqueo de un carril del bulevar Vicente Guerrero y tomaron la sede de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), para exigir el envío y pago de maestros.

Alrededor de las 11:00 horas unos 30 manifestantes colocaron piedras y cerraron el carril norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, a la altura de las oficinas alternas de la SEG, en Rancho Los Cedros, en exigencia del envío de 70 docentes a la zona de la Montaña baja (Chilapa).

Aseguraron que desde hace varios años han exigido el envío de docentes para al menos 28 escuelas, en donde han estado desatendidos alrededor de 500 alumnos.

Hasta las 13:50 horas liberaron el paso que mantenían bloqueado a la altura de la lateral del bulevar, después de que una comisión fuera atendida por funcionarios de la SEG.

Por su parte, un grupo de maestros también de la CETEG y padres de familia también protestaron en la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la SEG, y demandaron el pago a 18 maestros y la asignación de unos 15 trabajadores administrativos del nivel de secundaria que se requieren de manera urgente en seis escuelas

Unos 50 manifestantes indígenas se instalaron en protesta afuera de las oficinas conocidas como “Casa Blanca”, mientras una comisión estaba en una mesa de trabajo con el subsecretario de Finanzas de la SEG, Jaime Ramírez Solís, en las oficinas ejecutivas ubicada en Rancho Los Cedros, a un costado del bulevar.

Los manifestantes exigen el pago de 300 horas a docentes y la asignación de personal administrativo en escuelas de las comunidades de Juanacatlán, San Juan Huexoapa, Barranca Pobre y Xochihuehuetlán, de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande.

Asimismo reclaman pagos por el trabajo devengado durante un año en escuelas pertenecientes a la zona escolar 022 de la Montaña Alta, además de prórrogas de nombramientos y la aceptación de licencias.

Gerónimo García, uno de los padres de familia, comentó que en reiteradas ocasiones han acudido por la vía pacífica con autoridades de la SEG para buscar una solución al problema, sin embargo, hasta este miércoles y después de movilizarse los atendieron con la reunión de trabajo.

SAN MARCOS. Decenas de comerciantes semi fijos ubicados en el primer cuadro de esta cabecera municipal dijeron “en su cara” al alcalde de aquí, Tomás Hernández Palma: “no nos moveremos porque el comercio es la manera de ganarnos la vida”.

Este día los comerciantes sostuvieron una reunión en la que el alcalde les dijo que no tiene la intención de desalojarlos pero que atiendan su llamado para retirarse de los espacios que habitualmente ocupan cada vez que el Ayuntamiento lleva a cabo una actividad en el zócalo.

Hernández Palma les adelantó que pronto estará terminado el nuevo mercado municipal y los invitó a que cuando ese centro de abastos comience a funcionar sí atiendan su llamado para que se retiren del zócalo y se ubiquen en esas nuevas instalaciones de comercio.

“Palma, nosotros estamos en sol caliente por necesidad, no porque queremos estar en las banquetas o en el mismo parque, lo que vendemos no nos alcanza para pagar la renta de un local, nosotros estamos dispuestos a quitarnos cada vez que se tengan que hacer eventos, ayudarles a limpiar, a cuidar, pero no nos pidas que ya no vendamos porque nos mandas a robar, nosotros vendemos porque es la manera que tenemos para ganarnos la tortilla de manera honrada”, dijeron en la reunión.

La comerciante Matilde “N” señalo que aceptan moverse cada que haya actividades del gobierno municipal para no obstaculizar trabajos de remodelación en la zona, pero que los espacios que ocupan son su fuente de empleo para ganarse la vida de manera honrada y no pueden dejar dicha actividad.

 “Agradezco su disposición y acompañamiento que tienen para esta administración, yo sólo les voy decir, vámonos al mercado nuevo cuando estén las condiciones adecuadas, hoy les agradezco que me acompañen y me ayuden a mantener limpio este primer cuadro y cuenten con todo el respaldo de esta administración para la conformación de su comité que les permita ver por el bienestar de los comerciantes”, dijo Hernández Palma.

CHILPANCINGO. Sindicalistas y defensores de los derechos humanos exigen a los tres niveles de gobierno un alto a los feminicidios, a la violencia contra las mujeres y porque se mantenga la asignación de recursos públicos para refugios que atienden a mujeres que han vivido situación de violencia.

El pronunciamiento lo hicieron desde el sindicato Académico de la UAGro (STAUAGro, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Mujeres Guerrerense por la Democracia, Aliadas por la Justicia, Desarrollo Humano Internacional, Mujeres Có-Incidiendo con Mujeres, Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, Observatorio de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero y la Organización Feminista Caminando Juntas.

La secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Estela Catalán García, dio lectura a un documento en donde indica que de acuerdo a las cifras oficiales Guerrero ocupa el primer lugar, en México, en casos en los que se presume feminicidio.

Lamentó que en Guerrero a pesar de ser el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en noviembre del 2018, “es donde menos se acredita este delito”, pues abundó que al 31 de diciembre del año pasado sólo se tipificaron 31 posibles feminicidios, de 229 homicidios dolosos contra mujeres.

Con esos datos del gobierno federal, explicó que en Guerrero se registran mil 327 mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas y que hay 4 mil 185 denuncias telefónicas relacionadas con incidentes de violencia hacia las mujeres.

Agregó que en 2018 la Fiscalía General del Estado (FGE) documentó 113 personas desparecidas, de las cuales 34 son mujeres y que son casos que en su mayoría se han presentado en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa.

Subrayó que a pesar de que en junio del 2017 se declaró la Alerta de Género en los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec, Tlapa, Zihuatanejo y que después se extendió a Chilapa, poco o nada ha servido para detener la ola de violencia contra las mujeres y menos los feminicidios.

Estela Catalán puntualizó que la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres documentó que en el 2018 se registraron 233 casos de feminicidios y que en los dos primeros meses de este año tienen el registro de 27 feminicidios en nuestra entidad: “existe en Guerrero la preocupación permanente por la integridad, la seguridad y la vida de todas”.

Además exigieron  a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de la UAGro, “establezcan mecanismos y protocolos para la integridad, seguridad y vida de las mujeres; nos solidarizamos con las familias de mujeres víctimas de violencia en su exigencia de justicia”.

Anunciaron su adhesión a la campaña de la ONU-Mujeres “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas” que ha fijado el día 25 de cada mes como un día para actuar a favor de generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

Manifestaron su solidaridad con la exigencia de asignación de recursos para organizaciones civiles y colectivos que defienden los derechos de las mujeres y para los refugios que atienden esta problemática generalizada en el país.

Esto, en respuesta a las instrucciones (22 de febrero) del presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender subsidios  del gobierno a los refugios para mujeres que sufren de violencia, aun cuando el mismo mandatario rectificó el 26 de este mismo mes cuando declaró que tales apoyos se mantienen.

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CHILPANCINGO. Un reducido grupo de estudiantes, sindicalizados, maestros disidentes y activistas sociales, bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, frente al monumento a Las Banderas, en esta capital, para exigir justicia y el esclarecimiento por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en hechos ocurridos hace 53 meses, el 26 de septiembre del 2014.

Este martes a las 11 de la mañana, unas 50 personas bloquearon la vialidad de esta avenida Lázaro Cárdenas en el sentido sur-norte, es decir, hacia el centro de esta capital.

Asistieron representantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro (STAUAGro), normalistas de Ayotzinapa y activistas sociales.

Esta protesta la realizaron en el marco de la 53 acción global en la búsqueda de verdad y justicia por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre del 2014 en Iguala.

Mencionaron que a pesar de que el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador ya conformó una Comisión por la Verdad y la Justicia, no desistirán en sus movilizaciones hasta saber el paradero de esos muchachos y que se castigue a los responsables.

Los dirigentes de los colectivos que participaron, aseveraron en el acto que duró menos de una hora, que estarán al pendiente de las investigaciones de la Comisión que se ha conformado para resolver la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.

Hicieron un llamado a las organizaciones sociales que se han solidarizado con los padres de los normalistas desaparecidos “a no cesar en la exigencia de justicia, tampoco en confiarnos que el tema se va a resolver, queremos hechos concretos que perfilen que se va a hacer justicia y se va a castigar a los responsables de esa desaparición forzada”.

Aseveraron en esta protesta que se realizará cada mes en el antimonumento a los 43 que se ha colocado en este lugar al sur de la capital.

-Exigirán el pago de salarios para 5 mil 700 trabajadores de la educación que están fuera del Fone

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CHILPANCINGO. La Dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), advirtió que reactivarán las protestas para exigir la incorporación de 5 mil 700 trabajadores que están fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

Lo anterior es debido a que el Gobierno federal no destinó los recursos mensuales al Gobierno de Guerrero por un monto de 200 millones de pesos para el pago de los trabajadores que están fuera del  Fone y en esta segunda quincena de febrero están en riesgo de no.

Por esa razón la disidencia magisterial adelantó que este viernes saldrán a marchar para manifestar su inconformidad.

La Dirigencia de la CETEG dejó en claro que no descartan acciones como lo hizo el magisterio disidente de Michoacán para que la federación liberara recursos para el pago de maestros no reconocidos.

El dirigente de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero consideró como “algo imperdonable de las autoridades atentar contra el sustento de las familias de los trabajadores”.

Aceptó que desde noviembre les habían advertido que en el primer trimestre de este 2019, la federación dejaría de mandar los 200 millones de pesos mensuales que se requieren para sostener a los 5 mil 700 trabajadores que están fuera de Fone.

“Esta anomalía se generó en el estado, por administraciones pasadas y la actual; hicieron lo que quisieron con la nómina magisterial y ahora ahí están las consecuencias”, dijo.

Ramírez Perulero mencionó que de esas 5 mil 700 plazas fuera de Fone, no tiene una estimación de cuántas son del magisterio disidente, “pero nosotros vamos a luchar por esos 5 mil 700 compañeros, hacemos nuestra función para todos y por eso estamos llamando a movilizarnos este viernes por la mañana”.

El dirigente disidente advirtió que esas jornadas de protesta que se vienen son indefinidas, “hasta que esto se normalice e, inclusive, se debe normalizar su situación laboral. Esos compañeros no pueden ejercer sus derechos como trabajadores, están en la indefensión, están como si fueran peones porque no tienen derecho a ejercer ninguno de sus derechos y eso es sumamente grave”.

Arcángel Ramírez Perulero no descartó protestas radicales, “vamos a llegar hasta donde la base decida, siempre hemos consultado nuestro plan de acción y se deciden las acciones, pero de antemano decimos que lo que sea necesario con tal de resolver esta grave situación”.
El dirigente de la CETEG hizo un llamado para que atiendan este problema al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores, ” respetuoso, porque no es culpa de los trabajadores que estén fuera de Fone, no le apostamos a ningún conflicto, pero estaremos ejerciendo nuestro derecho a luchar y a protestar”.