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IRZA
CHILPANCINGO. Además de los 90 días íntegros de aguinaldo, la administración del Congreso local concedió a los trabajadores sindicalizados siete bonos económicos adicionales al sueldo base y hasta útiles escolares para sus hijos.

Con base a un reporte interno del Pliego Petitorio 2019, al cual Agencia de Noticias IRZA tuvo acceso, se establece que el incremento al sueldo base es lo único que detiene la solución al conflicto laboral.

Mientras la Sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), que dirigente Lenin Hernández Mena, exige el 13 por ciento de aumento salarial, el Poder Legislativo mantiene su oferta de hasta un 5 por ciento.

El ofrecimiento fue abiertamente rechazado por la base trabajadora, por lo que a partir del lunes 20 de mayo iniciaron un paro laboral indefinido e instalaron un plantón permanente en las inmediaciones de la sede del Congreso.

Como parte de su lucha laboral, Hernández Mena anunció que a partir de esta semana radicalizarán su protesta para exigir que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, les autorice el 13 por ciento.

Pero de acuerdo con fuentes consultadas, la negociación entre el SUSPEG y la administración del Poder Legislativo -que inició hace dos semanas- tiene un 70 por ciento de avance, en la que los trabajadores obtuvieron casi un 7 por ciento de aumento en prestaciones para este año.

El documento indica que el Congreso ya concedió hasta siete bonos: por el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Secretaria, Día del Servidor Público, bono por puntualidad y otros a Trabajadores con Discapacidad Apoyo para defunciones.

También les autorizaron útiles escolares para sus hijos que cursen educación básica. La entrega de uniformes sólo para sindicalizados y equipo de seguridad y de mantenimiento.

Como parte de la misma negociación, en este 2019 se mantendrán íntegros los 90 días de aguinaldo para los 165 sindicalizados, y al igual que en otros años seguirán teniendo acceso a préstamos personales, seguro de vida, campañas médicas, cursos de capacitación e incluso recategorizaciones, además de que se analizará la entrega de nuevas plazas con base a la disponibilidad presupuestal.

De acuerdo con el mismo reporte interno, el sindicato consiguió también becas para los hijos o hijas de trabajadores que cursen educación básica, media superior y superior, e incluso el pago por servicio de guardería.

En entrevista telefónica, el presidente de la Jucopo, Antonio Helguera, confirmó que la negociación del Pliego Petitorio 2019 que presentó la Sección 55 del SUSPEG, tiene un 70 por ciento de avance, con un monto del 6.6 por ciento de incremento en prestaciones.

Y reiteró la oferta del 5 por ciento de aumento al sueldo base, lo que haría un total, dijo, del 11.6 por ciento, casi el 13 por ciento que demanda la base sindical.

Sin precisar un porcentaje, el legislador no descartó que pueda flexibilizarse un incremento al salario base, lo cual está sujeto a la negociación que en estos días pueda registrarse con los líderes de la Sección 55.

Pero en caso de que la administración del Congreso local ceda el 13 por ciento de incremento al salario base, los 165 trabajadores sindicalizados obtendrían hasta un 19.6 por ciento global de aumento en este 2019, pese a que el índice inflacionario es del 4 por ciento.

Como referencia, cabe mencionar que los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Metropolitana (UAM), obtuvieron un 3 por ciento de aumento al sueldo base en este año, mientras que los de la Comisión Federal de Electricidad y de Teléfonos de México (Telmex), fue del 4 por ciento.

CHILPANCINGO. En el Congreso local ni siquiera se está analizando a los trabajadores sindicalizados, quienes desde el lunes 20 de mayo instalaron un campamento en las inmediaciones a la sede del Congreso para exigir el 13 por ciento de aumento al sueldo base.

Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, quien sostuvo que decidir el desalojo sería actuar en contra de su propia “vocación” y de la línea que les ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recordó que López Obrador siempre los convocó a manifestarse pacíficamente, y que por ello “nunca vamos a reprimir a nadie porque nosotros no somos un Poder que tenga una fuerza pública a su disposición, y aunque lo tuviéramos, jamás la utilizaríamos”.

Celebró que los trabajadores hayan acudido el miércoles a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a pedir la intervención de su presidente, Ramón Navarrete Magdaleno.

De acuerdo con Helguera, eso permitirá que el órgano autónomo “vea el grado de competencia que tiene el caso”, e informó también que desde el miércoles mantiene reuniones con David Martínez Mastache, secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), con el ánimo de resolver este conflicto laboral.

Agregó que este mismo jueves por la tarde sostendría una reunión con los diputados de la Jucopo para “definir criterios”, sin embargo, insistió en que la administración seguirá ofreciendo el 5 por ciento de aumento al sueldo base.

Admitió que todos los asuntos “llevan alguna cuestión política”, pero confió en que ella fracción del PRI no esté detrás del paro laboral de los trabajadores, e indicó que “en el Congreso siempre recibimos agresiones de fuera y lamentamos que también los de casa”.

“Nosotros estamos en la sintonía de negociar (el incremento salarial), para que pueda estar acorde con lo que tuvimos de presupuesto. No tuvimos un incremento de 4.3 por ciento, y no podemos dar más porque es desproporcional”.

CHILPANCINGO. El Congreso local iniciará una revisión personalizada al estatus laboral de los 135 trabajadores que desde el lunes 20 de mayo suspendieron labores para exigir el 13 por ciento de aumento al sueldo base.

De acuerdo con la diputada Verónica Muñoz Parra, presidenta de la Mesa Directiva, en este análisis se revisará la antigüedad, el perfil y sus funciones en el Poder Legislativo, para determinar el incremento salarial.

Entrevistada en la residencia oficial Casa Guerrero, después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó el festejo por el Día del Estudiante, la legisladora priista se pronunció porque a los trabajadores se les atienda.

Informó que los siete integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunieron el miércoles para revisar la protesta, y acordaron instalar una mesa de trabajo para lograr acuerdos, “no como ellos quisieran, pero sí favorables”.

También dijo que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramón Navarrete Magdaleno, intervino ante la Jucopo para que cuanto antes se inicie este diálogo.

Cabe mencionar que los trabajadores de la Sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) suspendieron labores desde la semana pasada de manera intermitente.

Pero a partir del lunes 20 de mayo iniciaron un paro laboral indefinido para exigir un incremento del 13 por ciento al sueldo base, cuya cifra consideran “justa y digna” de acuerdo al índice inflacionario y a la “vida cara”.

No obstante, el presidente de la Jucopo, Antonio Helguera Jiménez, sostuvo que definitivamente no autorizará el 13 por ciento, y reiteró la oferta de un 5 por ciento, aunque admitió que podrían “moverse un poco”.

Al respecto, la diputada Verónica Muñoz Parra dijo que en un análisis preliminar que realizó el área administrativa del Congreso, se conoció que los sueldos de muchos de esos trabajadores “son considerables”.

Por esa razón, añadió, es necesario revisar de cuánto ha sido el incremento salarial que han tenido durante los últimos años, así como la función de cada uno en el Poder Legislativo, el perfil profesional y su antigüedad.

Comentó que con base al resultado de este análisis considerarán la asignación del incremento salarial, que podría ser del 6 o hasta el 9 por ciento, pero no un monto “tan alto como el 13 por ciento”.

Sobre posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal para cumplir con el incremento solicitado, atajó que no será posible por la situación económica del país, donde incluso se recortan presupuestos para rubros importantes como en el ámbito social.

CHILPANCINGO. El coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, ignoraba, que la diputada Samantha Arroyo Salgado se declararía independiente tan pronto como ocupó su curul al suplir a Saida Reyes Iruegas, quien dejó la diputación vía el recurso de solicitar licencia.

Informó que recibió a Samantha Arroyo el día que se presentó para rendir protesta en el Congreso del estado, y que desde ese día no volvió a tener comunicación con ella, pero anunció que en estos días “vamos a tener contacto para platicar y conocer sus razones”.

Sin embargo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que la diputada “está en su derecho”, aunque matizó, “ella se declara como diputada sin partido, no incrementa ninguna otra fracción”.

Cabe mencionar que Arroyo Salgado rindió protesta el martes 21 de mayo como diputada suplente de la morenista Saida Reyes Iruegas, quien solicitó licencia a principios de este mes para atender asuntos personales, “eso fue lo que nos dijo cuando se fue, (pero) que iba a regresar”.

El mismo martes, a través de un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, Samantha Arrollo pidió que se le reconozca su calidad de diputada “sin partido”.

Con esa determinación la fracción de Morena perdió automáticamente la mayoría simple que poseía desde septiembre del 2018 cuando se instaló la 62 Legislatura y que por sí misma podía reunir quórum para sesionar y aprobar decretos o acuerdos.

– ¿Pierden la mayoría simple? – se le preguntó a Helguera.

– “Son las cosas que son naturales, que pueden pasar en una bancada”.

¿Que la diputada Samantha es enviada por la oposición para restarle (integrantes) a Morena? – se le insistió.

– “Son especulaciones, no podemos darlo como un hecho”.

CHILPANCINGO. El secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui informó que la dependencia a su cargo inició un proceso administrativo a consecuencia del altercado entre un profesor, el director y alumnos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Dijo que independientemente de la denuncia penal que se interpusieron por estos hechos, la SEG iniciará este proceso administrativo en contra del profesor Ricardo Barrera Urióstegui, ex director de esa normal, al que señalan de agredir al director de ese plantel, Víctor Gerardo Díaz Vázquez.

Comentó que Ricardo Barrera se encontró con el director y unos alumnos, donde “hubo intercambio de palabras, insultos, jaloneos, que es lo que nos explicaron que sucedió, los jóvenes se solidarizaron con su director, lo cual es correcto”.

Lo anterior provocó que el miércoles por la noche, normalistas embozados de Ayotzinapa bloquearan por la noche los cuatro carriles del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del Parador del Marqués de Chilpancingo, donde denunciaron que el presunto agresor se ostentaba como primo del secretario de Educación.

Arturo Salgado Urióstegui negó que Ricardo Barrera Urióstegui sea su familiar, como lo aseguraron los alumnos.

“No es mi familiar, no niego a nadie de mi familia, lleva mi apellido pero no es mi familiar y, aunque fuera, cada quien es responsable de sus actos y como autoridad tendríamos que aplicar la norma”, aseguró.

Comentó que el año pasado hubo un conflicto interno en la normal rural, tiempo en el que era subsecretario de Educación Media Superior y Superior, cuando retiraron del cargo de subdirector a Ricardo Barrera.

Dijo que esos conflictos prevalecen en la normal, lo que ocasionó el choque a golpes entre el profesor Ricardo Barrera Urióstegui y el director Víctor Gerardo Díaz Vázquez, situación en la que los alumnos se metieron.

“Reprobamos los actos de violencia de cualquier índole, los actos que agredan a las personas, esperamos que haya un acercamiento entre el maestro y el director”, matizó.

Aseguró que Ricardo Barrera Urióstegui “ha cometido una falta civil, pero agredió al director y como trabajador debe respetar a la autoridad, en ese sentido se iniciará un proceso normativo, el que marca la ley y sobre eso vamos a tener que caminar”.