Categoría: Estatal

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SAN LUIS ACATLÁN. Vecinos de la comunidad de Pueblo Hidalgo, perteneciente e este municipio, retuvieron este jueves al presidente municipal y parte del Cabildo porque –aseguran- “no gobierna como lo prometió en campaña” y, por el contrario, reprime al pueblo.

Los pobladores habían invitado al alcalde Agustín Ricardo Morales, a la síndica Gabriela Juárez Huerta, al secretario general Crispín de la Cruz Morales y algunos regidores, a una reunión donde les expondrían sus demandas, pero al no existir acuerdos, decidieron retenerlos.

Los inconformes acusan que el alcalde de extracción priista ha hecho caso omiso en temas relacionados con el Ramo 33 (aportaciones federales).

También acusan que no manda reparar un vehículo que funciona como patrulla de la Policía Rural, hecho por el que no pueden salir a brindar seguridad a la población.

Además, se quejan de que en administraciones anteriores el pueblo administraba los recursos mediante un comité de obras, cosa que ahora quiere controlar el alcalde del PRI.

El comisario municipal Timoteo Paulino informó que la retención de las autoridades se realizó alrededor 14:00 horas de este jueves, tras un largo diálogo sin respuestas que duró más de cinco horas en la cancha techada de la comunidad, donde el alcalde y su Cabildo nunca aceptaron que el pueblo administre los recursos.

Pueblo Hidalgo tiene alrededor de 3716 habitantes y, de acuerdo con los pobladores, debería recibir recursos por más de 13 millones de pesos para obras del Ramo 33, pero las autoridades les informaron que esta vez les llegarán solamente 6 millones 250 mil pesos.

El alcalde priista también es cuestionado porque en su campaña política decía que trabajaría como el mismo presidente de la República (José Antonio Meade, de acuerdo con sus aspiraciones), cosa que no pasó, “no ha hecho nada; en cambio, ha reprimido a comerciantes y a los transportistas los quiere reubicar en las afueras de la cabecera municipal”.

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ACAPULCO. El gobernador Héctor Astudillo Flores rechazó que Acapulco sea la segunda ciudad más violenta del mundo, sólo después de Tijuana, en el estado de Baja California, como lo reportó en su informe el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. 

En entrevista después de la reunión de la Coordinación Operativa Región Sur Sureste del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el gobernador dijo que no lo acepta “porque los indicadores que nosotros tenemos están a la vista, (y) ahí están los propios registros del Sistema Nacional” de Seguridad Pública del Gobierno de la República.

Agregó que “hoy leía una columna en donde decía ¿Qué hacer? Pues hay que irse los registros del Sistema Nacional, estamos en cuarto lugar por cada 100 mil, y en sexto lugar por el número de homicidios. Acuérdense ustedes que estábamos en primer lugar”.

Por esa razón rechazó los datos aportados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

“No podemos estar en una situación de ser la ciudad (Acapulco) más violenta, porque en base a los números ya no es así, tampoco debo de dejar de aceptar que, por supuesto, hay indicadores que nos colocan que somos un lugar que efectivamente requiere de atención y todos los días se da una gran batalla, pero no acepto el tema de que (Acapulco) sea la segunda ciudad más violenta”, insistió.

Un reportero le preguntó sobre si han bajado los índices delictivos y el gobernador aseguró: “claro que han bajado; en Acapulco ha bajado, por supuesto. Traíamos indicadores anteriormente de tres fallecidos al día y han disminuido, salvó el día de ayer (martes), que se nos fuera a 5, pero habíamos tenido uno, dos. Yo creo que los indicadores, por supuesto, me permiten a mí asegurar lo que estoy diciendo”.

Sobre la situación de los 5 mil 743 trabajadores de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), que están fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), dijo que se encontraba en las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Esteban Moctezuma Barragán, y “espero que hoy (miércoles) sea un día clave; hoy y mañana (jueves) para que se resuelva”.

Y añadió que es el más interesado en el tema “y lo voy a resolver”.

¿Qué comunicación ha tenido con Moctezuma? -Preguntó un reportero-

“Toda, toda, he tenido comunicación con Moctezuma, todavía el día (del informe) de los 100 días (del presidente Andrés Manuel López Obrador), en el evento estuve platicando con él, y él me aseguro que las cosas iban caminado e iban a terminar bien”, mencionó.

Sobre si este asunto se resolverá en esta primera quincena de marzo para evitar que los maestros radicalicen sus protestas y suceda un caso similar al de Michoacán, el gobernador reiteró: “espero que el día de hoy (miércoles) sea un día muy importante, (que) sea un día clave para la solución del problema”.

CHILPANCINGO. Vecinos de la colonia San José bloquearon este miércoles la avenida Juan Álvarez y la calle Cristóbal Colón, a la altura  del acceso al paso a desnivel, para exigir al Ayuntamiento la regularización de ese asentamiento humano.

Los vecinos inconformes, en su mayoría madres de familia, argumentaron que ya tienen más de 25 años que adquirieron sus terrenos y que al momento no cuentan con la certeza jurídica que los acredite como dueños de su patrimonio.

El bloqueo lo iniciaron a las 09:00 horas y en protesta porque las autoridades locales se han negado a resolver su demanda de escrituración de los lotes.

En pancartas y lonas plasmaron: “presidente municipal, Antonio Gaspar Beltrán exigimos la entrega inmediata de  nuestras escrituras de la relotificación de los 44 terrenos de la colonia San José”.

“Presidente Municipal, Gaspar Beltrán, exigimos nuestras escrituras, ya esperamos mucho tiempo y no tenemos respuesta satisfactoria a nuestra certidumbre jurídica”, “No más mentiras, queremos hechos, consignaron los vecinos de la colonia San José, ubicada a espaldas  del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla”, señalaban las pancartas y lonas.

CHILPANCINGO. Diputados locales aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para establecer la obligación de los ayuntamientos a observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como crear la Regiduría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

A nombre de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la diputada Alicia Zamora Villalva fundamentó el dictamen, donde refirió que estas modificaciones a la Ley tienen como objetivo contemplar el ejercicio de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Además, ampliar las facultades de los ayuntamientos y obligaciones en materia de educación, niñez, adolescencia y juventud, como lo establece la Constitución y los tratados internacionales, para garantizar el pleno ejercicio, protección y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la implementación de acciones, reglas y recursos normativos e institucionales. 

CHILPANCINGO. El secretario general del PRD en Guerrero, Antonio Orozco Guadarrama, presentó este miércoles su renuncia al cargo y exigió al resto de integrantes del Comité Estatal de su partido a que hagan lo propio, pues se encuentran en la “ilegalidad” porque el período para el que fueron electos ya feneció desde el año pasado.

Orozco Guadarrama forma parte de la corriente perredista Nueva Mayoría (NM) que encabeza el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, y había solicitado licencia al cargo partidista en septiembre pasado para encargarse de la Secretaría General del Ayuntamiento de Chilpancingo que preside Antonio Gaspar Beltrán.

Este miércoles informó que había presentado su renuncia al cargo en el PRD, en razón “de que el período de vigencia de este Comité ha terminado” y que debe de renovarse como lo marcan los estatutos de su partido.

En su escrito de renuncia el ahora funcionario municipal de Chilpancingo, considera que la dirigencia nacional del PRD debe encabezar la renovación del Sol azteca en Guerrero, “porque de lo contrario los actos que lleve a cabo este Comité en funciones serán totalmente nulos, en virtud que la vigencia de este Comité ha fenecido”.

Orozco Guadarrama indicó que cualquier decisión que realice el Comité que encabeza Ricardo Ángel Barrientos Ríos serán ilegales y que se requiere dar certidumbre jurídica porque a la fecha no se ha aprobado un presupuesto anual y menos la emisión de los informes financieros al Instituto Nacional Electoral (INE).

Antonio Orozco Guadarrama hizo un exhorto a los integrantes del Comité Estatal que encabeza Barrientos Ríos, “que ilegalmente ostenta la actual dirigencia estatal del PRD en Guerrero a ser congruentes y responsables a los estatutos vigentes y presentar sus renuncias como yo lo estoy haciendo”.

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CHILPANCINGO. Maestros de la región Acapulco y Costa Grande adheridos a la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon este martes los carriles frente al Congreso del Estado, para pronunciarse a favor de la incorporación de 5 mil 743 trabajadores de la educación a la nómina federal.

El centenar de maestros disidentes arribó a las 11:00 horas a la sede del Poder Legislativo, donde una comisión se reuniría con el presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Castillo Peña, y otros diputados integrantes, a quienes solicitaron su intervención para que se concrete el ingreso de esos trabajadores, en su mayoría administrativos, al Fondo para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE).

La dirigente de Acapulco, Adolfina Bautista Vázquez y de Costa Grande, Julio César Moyao Gaspar, responsabilizaron a los gobiernos estatales de autorizar la creación de nuevas plazas docentes a partir de las bajas por jubilaciones y defunciones trabajadores. 

Expusieron que desde el 2015 existen minutas de acuerdos firmados por autoridades federales donde se comprometieron a destinar un recurso adicional para ir incorporando a la nómina federal a todos los trabajadores que representan al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE). 

Adolfina Bautista aseguró que las movilizaciones de la CETEG se irán radicalizando hasta que exista el compromiso de las autoridades federales de incluir a los más de 5 mil trabajadores al FONE.

“Tenemos un plan de acción trazado que vamos a seguir; ahora ya no sólo queremos que se garantice el pago de esta quincena, debemos de aprovechar la coyuntura y exigir al gobierno federal que reconozca a estos trabajadores”, dijo Moyao Gaspar durante la protesta. 

Los maestros también demandaron la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación de los docentes cesados en el país y la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala

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CHILPANCINGO. Maestros jubilados y pensionados pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), denominados “democráticos”, exigen al gobierno del estado el pago de adeudos por conceptos de Previsión Social, “mesadas” correspondientes a un año, así como atención médica oportuna y de calidad para los 30 mil trabajadores retirados del servicio educativo en Guerrero.

Los jubilados fundadores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) informaron que se sumarán a la marcha convocada por los trabajadores activos disidentes este miércoles en el puerto de Acapulco para exigir la incorporación al Fondo para la Nómina Educativa y Gastos de Operación (FONE) de 5 mil 743 trabajadores, así como para plantear sus demandas propias.

El dirigente de la Delegación D IV (14) del SNTE, Ángel Silva Narciso, señaló que ni el comité ejecutivo seccional “charro” del SNTE, encabezado por Javier San Martín Jaramillo, y la representante de los jubilados ante esa representación sindical, Camelia Soto Santana, no han hecho nada al respecto.

Acompañado de los integrantes de esta Delegación disidente, Atanasio Quijano, Josefina Adame Viguri y Matilde Reynoso, en conferencia de prensa en la delegación 17 del Sindicato de Redactores de la Prensa (SNRP), señaló que existen 2 mil 564 jubilados en el estado a quienes se les adeuda una indemnización de 30 mil pesos que debió dárseles al momento de jubilarse “y tenemos que esperar de tres a cuatro años para poder cobrar ese dinero”.

Dijo que el concepto de “mesadas” es un pago mensual de 300 pesos a los jubilados en el estado, “y se nos hace una verdadera canallada que habiendo compañeros que cobran 2 mil 600 pesos mensuales todavía se les adeuda un año de este apoyo económico por haber cotizado en activo al Plan de Previsión Social (PPS) “.

Considero que la auditoría al Plan de Previsión Social que hizo el gobierno del Estado, la Secretaría de Educación en Guerrero y la representación del SNTE “fue a modo porque aseguran que desde 1994 a la fecha todo el dinero que entró a este fideicomiso salió y eso no es posible”.

Los jubilados invitaron a los maestros activos y retirados del servicio educativo a sumarse a un llamado general al gobierno federal para que atienda las necesidades educativas en Guerrero.

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CHILPANCINGO. Por segundo día consecutivo colonos realizaron bloqueos en diversos puntos de esta capital para exigir el servicio de agua entubada en sus hogares, lo que provocó molestias en los automovilistas e inclusive en un momento estuvo a punto de darse una pelea.

El primer bloqueo que se registró de nueva cuenta en la avenida Juan Álvarez, casi a un costado del parque Unidos por Guerrero.

Ahí desde las 8 de la mañana se apostaron vecinos de la colonia Los Sauces y cerraron la vialidad colocando rocas, sillas y una lona en donde exigían a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) que les dote de agua, pues tienen un mes sin ese servicio a pesar de pagar puntualmente la mensualidad, según dijeron los mismos bloqueadores.

Hasta ese lugar llegó un funcionario de CAPACH y después de dialogar con los inconformes durante una hora, los convenció de levantar el bloqueo a las 10:30 de la mañana, no sin antes los colonos le advirtieron que si no se cumplía con el servicio volverían a obstruir esa vialidad.

A las 10:00 de la mañana se registró otro bloqueo a unos metros de la primera protesta, ahora en la calle Sofía Tena de la colonia Margarita Viguri, donde un grupo de amas de casa de esa colonia cerró la vialidad apoyados por vecinos de la colonia Loma Bonita.

Ahí reprocharon que a pesar de que funcionarios de la CAPACH  les han dicho que se va a regularizar el servicio de agua, no tienen una gota del vital líquido en sus hogares y les preocupa porque no están aún en los días más críticos de la temporada de estiaje.

Se quejaron que ante la falta de agua, recurren al servicio de pipas para que les surtan de agua en sus hogares y que no hay ningún programa emergente del municipio para atender la falta de distribución en sus casas.

Esa protesta duró más de 3 horas y la levantaron después de que funcionarios les aseguraron que se va a instrumentar el servicio de tandeo, pero amenazaron que si no cumplen volverán a cerrar vialidades en esa colonia.

Una tercer protesta, por el mismo motivo, la realizaron vecinos de la colonia Progreso en la calle Prolongación Valerio Trujano, cerca del acceso del bulevar capitalino a la altura de la 35 Zona Militar, donde colocaron unas rocas y unas cubetas rellenas de cemento para cerrar la vialidad hacia el Panteón Central.

El incidente

En ese lugar el conductor de una camioneta  Ford tipo Escape, color gris que pedía que le dieran permiso de pasar para ir “a la clínica Anáhuac donde tengo una puta operación”, el que al parecer es un médico, arremetió con su unidad contra una cubeta rellena de cemento, lo que provocó una acalorada discusión.

El conductor se bajó y estuvo a punto de liarse a golpes con los bloqueadores, debido a que estaba desesperado por poder pasar.

Los colonos que estaban bloqueando la vialidad le pidieron que se calmara, pero el conductor empezó a patear las cubetas que sostenían unas pancartas y lonas que indicaban el motivo de su manifestación, “se me va a morir ese cabrón, denme chance de pasar”, les decía y finalmente le dieron permiso para circular y el incidente no pasó a mayores.

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CHILPANCINGO. La iniciativa para legalizar el aborto no se ha sometido a discusión porque es un tema “muy polémico”, reconoció este martes el diputado Antonio Helguera Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

Admitió también que por la misma razón los legisladores han evitado el análisis y debate de esta propuesta. “Realmente hemos intentado no entrarle a ese tema, pero le vamos a tener que entrar porque eso es obligado”, admitió.

Advirtió que el análisis de la iniciativa sobre la interrupción legal del embarazo va generará polémica entre la población, sobre todo en los colectivos feministas y grupos religiosos o pro vida.

“En el mundo y en el país hay diferentes grados de evolución de las sociedades. Hay lugares donde este tipo de leyes se pueden aprobar más fácil por la conciencia y la evolución de la sociedad, (pero) hay lugares más conservadores, más tradicionalistas (como Guerrero), donde hay bastante población rural que le da mucho valor” a la vida del no nacido.

El también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena reiteró que el Poder Legislativo local no puede seguir al margen de esta iniciativa, sobre todo porque la legalización del aborto es una demanda recurrente de feministas.

Aunque adelantó su respaldo personal a la propuesta, comentó que la práctica de un aborto “se justifica más que en otros”, sobre todo cuando es resultado de una violación sexual, y, al final, “creo que aprobar una iniciativa en ese tono no sería obligar a ninguna mujer a hacerlo. Exclusivamente sería para darles libertad, y eso no es atentar contra nadie”.

Enfatizó también que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y agregó que el Congreso asumirá su papel para estar acorde a las necesidades y derechos que demanda la población.

Se le cuestionó si finalmente Morena entrará a la discusión de la propuesta, y al respecto señaló: “Vamos a consensarlo para asumir una postura uniforme. Si doy una opinión que no sea acorde con lo que piense la mayoría de los compañeros, me meto en problemas”.

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CHILPANCINGO. El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador rechazó una propuesta de los desplazados por la violencia de comunidades de la Sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Zitlala, de que si no despliegan un operativo para garantizar su regreso a sus hogares, que les paguen una mensualidad para renta, comida y acondicionamiento de sus casas de manera temporal en otro lugar.

A esa propuesta los enlaces del gobierno federal respondieron que es un “presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobarla”, y por ello no dudaron en tachar de “insensible” a la administración federal de López Obrador.

Este lunes, unos 400 desplazados por la violencia de una docena de comunidades de Chichihualco y de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, cumplieron cuatro semanas en plantón frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, en espera de que los reciba el propio López Obrador.

El director del Centro “Morelos” de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, lamentó que hasta este lunes no haya sido posible tener un diálogo directo con el presidente de la República, pese a las cuatro semanas que tienen en plantón.

Señaló que durante todo ese tiempo ya nombraron como enlaces para atender esta problemática a Nefthaly Granados y Félix Santana, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), con quienes han dialogado pero no han llegado a ningún acuerdo concreto.

Añadió que prácticamente el gobierno estatal ha estado ausente, y que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sólo se comprometía a conseguir autobuses para su regreso y la renta de un hotel donde estén de manera provisional hasta que haya condiciones para regresar a sus hogares.

Indicó que el lunes de la semana pasada entregaron una propuesta del plan de atención al gobierno federal, “que debemos decirlo, lamentablemente no ha elaborado un plan de atención o de emergencia, menos uno para generar condiciones de seguridad para el retorno de las familias desplazadas”.

Aseveró que los desplazados de Chichihualco piden que se repliegue la Policía Comunitaria de Tlacotepec, que se establezca un corredor de seguridad en la carretera Chilpancingo-Acapulco, que el Ejército se haga cargo del mismo y que se indemnice a familias cuyas viviendas hayan sufrido daños.

En el caso de los habitantes de Tlaltempanapa, reiteró que la demanda es su reubicación definitiva en la cabecera municipal de Copalillo, donde se encuentran desde noviembre pasado.

Manifestó que el jueves sostuvieron otra reunión con los emisarios de López Obrador y criticó que haya “prácticas antiguas de otros gobiernos federales, que son las de bajar al mínimo los costos de solución de un conflicto”.

Agregó que ante la falta de condiciones para regresar a sus hogares, los desplazados pidieron “que haya condiciones de vida digna y para ser reubicados, así como un apoye de 5 mil pesos de pago de renta, una cantidad igual para despensa alimenticia y uno más para acondicionar una vivienda con camas, estufa, refrigerador”.

Reveló que la respuesta de los emisarios del gobierno federal fue que se trata de una “propuesta que tiene un presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobarla”.

Manuel Olivares aseveró que a cuatro semanas de plantón, “las condiciones en el plantón son deplorables.         Don Francisco (uno de los plantonistas) tuvo una trombosis desde el miércoles por la noche y está internado en un hospital, una mujer dio a luz y hay varios menores enfermos”.

Indicó que para sobrevivir pidieron apoyo a sindicatos y organizaciones sociales de la capital del país y que el sábado y domingo decidieron tomar la caseta de peaje de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca, “para resolver el problema de la alimentación.

Refirió que “un garrafón cuesta 70 pesos, los baños son rentados y se tiene que pagar a diario; no hay donde bañarse y es muy difícil la vida ahí en el plantón”, y finalmente lamentó la actitud de López Obrador: “este gobierno que consideraban era diferente y tendría sensibilidad, no lo demuestra y no recibe a una comisión para dialogar, no esperábamos estar más de 3 días; no hay sensibilidad para atender esta problemática de un tema que es complejo y que se vive en todo el país”.