Boletín
Chilpancingo, Gro.– La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado (CDHEG) analiza reformas a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer de manera explícita a las personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria, garantizando una protección efectiva, inclusiva y accesible de sus derechos humanos, en concordancia con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la normatividad nacional e internacional.
La propuesta, presentada por la diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM), destaca que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Guerrero el 4.4 por ciento de la población vive con alguna discapacidad, lo que representa a más de 300 mil personas que enfrentan barreras físicas, sociales y culturales que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos.
La legisladora señaló que, si bien la CDHEG contempla atención especial para diversos grupos vulnerables —como personas indígenas, afrodescendientes, menores de edad, mujeres, víctimas de violencia y adultos mayores—, no incluye explícitamente a las personas con discapacidad, a pesar de que la ley ya contempla mecanismos accesibles para este grupo, como la posibilidad de presentar quejas de forma oral o mediante lengua de señas.
“Esta omisión representa un vacío en la legislación que limita la eficacia de la Comisión para atender de manera adecuada a este sector de la población, el cual enfrenta múltiples barreras para el ejercicio pleno de sus derechos”, afirmó.
Por ello, se propone reformar el artículo 16 de la Ley número 696 para incluir explícitamente a las personas con discapacidad dentro de los criterios de prioridad establecidos por la CDHEG.
La diputada argumentó que el hecho de que la ley ya contemple mecanismos de accesibilidad, como la posibilidad de presentar quejas mediante lengua de señas, subraya la necesidad de reconocer formalmente a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria. Esto permitirá alinear la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales, y contribuirá a una mayor inclusión y eficacia en la defensa de sus derechos humanos.
