Boletín
Chilpancingo, Gro.– La Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado analiza reformas a la Ley Estatal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer mecanismos claros de prevención, detección, atención y sanción del maltrato y abuso sexual infantil en el entorno escolar, mediante protocolos interinstitucionales, capacitación del personal educativo y acompañamiento integral a las víctimas, garantizando entornos seguros y libres de violencia.
Estas reformas, que fueron propuestas por la diputada Ana Lilia Botello Figuera y a las que se adhirió la diputada Glafira Meraza Prudente, plantean que en escuelas de la entidad se han identificado diferentes conductas que generan situaciones de riesgo para el alumnado, como el acoso, abuso sexual y maltrato.
En la propuesta, la diputada señala que las y los menores enfrentan situaciones sociales como la inseguridad, la violencia, la ruptura de lazos afectivos dentro de la familia y la sociedad, así como el abandono escolar en muchos casos, lo que ocasiona, además, que niñas, niños y adolescentes enfrenten situaciones difíciles tanto dentro de sus hogares como en el ambiente social en el que se desenvuelven, llegando incluso a reproducir dichas problemáticas en las instituciones educativas.
Esto ha provocado que autoridades educativas busquen mecanismos que les permitan enfrentar y atender estas situaciones que enfrenta el alumnado de Educación Básica, destacando en el diagnóstico oficial la implementación de protocolos claros de prevención, detección y actuación para proteger a los menores, promoviendo una convivencia escolar armónica y segura, y garantizando el derecho de los estudiantes a vivir libres de violencia y a desarrollar plenamente su personalidad.
Sin embargo, dijo que el problema persiste en las escuelas, principalmente, afectando los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno libre de violencia, por lo que la detección temprana e inmediata son acciones fundamentales y necesarias que pueden prevenir y, en su caso, minimizar el daño.
Por ello, propone establecer mecanismos de acompañamiento en los casos de abuso sexual, otorgándoles ayuda psicológica y emocional que permita al menor continuar con un desarrollo de vida apropiado a su edad.
Además, de aprobarse la reforma, el Gobierno Estatal y los municipios estarán obligados a adoptar medidas necesarias para la recuperación física, psicológica y emocional, así como la restitución de derechos de niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido algún daño físico, psicológico o sexual, brindando el acompañamiento y tratamiento médico o psicológico necesario y adecuado para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
