Analizan exhorto para frenar cobros ilegales con tarjetas bancarias en Guerrero

Boletín

Chilpancingo, Gro.— La Comisión de Hacienda analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, mediante el cual se exhorta a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el estado y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que en coordinación con el Ejecutivo estatal implementen de manera conjunta, urgente y coordinada acciones de vigilancia, inspección, difusión y sanción contra el cobro ilegal de comisiones por pago con tarjeta de crédito o débito en establecimientos comerciales de Guerrero.

Asimismo, se exhorta a la Delegación de la Profeco en la entidad, así como a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, para que de manera coordinada desarrollen campañas de información dirigidas a la ciudadanía sobre los mecanismos para presentar quejas y denuncias ante posibles abusos en precios o cobros ilegales en establecimientos comerciales.

En la exposición de motivos, el legislador advirtió que en la entidad se ha extendido una práctica comercial abusiva consistente en aplicar cargos adicionales de entre el 3 y el 5 por ciento a consumidores que realizan pagos mediante tarjeta bancaria, trasladando indebidamente al cliente costos que corresponden a los establecimientos.

Indicó que esta práctica, conocida como “comisión por terminal”, se presenta de manera recurrente en distintos tipos de comercios, desde grandes cadenas hasta negocios locales, afectando directamente la economía de las familias guerrerenses y desincentivando el uso de medios de pago electrónicos.

Jiménez Mendoza destacó que estas acciones persisten pese a que este tipo de cobros está expresamente prohibido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual establece que el precio exhibido debe incluir todos los cargos, comisiones e impuestos, por lo que cualquier recargo adicional constituye una violación a la normativa vigente y puede ser sancionado con multas económicas significativas.

Por lo anterior, se plantea hacer un llamado para que autoridades federales y estatales refuercen las acciones de supervisión e inspección, así como campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los mecanismos para presentar quejas ante posibles abusos.

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