Boletín
Chilpancingo, Gro.— Para establecer sanciones a quien, de manera ilícita y dolosa, descargue, deposite, vierta o infiltre aguas residuales, líquidos químicos, desechos industriales o basura sólida en los sistemas de drenaje, alcantarillado, canales pluviales, barrancas, vasos o cauces, así como para quien arroje o disponga residuos sólidos urbanos dentro de las zonas de protección de los cuerpos de agua, la diputada Araceli Ocampo Manzanares propuso adiciones a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado.
En su propuesta, que analiza la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la diputada menciona que en las zonas urbanas los cuerpos de agua enfrentan una presión antropogénica crítica, ya que el crecimiento demográfico desordenado ha propiciado la impermeabilización del suelo mediante el asfalto, transformando ríos y arroyos en canales de desagüe pluvial y residual.
Asimismo, dijo que el desecho de residuos sólidos urbanos en ríos, lagunas, barrancas y canales pluviales es una de las manifestaciones más críticas de la crisis de gestión ambiental en los ámbitos municipal y estatal.
Ocampo Manzanares refiere que abordar esta problemática requiere un enfoque integral que combine la corresponsabilidad ciudadana con una infraestructura de servicios públicos eficiente.
Por ello propone la separación categórica de la infracción ambiental hídrica del catálogo común de faltas administrativas. “Esta diferenciación no responde a un mero capricho taxonómico, sino a una necesidad de especialización institucional, ya que, al establecer la afectación a cuerpos de agua como una infracción administrativa específica en la legislación estatal, se dota a las autoridades ambientales de la facultad para intervenir, inspeccionar y sancionar, evitando la dispersión de atribuciones con las áreas de servicios públicos o de seguridad cívica”.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero
La diputada también propuso una iniciativa para adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, para erradicar la violencia obstétrica mediante la implementación de protocolos que obliguen al Estado a reconocer la diversidad lingüística de Guerrero como un derecho, al establecer la obligatoriedad de personal bilingüe y la vigilancia estricta del consentimiento informado.
En su propuesta de adición de los incisos M) y N) de la fracción VI del artículo 9, y del artículo 50 Bis —turnada a la Comisión para la Igualdad de Género—, la diputada refiere que se debe garantizar que la barrera lingüística no sea utilizada como una ventaja para imponer métodos anticonceptivos permanentes o realizar esterilizaciones forzadas inmediatamente después del parto.
Por eso propone erradicar la violencia obstétrica mediante la implementación de protocolos que obliguen al Estado a reconocer la diversidad lingüística de Guerrero como un derecho y no como un obstáculo. “Al establecer la obligatoriedad de personal bilingüe y la vigilancia estricta del consentimiento informado real, se busca que el nacimiento de un nuevo guerrerense no sea motivo de trauma o humillación para su madre, sino un ejercicio pleno de derechos”, apuntó.
