IRZA
Acapulco, Gro. (IRZA).- Integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), se manifestaron en el puente vehicular de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Coyuca de Benítez, donde hicieron un llamado contra los ataques que han sufrido en Chiapas integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La protesta la realizaron a 17 días del 28 aniversario luctuoso por la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez.
Con mantas y pancartas exigieron: “¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas! ¡Alto a la guerra en Chiapas! ¡Alto a la guerra en México! ¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!”.
Recordaron que el 1 de enero de 1994, el EZLN se levantó en armas el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en exigencia de justicia y la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios de México, que les regresaran la propiedad de las tierras que les arrebataron a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias tanto en la organización del estado de Chiapas como en el resto del país, sin embargo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari les mandó 70 mil soldados para combatirlos.
Ante eso, la respuesta de la sociedad civil fue en respaldo al EZLN y las manifestaciones lograron detener el conflicto armado y a los 12 días de iniciado, el gobierno de Carlos Salinas cesó el fuego, posteriormente, el 16 de febrero comenzaron las primeras conversaciones que finalizaron en 1996 con el acuerdo de San Andrés sobre el “Derecho y Cultura Indígena”, el cual comprometió al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que éstos gozaran de autonomía. Asimismo, los diálogos dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI) en octubre de 1996.
Sin embargo, “en la guerra contrainsurgente comenzaron a operar grupos paramilitares, es decir, grupos financiados, entrenados y protegidos por el gobierno federal. Ejército y paramilitares continuaron haciendo la guerra contra los pueblos zapatistas, y se sumaron también los programas sociales que, por medio de dinero, despensas, láminas y otras dádivas, intentaron dividir o cooptar a los pueblos zapatistas”.
Denunciaron que “el grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.
Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.
Ante la creciente violencia, y la actitud negacionista de los tres niveles de gobierno que pretenden ocultar la realidad con afirmaciones vacías iguales a las de sus antecesores, nosotros, nosotras, nosotroas, nos convocamos a que, por medio de la acción pacífica, continuemos exigiendo el alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, alto a la guerra en Chiapas, y alto a la guerra en todo México.
Por lo que exigieron que se garantice la salud y la justicia para Jorge López Santíz, Base de Apoyo Zapatista herido por paramilitares de la ORCAO; que se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas; la disolución absoluta de la ORCAO y de todos los grupos paramilitares, y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques; que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón; que “el silencio del presidente Andrés López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas” y que se garantice la paz, con justicia y dignidad para todos los pueblos de Chiapas y de México.
