agosto, 2021 | - Part 36

¿Quién está detrás?

Armando Ríos Piter

Desde el inicio del actual sexenio, diversos sectores han generado diversas críticas al presidente López Obrador. La mayoría se han centrado en contra de lo que ellos llaman “su intención de destruir a las instituciones”. Más allá de que los detractores del actual gobierno han dedicado poco tiempo a analizar las fallas y contradicciones que dichas instituciones han tenido, lo cierto es que el acuerdo de gobernabilidad que se mantuvo -derivado de las mismas- a lo largo de los últimos 25 años, ha tenido duras críticas, por parte del AMLO.

Palabras más, palabras menos, desde sus tiempos en la oposición, el mandatario mexicano ha esgrimido ataques contra lo que él ha señalado como “las instituciones” de una camarilla que no representa al pueblo. En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Poder Judicial en su conjunto, han recibido señalamientos de “corrupción”, “favoritismo”, “falta de ecuanimidad” por parte del actual grupo en el poder. Cabe recordar que esta posición es apoyada por una parte importante de la sociedad.

Desde la resolución del Tribunal Electoral en 2006, AMLO se ha posicionado en contra de las instituciones electorales. Ya como presidente, recientemente ha dicho que habría que desaparecer al INE con la finalidad de que el Poder Judicial absorbiera los temas electorales. El mismo tono crítico, ha prevalecido en esta administración contra el Poder Judicial. Basta con recordar que el tabasqueño, respecto a los amparos interpuestos en materia de Energía, ha insistido en que los jueces federales están “al servicio” de los intereses privados.

¿Existe un verdadero plan para modificar estas instituciones? Es difícil creer con seriedad que si. No obstante que las posiciones públicas siempre han girado en torno a esa posición, más allá de las posturas declarativas, no han existido propuestas firmes para ello.

Sirva este contexto para analizar lo ocurrido en las últimas dos semanas. Dos noticias que sin duda alguna sorprendieron a muchos analistas.

Al inicio del mes, con gran sorpresa presenciamos la “destitución” de José Luis Vargas como presidente del TSJE por parte de varios de sus compañeros. Aún cuando él acusó la ilegalidad del proceso, al final de cuentas aceptó su salida del cargo. No sin antes provocar la renuncia de Reyes Rodríguez, quien había sido electo para tales efectos por los “rebeldes” ministros electorales. Cabe señalar que previamente existían críticas por la cercanía que el ministro Vargas mantenía con el gobierno de la República.

Casi en paralelo, dos días después, tras la reforma judicial en la que se planteaba que Arturo Zaldívar extendería su mandato por dos años más -con el apoyo implícito y contundente de López Obrador- el propio ministro anunció: “Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros”.

A lo largo de décadas, la triste realidad de nuestra división de poderes y organismos autónomos, ha evidenciado de manera creciente que la fuerza del presidente logra trascender, cuando en su interés está algún tema. Puedo no estar en lo correcto. No obstante pienso que sería iluso pensar que en un sistema político como el nuestro, ambos eventos, a todas luces contrarios a los intereses del propio AMLO, ocurrieron sin el respaldo de alguien más.

Cabe recordar que el presidente del Tribunal Electoral no solo calificará la consulta de revocación de mandato, sino también la elección del 2024. Una hipótesis que resulta imprescindible elaborar es: ¿Estos eventos significan el fin del mandato -prácticamente omnipotente- que mantenía AMLO? ¿Cuál es la posición tras bambalinas del gobierno estadounidense frente a las actitudes tomadas por los ministros?

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El regreso a clases no tiene por qué ser un terremoto en Guerrero. Bastante tenemos con el Covid-10 en su variante Delta, que tiene postrados nuevamente a los municipios de por lo menos 4 regiones aparte de Acapulco, como para que además asistamos al pleito entre docentes “instituciones” y “democráticos”, unos en apoyo y otros en contra del retorno a las aulas, el próximo 30 de agosto, tras 18 meses de estar bajo el modelo de clases a distancia.

Ayer, el gobernador Héctor Astudillo señaló que el retorno será primero, por consenso entre autoridades, profesores y padres de familia. Segundo, será con base en un semáforo epidemiológico propio, que irá determinando en qué municipios se puede iniciar clases y en cuáles no.

Actualmente, se dijo, hay 17 municipios de 81 en la entidad, en donde podrían reiniciarse las clases presenciales, pero siempre por acuerdo, pues el mandatario estatal señaló que no se va a obligar a nadie.

Este anuncio distiende el ambiente político-social en Guerrero, que desde la semana pasada se polarizó, pues mientras que los profesores aglutinados al SNTE están de acuerdo con el plan federal del retorno a clases el 30 de agosto, la CNTE y sus filiales estatales (CETEG en Guerrero) se mostraron en desacuerdo y acusaron de ilegal la comisión que dialoga con el gobierno para este asunto.

Ojo: aunque el gobernador dijo que acataría la disposición del gobierno federal para el regreso a clases, finalmente decidió escuchar a sus colaboradores, sobre todo al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien diariamente ha estado informando de nuevos récords de contagios del Covid-19, la saturación de hospitales y el promedio de muertes diarias por la pandemia.

La razón y la lógica se impone, y estamos de acuerdo en que se aplique el semáforo estatal, que nos indique los municipios que pueden regresar, mientras que en el resto, sobre todo en las urbes, hacerlo conforme la pandemia toque su máximo y vaya disminuyendo en casos de contagio, hospitalizaciones y muerte, y entrando en una fase de baja prevalencia de la enfermedad.

Ya lo dijo el gobernador, que de por sí es difícil controlar la pandemia en las condiciones actuales, como para agregarle el ingrediente de movilidad de estudiantes de todas las edades, sus padres y maestros. No podemos imaginar el caos que eso provocará.

En la recta final de su gobierno, Astudillo Flores no se arriesgará a que se le acuse de negligente, máxime si comienza a repuntar la infección en niños y estos comienzan a ser hospitalizados o, peor aún, si comienzan a morir.

La muerte de un niño será siempre una muerte de mayor impacto. Porque si muere un anciano, siempre decimos que ya vivió. Pero si muere un niño, siempre será una muerte más dolorosa, primero por su vulnerabilidad ante las decisiones de los adultos; segundo, porque siempre queda la compasión por una vida truncada.

La lógica dicta que el retorno a clases debe ser escalonado, donde las condiciones lo permitan y siempre por consenso entre las partes. Que no vuelva el que no quiera, y que cada quien asuma su responsabilidad.

Claro, no podemos descartar que se inmiscuyan intereses políticos en estas negociaciones, pero para ello la Secretaría de Salud irá mostrando cifras reales de niveles de contagios, para que las partes involucradas en el sector educativo tomen decisiones acertadas.

Entra aquí, por ejemplo, la decisión de la Secretaría de Educación Pública de hacer que padres y maestros firmen un acta de consentimiento para que sus hijos vuelvan a clases. Eso, desde el punto de vista laboral, deja desprotegidos a los docentes, pues en caso de enfermar o morir, no podrán hacer uso de sus derechos sindicales y descarga la responsabilidad de la parte patronal, en el aspecto de garantizar un ambiente de trabajo libre de riesgos, entre otros aspectos.

Para los padres, igualmente, no podrán responsabilizar a nadie del sector público por negligencia, si sus hijos llegan a enfermar o, en el peor de los escenarios, a morir.

Claro, estamos siendo un tanto cuanto pesimistas, pero más vale a pecar de optimistas, que para el caso rayaría en el valemadrismo.

El Covid-19 ha demostrado que se cuela por donde puede. No importa a veces cuántos cuidados tengamos, simplemente un día amanecemos con síntomas. Imposible tratar de buscar con quién tuvimos contacto, porque a veces ese aspecto es detectable, pero otras veces no.

Estado de los Estados

Lilia Arellano

*Bajo su responsabilidad regresar a clases

*Más peros para reglamentar la revocación

La tercera ola de contagios de Covid-19, impulsada por la variante Delta, satura los hospitales del país. Los casos positivos establecen día tras día nuevas marcas. Se llegó ya a los casi 25 mil mil, la cifra más alta de infectados durante toda la pandemia, y aún no se ha llegado al pico con una población expuesta al coronavirus, pues sólo una quinta parte de los mexicanos ha sido vacunado. Es factible aún muera mucha más gente, pues la estrategia seguida por el gobierno federal no es la más recomendable, sobre todo ahora aferrados a un irresponsable regreso a clases, cuando la población joven del país no ha sido inoculada. Más de 245 mil muertes en cifras oficiales (las reales superan las 600 mil) no logran contener los afanes del régimen para hacernos creer han logrado controlar la pandemia y la vacunación va viento en popa.

Es muy clara y presente la dificultad para lograr, en la situación económica en la cual ya se encontraba el país antes de ser azotado por el coronavirus, encontrar un punto de equilibrio en el cual al tiempo de salvar vidas se mantengan las actividades comerciales y se llegue a la protección de inversiones y empleo. En otros países encontraron la fórmula al no estar altamente afectados en sus finanzas. México además de no estar preparado para sortear profundas crisis, utilizó los fondos con los cuales se contaba para emergencias, los llamados guardaditos, las sumas depositadas en Fideicomisos y otras herramientas financieras y se duda de la existencia de suficiente dinero en las arcas públicas, razón por demás válida para no contar con medicamentos, por ejemplo. Otro elemento es la presencia, sin combate a fondo, de la corrupción.

Ante ese escenario se antoja incomprensible obligar a los niños y padres de familia a regresar a una normalidad cuando nos encontramos en uno de los peores momentos de la pandemia en materia de contagios. Los funcionarios lopezobradoristas sostienen los niños deben regresar a las aulas porque se está afectando profundamente su salud mental, sin medir las consecuencias de estas acciones, no sólo en términos económicos por las cantidades asignadas para salir adelante con los internamientos, medicinas y tratamientos, incremento en nóminas dentro del sector salud, sino en la pérdida irreparable de vidas humanas. Tras tomar estas decisiones, el presidente pudiera ser juzgado, en un futuro próximo, en cortes penales internacionales y deberá responder por sus acciones en contra de la población de México.

Según la titular de la SEP, “debemos regresar a las escuelas porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los meses de pandemia y confinamiento”.

En ese sentido, subrayó, los estudiantes han enfrentado problemas “muy fuertes” de violencia, obesidad y estrés durante el confinamiento por Covid-19. “Yo insisto, si hay afectación, tanto en la físico como en lo emocional y en el aprendizaje. Se ha demostrado que la escuela, si hay una buena disciplina y trabajo en conjunto, puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros hijos”, dijo Delfina Gómez Álvarez, quien fue secundada el presidente tras advertir es mucho el daño que se originaría si no se regresa a las aulas. “Vamos a actuar de manera muy responsable y va a haber protección. Vamos a actuar, rápido en el caso de los contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela. Todo con el apoyo de madres, de padres de familia, de maestras, maestros y de las autoridades municipales y estatales”.

En el protocolo sanitario contra Covid-19 se establece los padres de familia deberán firmar una carta compromiso en la cual aceptan sus hijos asistan a las escuelas, el próximo 30 de agosto; por lo tanto presentaron un protocolo de 10 acciones para hacerlo de manera ordenada y bajo medias de seguridad. El primer punto establecido es que padres, madres, maestros y autoridades educativas integren el Comité Participativo de Salud Escolar en cada plantel para llevar a cabo el protocolo para el ingreso de los menores, además de contar con un correo para dar seguimiento a posibles casos de Covid.

Para la segunda acción, se pide participar en un filtro de salud en casa y en el de la escuela y el salón de clases, también se establece que para que los menores asistan presencialmente a los colegios los padres de familia deberán firmar una carta responsiva. El resto de los puntos del protocolo sanitario para el regreso seguro a clases presenciales son: lavado de manos constante con agua y jabón; uso de cubrebocas sobre nariz y boca; mantener la sana distancia; mayor uso de los espacios abiertos en los colegios; suspender las actividades con aglomeraciones como las ceremonias; reportar de manera inmediata cualquier caso de sospecha de Covid-19; inscripción de maestras y maestros a cursos de apoyo socioemocional SEP-Salud.

Según el tabasqueño es de suma importancia que cuente con el aval del SNTE, la CNTE no parece dispuesta a exponer a sus maestros a retornar a las aulas cuando el porcentaje de vacunados no es el indicado y carentes de inoculantes están los padres y los menores. ¿Cuánto tiempo han tenido para establecer una estrategia a fin de seguir con las clases por línea pero llevadas a cabo por maestros debidamente capacitados durante todos estos meses? ¿Cuántas semanas para preparar a los de educación física para proporcionar a los infantes tiempo para ejercitarse dentro de sus hogares, en los patios, tal vez hasta en la azotea? ¿Cuántas horas para, con la contratación de quienes se especializan en manualidades entretuvieran a los menores? ¿Acaso se preocuparon por hacer conciencia entre los propietarios de las cadenas televisivas más importantes, a quienes les entregaron tres canales más de TV abierta, para convencerlos de destinar uno de ellos a fin de lograr salvar la educación? ¿Acaso no son concesiones de gobierno las que poseen? ¿Dónde quedó la obligación y el diálogo con los sistemas de comunicación estatales?

Lo cierto y visto, y habrán de reconocerlo, es que se durmieron en sus laureles, toman los caminos más cortos y los de menor responsabilidad para las autoridades y el sainete y el dolor de perder seres queridos es problema de los ciudadanos, de esos que siguen pagando impuestos para contar con autoridades tan impreparadas, incapaces y holgazanas. ¿Y se publicitan como servidores públicos leales al presidente?

Revocación

de Mandato

Con retraso de más de un año, el Senado de la República inició la discusión de la Ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Desde ahora se ve difícil alcanzar un consenso con las tres iniciativas presentadas por Morena, PAN y PRI. El obstáculo más difícil se encuentra en las diferencias entre la iniciativa panista, en la cual establecen sea a partir de noviembre, cuando se inicie el proceso de recabar firmas para solicitar ese mecanismo de participación ciudadana, y justo en esa fecha deberá iniciarse la veda electoral. En cambio la iniciativa de Morena, plantea la veda comience una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) emita la convocatoria al proceso de revocación de mandato de López Obrador, es decir a mediados de enero y hasta concluir la jornada de votación, la segunda quincena de marzo.

De acuerdo a la iniciativa del PAN, durante más de cuatro meses el presidente López Obrador, los integrantes de su gabinete y directores de organismos autónomos no podrían difundir la revocación de mandato ni publicitarla. Damián Zepeda, autor de la iniciativa panista reglamentaria de la Fracción IX del artículo 35 constitucional, admitió que una de las diferencias fundamentales con la reforma de Morena, es: “propone que en la etapa de recolección de firmas se pueda difundir y contratar publicidad, pero yo entiendo que no, porque está prohibido en la Carta Magna”. Destacó que el presidente López Obrador no podrá estar opinando sobre la consulta en la que los ciudadanos decidirán si continua con su mandata o se va.

La otra iniciativa analizada en el Senado es la presentada por la priísta Claudia Ruiz Massieu, en donde también norma lo establecido en los transitorios de la reforma constitucional en la materia. Es una modificación que debió aprobarse en julio de 2020, como se mandató al Congreso en la reforma constitucional promulgada el 20 de diciembre de 2019. Ahora, a contrarreloj, deberán aprobarla, a fin de que se cumplan los plazos. En noviembre, los ciudadanos deberán pedir en el INE los formatos para la recolección de firmas, proceso que concluirá el 15 de diciembre. A partir de esa fecha, la autoridad electoral tendrá 30 días para verificar que las firmas sean auténticas; en caso de que se reúna 30 por ciento del padrón electoral en por lo menos 17 estados de la República, emitirá la convocatoria y 60 días después será la votación.

De los pasillos

Los desaforaron y, simplemente, se les pelaron. Ni Mauricio Toledo y menos aún Saúl Huerta aparecieron dispuestos a enfrentar a la autoridad, a demostrar su inocencia; hoy todo los hace ver culpables…

Habrá de montarse un buen circo, con todo y maromas, teatro y elementos que causen simpatía. La frontera no la abrirán en un corto plazo los de EU y menos si el reporte de contagios en menores se presenta tan dramático como el dado a conocer por el diario español El País: más de 60 mil niños infectados y 600 fallecidos…

No hay signos de una auténtica reconciliación entre los dos grupos formados dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en las votaciones para las resoluciones presentadas en cada caso se conocerá la verdad…

Reformaron diputados el código penal para garantizar la reparación del daño al medio ambiente

CHILPANCINGO. El Congreso local aprobó reformas al Código Penal para que la autoridad judicial pueda reducir las penas por el delito de daño ambiental hasta en una mitad, en caso de que el imputado o procesado repare o compense voluntariamente el daño ocasionado.

La disminución de la pena procederá cuando se realice o garantice la reparación o compensación del daño como lo establece la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado, antes de que tal obligación le haya sido impuesta por resolución administrativa o sentencia judicial, realizando acciones para restablecer las condiciones ecológicas y el pago por los daños que se ocasionen a la salud e integridad de las personas.

La iniciativa de reforma fue presentada por la diputada Eunice Monzón García y el diputado Manuel Quiñónez Cortés, integrantes del Partido Verde Ecologista de México, quienes consideran que es obligación de la población garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas personas, por lo que resulta importante que cuando se cometan afectaciones y deterioro ambiental y humano, se asuma la responsabilidad y se obligue a la reparación del daño.

Por lo anterior, y una vez analizada la propuesta por la Comisión de Justicia, se consideró añadir a la Ley en comento, sin que pierda el sentido y objetivo, la realización de peritajes con cargo al imputado que permitan conocer si se reparó o se realizó la compensación ambiental correspondiente, para que se ejecute la atenuación de la punibilidad por arrepentimiento del activo y ésta pueda operar plenamente, al considerar que los bienes jurídicos tutelados de naturaleza ambiental pueden poseer las características renovables y en otras ocasiones su condición es irrecuperable.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia dictaminó en sentido positivo debido a la importancia que tiene el cuidado al medio ambiente, dejando plasmado en el Código Penal, de manera clara, el proceso de reparación del daño para las personas que afectan el medio ambiente.

Aprueba Congreso reformas al código penal contra el desplazamiento interno forzado

CHILPANCINGO. La LXII Legislatura aprobó reformas al Código Penal del estado para imponer de seis a doce años de prisión y de tres mil a nueve mil quinientos días de multa de la Unidad de Medida de Actualización, a quien de manera individual o colectiva pretenda, mediante el uso de la violencia y actos intimidatorios, poseer, usar u ocupar temporal o permanentemente el domicilio, patrimonio, posesiones y viviendas de una persona o grupo, ocasionando el abandono de éstos.

Esta reforma y adición se dieron en el capítulo de Delitos de Desplazamiento Interno Forzado, resaltando que dicha penalidad aumentará al doble cuando se cometa en contra de grupos vulnerables, entre ellos niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, periodistas y defensores de los derechos humanos.

El delito de desplazamiento interno forzado y su comprobación requerirá de querella y deberá ser perseguido por la autoridad ministerial respectiva, por ser un asunto de orden público e interés social, y no se entenderá por desplazamiento interno forzado el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de las personas.

La Comisión de Justicia coincidió con la diputada promovente Mariana García Guillen, de Morena, en la necesidad de estas adecuaciones al Código Penal para dejar en claro la presunción del supuesto jurídico que implica el acto intimidatorio y violento del desplazamiento interno forzado, y sea más comprensible el lenguaje en la materia penal, para no dejar lagunas y con el firme propósito de erradicar este fenómeno social.

De acuerdo con el reporte anual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Guerrero superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa en la incidencia de este delito, dejándolo como el estado de la República Mexicana donde más personas se desplazan de sus hogares debido a conflictos violentos suscitados desde el año 2018.

Esta situación que ha obligado más de 5 mil personas a dejar sus hogares en al menos 22 comunidades de ocho municipios de Guerrero -San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión- ha sido por agresiones directas y enfrentamientos de grupos delictivos.

Se refiere que las víctimas de desplazamiento son por lo general niños, niñas y adolescentes, indígenas, estudiantes, profesionistas, adultos mayores, campesinos, pequeños propietarios de negocios, empresarios, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y mayoritariamente mujeres, madres de familia que ante eventos de violencia se ven obligadas a huir con la finalidad de salvaguardar su vida y la del resto de su familia.

Por todo lo anterior, la Comisión de Justicia dictaminó la iniciativa de reforma al Código Penal para crear un marco jurídico que atienda, proteja y asista las necesidades especiales de las personas desplazadas.

Dirección de Servicios Públicos continúa con campañas de descacharrización en colonias y comunidades de Zihuatanejo

Yaremy López

Para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y cuidar la salud de todas las familias, la dirección de Servicios Públicos municipales a cargo de David Luna Bravo, continúa con el programa “Dale la Vuelta al Mosquito” y así poder prevenir estas enfermedades que se desencadenan por la falta del despojo de materiales y cacharros que ya no se ocupan, es por ello que se están llevando a cabo campañas de descacharrización que dieron inicio el día lunes 12 de julio y siguen vigentes en el municipio.

Cabe destacar que hasta el momento se han recolectado 48 toneladas de todo tipo de cacharros como colchones, sillas, cubetas, tinacos, llantas, muebles, entre otros.

El director de Servicios Públicos hizo un llamado a la poblacional y dijo que importante crear conciencia es importante “deshacernos de todo tipo de cacharros que ya no sean útiles, esto con la finalidad de evitar contagios así como la importancia de la colaboración de todos los Zankas, por eso el llamado que sigan participando en estas campañas que realiza el gobierno municipal”.

En CAPAZ trabajamos todos los días en la mejora de los servicios: Luis Salas

Yaremy López

Para beneficiar a decenas de familias de la zona conocida como Buenos Aires, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) trabaja en la reparación y rehabilitación de caja de válvulas y red de distribución que abastecerá a 4 colonias de ese sector de una manera más eficiente.

El director de este organismo municipal, Luis Fernando Salas Reyes explicó que como parte de los avances en la integración de sectores para suministro a través del tanque Buenos Aires, actualmente personal técnico y de mantenimiento trabaja en la construcción de una mejorada caja de válvulas de 6 pulgadas ubicada en la colonia Buenos Aires.

Puntualizó que entre los sectores beneficiados están la colonia Ampliación 24 de Abril, Cerrocoy, Jorge Allec y la Vicente Guerrerro P/A que anteriormente se abastecían con una línea que proporcionaba menor presión debido a la ubicación geográfica elevada en la que se encuentran.

Detalló que las adaptaciones permitirán que los sectores mencionados se abastescan de una línea de mayor dimensión, mejorando el flujo del líquido en los hogares y mitigando los reportes de algunos sectores afectados por la baja presión, en específico, la colonia 24 de Abril.

Por último, el director de la paramunicipal agregó que el organismo a su cargo está trabajando para eficientizar el servicio en todo el territorio de Zihuatanejo así como en comunidades, priorizando problemáticas o reportes emergentes que los usuarios hacen llegar a través de los medios oficiales y digitales de la paramunicipal.

6 motociclistas muertos por accidente en la México-Cuernavaca

Edwin López

Seis motociclistas, entre ellos una mujer perdieron la vida la mañana de ayer luego de accidentarse en diferentes eventos en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, a la altura del kilómetro 51, en Tres Marías.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas.

En los hechos se vieron involucrados por lo menos 13 motociclistas, 15 autos y 2 tráileres.

En el primer accidente sólo dejó motociclistas lesionados, a unos 500 metros hubo 2 motociclistas muertos, luego, a 500 metros, fueron 3 bikers muertos y por ultimo 1 motociclista muerto más a 200 metros.

El hecho dejó también 15 motociclistas más lesionados

Por lo anterior, Caminos y Puentes Federales anunció el cierre de la plaza de cobro de Tlalpan, en el sentido norte-sur, temporalmente.

Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia para brindar atención a los lesionados y hacer el levantamiento de cuerpo de las personas fallecidas.

Las motocicletas que se vieron involucradas tienen placas de México y Guerrero, hasta al momento no se han dado identidades de las víctimas, pero las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar quién fue el responsable.

Cabe mencionar que cada fin de semana ocurren hechos de tránsito que involucran a motociclistas.

La Profeco aplica multas por 6.5 MDP por abusos en productos antiCOVID

Edwin López

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha impuesto multas por seis millones 489 mil 803 pesos a establecimientos que incrementaron injustificadamente los precios de productos para prevenir o atender los padecimientos provocados por el COVID-19.

En un oficio con el que respondió a un exhorto de la Comisión Permanente para que se vigile y sancione a las empresas que vendan a sobreprecio o abusen de los consumidores que requieren de insumos, medicamentos y productos antiCOVID, la Profeco señaló que desde el inicio de la contingencia sanitaria ha atendido dos mil 586 denuncias telefónicas, vía correo electrónico y por escrito, debido al incremento injustificado de precios.

La dependencia federal explicó que por cada una de las denuncias recibidas se emitió una orden de verificación para llevar a cabo la visita correspondiente y constatar que el proveedor cumpla con la ley.

Como resultado de estas diligencias, mil 896 establecimientos resultaron con visita correcta, ya que no se detectó violación alguna; en 646 comercios se detectaron infracciones y a 153 se les impuso medida precautoria de suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios.

La Profeco detalló en su informe a los legisladores que de los 646 procedimientos administrativos iniciados, se han resuelto 288 y la suma total por concepto de multas asciende a seis millones 489 mil 803 pesos.

Tras destacar que se realizaron dos mil 610 visitas de vigilancia a proveedores para constatar que cumplan con lo establecido en la ley, la dependencia remarcó que dichas visitas continuarán realizándose por tiempo indefinido.

Sobre las irregularidades detectadas, la Profeco indicó que durante 2020 se identificó que algunos proveedores ofrecían productos para atender los padecimientos originados por el COVID-19, como esterilizadores, mascarillas, jabones, entre otros, por lo que inició cinco procedimientos por considerar que algunos de ellos violaban la ley.

La dependencia refrendó al Congreso su compromiso de evitar aumentos injustificados a los insumos, medicamentos y productos que se ofrecen para atender la pandemia de coronavirus, y sancionar a los proveedores que pretendan lucrar a costa de los consumidores.

Haití sube a mil 297 la cifra de muertes por sismo

Edwin López

Autoridades de Haití subieron este domingo a mil 297 la cifra de muertos a causa del sismo de magnitud 7.2 que asoló el sábado el suroeste del país.

Protección Civil informó que mil 054 personas murieron en el departamento del Sur, otras 122 en Nippes y 119 en Grand Anse, todas ellas provincias de la península suroeste, mientras que otras 2 personas murieron en el noroeste del país.

Las autoridades incrementaron a 5 mil 700 los heridos a causa del terremoto, que destruyó 13 mil 694 casas y causó daños a otras 13 mil 585, así como a numerosos hospitales, escuelas y otras edificaciones, según cifras facilitadas por el ministro de Comunicación, Jean Emmanuel Jacquet, a medios locales.

El balance de víctimas mortales casi duplica las cifras del boletín ofrecido la mañana del domingo, cuando se habían contabilizado 724 fallecidos.

El terremoto, que ya forma parte de los diez sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis du Sud, con un hipocentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba.

El siniestro se produce en medio de un contexto difícil para Haití, que atraviesa desde 2018 por una delicada crisis política y económica, agravada por el asesinato —el pasado 7 de julio— del presidente Jovenel Moise, a cargo —según las pesquisas— de un comando de 26 mercenarios que irrumpieron en su residencia en Puerto Príncipe.