Ruth Tamayo Hernández
La corrupción crea miseria
La ASE se mueve a paso de tortuga
La corrupción, mis estimados, es el mal de todos los males; es una podredumbre que contaminó al país en general. Todos los mexicanos conocemos de qué tamaño es el boquete de pudrición que supura pus en nuestro México lindo y querido, y por eso el país tiene millones de personas en pobreza extrema, y que vive carencias muy severas en relación a la educación y salud, alimentación y vivienda.
Sin embargo, la magnitud del problema apenas se revela, y para muestras un botón: Durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, recordarán que siempre presumió el combate a la corrupción; no obstante, los datos oficiales muestran lo contrario. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, puso al descubierto al ex presidente mexiquense, pues en su administración el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones, al pasar del lugar 105 en 2012 al 138 el año pasado.
Tan sólo en el último año, México cayó tres lugares respecto al 2017 y se ubicó en la posición 138 de 180 países, al obtener una calificación de 28 puntos sobre 100. México se ubica al final de la tabla, apenas por arriba de Guatemala y Nicaragua, naciones con crisis de gobernabilidad democrática. ¡Caray!, con razón los estados y municipios del país están infestados de delincuentes. Con estos datos, mis estimados, pueden darse una idea del porqué el país está en desdicha, con altos índices de criminalidad y pobreza, pues la corrupción tiene un tremendo impacto negativo para el desarrollo de la población. Al haber corrupción e impunidad, dos flagelos que van de la mano, se reducen los recursos públicos, y eso se refleja en menos recursos a rubros prioritarios para el progreso de los pueblos, como por ejemplo educación y salud.
Con el cambio de gobierno se destapó la cloaca y es inevitable la hediondez que alcanza a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues el gobierno de AMLO no se callará semejante asunto y en su momento va a revelarlo todo, como ya hizo en el caso del petróleo, e irá desenredando la madeja hasta dar con los culpables.
De hecho, volvió a decir el presidente López Obrador, que va a terminar con la corrupción, al costo que sea.
Sin embargo, en el tema llamado corrupción el estado de Guerrero no canta nada mal las rancheras, y el efecto nacional está metiendo al aro a los funcionarios estatales. El gobernador Héctor Astudillo Flores, el año pasado puso en marcha un plan de combate a la corrupción; no obstante, fue revelado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que continúa un proceso resarcitorio contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), pues según la ASE dicho organismo paramunicipal, durante el periodo del presidente Evodio Velázquez Aguirre, incurrió en irregularidades financieras y cuatro ex funcionarios tendrán que devolver más de 100 millones de pesos al organismo. ¡Caracoles bien refritos!
¿Será que le va a caer la tartamuda al perredista Evodio Velázquez Aguirre? Dudo mucho que trascienda el caso. Dijo el auditor que en diciembre iniciaron el procedimiento resarcitorio contra cuatro ex funcionarios de la Capama, pero adivinen qué, el auditor Damián Peralta se negó a dar los nombres de los ex funcionarios, como ya es su costumbre, aludiendo que están en proceso y que los involucrados serán llamados de nueva cuenta por la ASE para concluir el procedimiento.
Damián Peralta aseguró que la ASE volverá a llamar a los ex funcionarios involucrados en este fraude y que estos tienen derecho a presentar la documentación que compruebe ese billetito. Pero sino solventan las observaciones financieras, indicó el auditor, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se haga un procedimiento de ejecución fiscal y embargue los bienes con los que habrán de pagar los más de 100 millones de pesos. ¿Qué tal?
Lo malo del relato, mis estimados, es que los ciudadanos desconocemos en qué paran estos procesos, pues nunca se da a conocer si devuelven el recurso los ladrones ex funcionarios, si los inhabilitan por cinco años o si los encarcelan. Una cosa nos queda clara: nadie ha pisado la cárcel por robarle al pueblo.
Además, ese correctivo de la inhabilitación política es de risa loca; deberían inhabilitarlos de por vida para ocupar cargos públicos, pues para no variar el auditor Damián Peralta dijo que la ASE inhabilitó por cinco años al ex presidente de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez, y a tres ex funcionarios más: el síndico, el tesorero y el director de obras públicas de ese municipio, en la administración 2015-2018, por la omisión en la presentación de la cuenta pública del 2017. Por eso hacen lo que les da la gana los funcionarios, pues los castigos son menores.
Al que también le van a cobrar los berrinches y le pasará la guillotina es al ex presidente del municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. La auditoría que viene para este angelito es del programa anual de 2018, pues le pusieron el dedito meñique en su foto al chilpancingueño, y si la suerte lo abandona le van a cobrar muy caro sus arranques de soberbia.
Los funcionarios del gobierno de Antonio Gaspar Beltrán, comienzan a cantar como los grillos a la oreja al ex alcalde Leyva Mena, que de plano solito cavó su propia tumba, políticamente hablando. Y dice un dicho popular que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Jojojo.
Aunque yo no me trago el discurso de la ASE, pues ni están en la lista todos los que deberían estar, ni están todos los que son y que en su momento fueron señalados de desvíos de recursos; sin embargo, lo que ha trascendido en redes sociales, en relación al desvío de recursos por parte del gobierno del ex alcalde acapulqueño, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, no tiene ninguna comparación con los 100 millones que reveló el auditor Damián Peralta. Se habla en realidad de una millonaria fortuna. Pero el ex alcalde se defiende y dice que no todo ese desfalco es de su administración, que hay otros muñecos involucrados, pero tampoco revela nombres.
Y decíamos, mis estimados, por el rebenque de la corrupción, la pobreza e inseguridad golpea duramente al municipio de Acapulco. El puerto posee altos índices de personas pobres y en pobreza extrema. Es inimaginable que un puerto como Acapulco maneje estas listas de pobres. Existe un rezago en el municipio en todos los rubros; sin embargo, lo que tiene en la lona al puerto es la criminalidad. El destino de playa está a centímetros del abismo y de no ser rescatado urgentemente por la federación y el estado, el puerto turístico se disipará como la brisa del mar. Ningún guerrerense en sus cinco sentidos, desea que eso ocurra con el puerto de Acapulco; sin embargo, es bien urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que hagan lo que corresponda para que los acapulqueños vivan en paz.
Les recuerdo que nadie debe estar por encima de la Ley; ese es el primer requisito para que haya orden en la entidad, por eso hay gobierno estatal, municipal y federal, cada cual en sus territorios. Todos debemos respetar las leyes, y es el gobierno quien debe meter orden en el estado y municipio. ¡Feliz día, mis estimados!