Lilia Arellano
*Reconversión del Cisen
*Fox, Calderón y Peña:
uso faccioso de aparatos del Estado
*Centro Nacional de
Inteligencia, necesario en 4ª Transformación
La reconversión del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) a Centro Nacional de Inteligencia en la 4a Transformación no
parece ser la más adecuada hasta el momento, tras la conclusión de su
desmantelamiento durante la administración de Enrique Peña Nieto, en la cual
fueron despedidos 1 mil 164 servidores públicos capacitados en el arte del
espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. Sin duda, durante los
últimos tres sexenios hubo sólo improvisados al frente de la seguridad nacional
y las consecuencias de ello ahora se viven con una mayor violencia en todo el
país, el crecimiento del crimen organizado, una corrupción desbordante en los
tres Poderes de la Unión y un alto nivel de injusticia e impunidad agravante
para los mexicanos.
Es indiscutible que todo gobierno necesita recolectar y
procesar inteligencia. Sin duda, eso es parte de la materia prima requerida
para prevenir algunos acontecimientos, es un elemento en la construcción de la
gobernabilidad de un país. Desparecer el área de Inteligencia de un Estado es
bastante cuestionable, pues dejaría todo ese campo en manos de las fuerzas
armadas, las cuales tienen poderosos aparatos paralelos al del desaparecido
Cisen. El pasado 30 de noviembre de 2018 se creó el Centro Nacional de
Inteligencia, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. Al frente del CNI está el general en retiro Audomaro Martínez
Zapata, con 70 años de edad y la mayor parte de su vida activo en las Fuerzas
Armadas. Cuenta con una maestría en administración militar para la seguridad y
defensa nacional y es profesor de tácticas militares en la Escuela Superior de
Guerra. Sin duda cuenta con los atributos indispensables para encabezar el CNI.
El CNI asumió las funciones del Cisen, pero ahora bajo la
supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entre
las cuales sobresale: “Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de
seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a
fortalecer el Estado de Derecho”; “Procesar la información que generen sus
operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación
específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones
correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país”; y
“proponer medidas de prevención disuasión, contención y desactivación de
riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las
instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de
Derecho”.
El Centro Nacional de Inteligencia deberá reasumir las
labores para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
mexicano. De ahí que resulten necesarios los servidores públicos capacitados en
las artes del espionaje, la inteligencia y la seguridad nacional. No es buena
idea el despido de decenas, cientos, de estos elementos. ¿A qué se dedicarán
ahora estos espías? El CNI opera con quienes eran empleados del Cisen y hereda
sus viejos vicios: opacidad, falta de transparencia, espionaje (escuchas
ilegales), falta de control y vigilancia, además de opaco ejercicio del
presupuesto público, el cual por cierto sólo es 16% menor este año en relación
a 2018.
El argumento sobre el cual se basa la labor del nuevo Centro
Nacional de Inteligencia es la consideración del presidente Andrés Manuel López
Obrador de haber sido el Cisen un organismo encargado de elaborar archivos
políticos usados por el Estado para perseguir opositores.
Los resultados del espionaje político ejercido por gobiernos
anteriores quedó al descubierto con la apertura de expedientes de la Galería
Uno del Archivo General de la Nación (AGN), en donde se integraron 1 mil 937
versiones públicas de instituciones, elaborados por las desaparecidas:
Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones
Políticas y Sociales y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Esos expedientes, con 3 mil 201
legajos actualizados a julio de 2018, contienen información de escritores,
intelectuales, periodistas, actores, empresarios, luchadores sociales, líderes
sindicales, políticos extranjeros, narcotraficantes, ex presidentes y
funcionarios públicos mexicanos. Asimismo, existen documentos sobre empresas,
organizaciones populares, guerrillas, partidos políticos, organizaciones
religiosas e instituciones públicas como policías y gobiernos estatales,
embajadas y universidades públicas.
Desde los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se
llevó a cabo el desmantelamiento del Cisen, un órgano fortalecido por Ernesto
Zedillo, el cual no era del total agrado de los panistas. Fox le quitó
presupuesto así como atribuciones y personal. Desde la Secretaría de
Gobernación, Santiago Creel se opuso a ello y empujo a Eduardo Medina Mora como
su director. El primer gobierno federal panista creó la Secretaría de Seguridad
Pública, con Alejandro Gertz Manero al frente, enfrentado con Creel y con
Rafael Macedo de la Concha, quien estaba como titular de la Procuraduría
General de la República. Gertz se dedicó a desarticular las áreas de seguridad
heredadas. Al mismo tiempo, Adolfo Aguilar Zínser fue colocado al frente de una
Comisión Nacional de Seguridad, en la cual se pretendía que todas las áreas de
seguridad, del Ejército, la Marina y el Cisen, rindieran cuentas, pero este
mecanismo no funcionó.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se crearon centros de
fusión de inteligencia en México con el apoyo del gobierno de Estados Unidos,
como parte de una estrategia contra el crimen organizado, confirmó Guillermo
Valdés Castellanos, ex titular del Cisen en la administración del michoacano.
En algunos de estos centros de inteligencia incluso participaban agencias
estadounidenses. Un documento desclasificado por el Pentágono en 2010, escrito
por Pwill Weschler, cabeza de la oficina antinarcóticos y amenazas globales del
Pentágono, explica que el “Centro De Fusión México”, cuenta con 10 computadoras
que operan con protocolos secretos y conectadas a comunicaciones de
inteligencia de EU. También dos estaciones para monitoreo satelital y equipo de
comunicación segura de datos y voz. ¿Siguen operando?
Cabe destacar la violencia en México se aceleró a partir del
gobierno de Felipe Calderón, en 2008, y se apremió en 2011, con casi 17 mil
muertos sólo en ese año, originada por grupos de delincuencia organizada con
gran poder económico, social y militar, combinado con un largo historial de
corrupción y complicidad institucional, en buena parte a nivel local.
Enrique Peña Nieto siguió el proceso de desmantelamiento del
Cisen y terminó cerrándolo, no sin antes darle un uso faccioso para beneficiar
a los grupos políticos del Estado de México y de Hidalgo. Durante los primeros
años de la administración del mexiquense, el Cisen solicitó al Poder Judicial la
intervención de 2 mil 789 comunicaciones privadas, mientras en todo el sexenio
de Felipe Calderón sólo pidieron 319. El máximo de solicitudes para espiar
privados se alcanzó durante 2016, pues hasta el 5 de diciembre ya llevaban 844
trámites de este tipo.
El espionaje político durante la gestión federal de EPN se
hizo prácticamente sin control. Dos días después de iniciar las campañas
presidenciales de 2018, la entonces PGR compró por más de 4 millones de dólares
un software espía para geolocalización de celulares. Esta herramienta y otras
similares para la intercepción de comunicaciones, fueron utilizadas de manera
arbitraria poniendo en riesgo derechos fundamentales como el de la privacidad,
el acceso a la información y presunción de inocencia.
Las principales instituciones de seguridad tanto a nivel
nacional como estatal, adquirieron y utilizaron hardware y software para fines
de espionaje. Su compra no es ilegal, pero si su uso sin cumplir con las leyes
que marca la Constitución. Entre 2016 y 2017, solamente alrededor del uno por
ciento de las veces que se ejerció Localización Geográfica en Tiempo Real se
hizo con una autorización judicial previa.
Otras herramientas de espionaje, programas y equipos, fueron
adquiridos por el gobierno federal y las entidades federativas, las cuales en
la actualidad siguen activas. Una de éstas es el programa Tayopa, el cual fue
desarrollado bajo el mando de Jesús Murillo Karam y consistió en el armado de
camionetas para espionaje, cuyo costo aproximadamente fue de 8 millones de
dólares. Las plataformas adquiridas el sexenio pasado, las cuales siguen
utilizándose para interceptar llamadas telefónicas y extraer información de los
celulares, son JCI para AT&T y Trinity para Telcel y Movistar.
Equipos similares fueron adquiridos por gobiernos de las
entidades federativas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo compró el
10 de marzo de 2017 un “software para geolocalización” con 2 mil 700 consultas
marca Geomatrix por el precio de un millón 879 mil 200 pesos; en noviembre de
2016, Rodolfo García Garza, entonces titular de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México, autorizó la adquisición de un “Sistema de
intercepción y localización de teléfonos (G12 de la marcar Verint), cuyo costo
fue de 25 millones 520 mil pesos; Baja California hizo lo mismo con equipo de
vigilancia, análisis de comunicaciones y forense celular para la Procuraduría
General de Justicia del Estado por 16 millones de pesos.
