Francisco Ortiz Pinchetti
La supuesta “consulta
ciudadana” fue convocada sin ningún sustento legal y carente de rigor técnico.
No tuvo el aval ni la supervisión de alguna autoridad electoral o al menos una
entidad autónoma. No hubo cabal difusión sobre la ubicación de las escasas
mesas de votación, que estuvieron manejadas por partidarios del propio promotor
del “ejercicio”. Ellos mismos se encargaron de recoger la votación en urnas
improvisadas, de custodiarla y de contarla.
Las preguntas estuvieron
evidentemente sesgadas, a modo de inducir a los votantes hacia la opción que a
los organizadores importaba. No se contó por supuesto con una lista nominal de
electores y los que acudieron pudieron votar dos, tres y las veces que quisieran
en diferentes casillas, o en la misma, según constataron y documentaron
diversos medios de comunicación. Tampoco se respetó el secreto del voto, claro.
Al final, el cómputo
favoreció abrumadoramente a la propuesta preconcebida, aunque el índice de votación
haya sido ridículo: menos del 1.2 por ciento del padrón electoral. No obstante,
y a pesar de impugnaciones sin cuento, se consideró que el pueblo sabio se
había expresado y se actuó en consecuencia.
No me refiero a la farsa
montada por el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para
tratar de avalar con otra “consulta ciudadana” el atraco que pretende perpetrar
para ampliar su mandato a cinco años, aunque legalmente fue electo para
gobernar solamente dos, a fin de “empatar” las elecciones estatales con las
federales.
Flaca memoria: los datos
comprobados y publicados que anoté arriba se refieren a la “consulta” que
promovió Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente electo, para
justificar con la opinión del pueblo sabio su decisión de cancelar el proyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en octubre del año
pasado, que costó al país más de 130 mil millones de pesos. “La decisión es
obedecer el mandato de los ciudadanos”, dijo el tabasqueño muy orondo. “De modo
que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía”.
Las similitudes son todas.
Bonilla Valdez siguió el
guión al pie de la letra. Aplicó la receta como si tuviera a la vista un
libreto. Las mismas tácticas tramposas. Las mismas anomalías, carencias y
omisiones. Las mismas mentiras. No en vano es discípulo amado, fiel seguidor
del hoy Presidente de la República.
Acaudalado empresario
tijuanense de los medios de comunicación de 69 años de edad y con antecedentes
más oscuros que sus anteojos infaltables, es amigo muy cercano del residente de
Palacio Nacional. Los une no sólo su mutua afición por el beisbol, sino un
compromiso político de tiempo atrás, cuando menos desde que el bajacaliforniano
fue diputado federal por el PRD (2012-2015).
El tabasqueño lo puso primero
como dirigente estatal de Morena y luego lo nombró coordinador de su campaña en
la región. Lo impuso también como candidato a senador en la elección federal de
2018, cargo que alcanzó, aunque a poco pidió licencia para convertirse en
“súper delegado” del Gobierno de López Obrador en la entidad fronteriza y dos
meses más tarde candidato a Gobernador.
La identidad entre ambos es plena, obvia, pública.
Lo más grave, y para muchos
harto significativa, ha sido la actitud omisa de López Obrador ante las
tropelías de su ahijado. Una y otra vez se ha resistido a deslindarse de la
reforma constitucional urdida para burlar a la ciudadanía bajacaliforniana, que
eligió un Gobernador para dos años. Y ahora lo hace ante la “consulta gansito”
del domingo pasado, remedo de la suya propia. Y todo eso no parece nada casual.
Aguas.
En vez de aceptar la
responsabilidad del autor obvio de la reforma a la Constitución de Baja
California, perpetrada el 8 de julio pasado, recurre a las ambigüedades y pide
a quienes la aprobaron, o sea los diputados locales que según se supo
recibieron sobornos millonarios, “retractarse y pedir disculpas”.
Ha dicho lo mismo que le da
“pena” el tema, sin precisar cuál es el motivo concreto de su sentimiento o que
es una “chicanada” que la llamada Ley Bonilla no se publique (lo que por cierto
ocurrió ya este jueves), sin explicar tampoco el sentido de su crítica. También
y finalmente que el caso ya lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la
Nación…
Resulta sin embargo que uno de los actores que tienen facultades para presentar
ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad una vez que sea publicada la
Reforma, es precisamente el Presidente de la República. No obstante, Andrés
Manuel descartó promover acciones legales al respecto. “No quiero intervenir en
el caso”, dijo. Así, o más claro. Válgame.
