TEPJF: la crisis y la sucesión
Se salió con la suya el magistrado José Luis Vargas Valdez, primero promotor y luego grosero cuestionador de la presidencia de Janine Otálora Malassis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El miércoles 23 de enero de 2019, Otálora hizo pública su renuncia, si bien continuará como magistrada.
Con su actual integración, el TEPJF ha perdido buena parte del ya menguado prestigio que le entregaron sus predecesores inmediatos. Sus sentencias absurdas que traicionan sus propios criterios, su protección a los intereses del PRI (cuando estaba en el poder), su sumisión a la “línea” de Los Pinos, frecuentemente por conducto del consejero jurídico de la anterior Presidencia, militan entre las causas de tal pérdida.
¿Cómo olvidar sus lamentables sentencias sobre Coahuila, el Estado de México, el registro de El Bronco, las alcaldías de Monterrey y Coyoacán, la gubernatura de Puebla? ¿Cómo ignorar las versiones sobre el tráfico de sentencias con la participación de despachos de familiares?
Como secuela indeseable del caso Puebla, donde su proyecto que postulaba la nulidad de la elección de gobernadora fue derrotado por cuatro votos contra tres, el magistrado José Luis Vargas Valdez llegó al extremo de anunciar que presentaría denuncias en contra de la presidenta del Tribunal, por presuntas irregularidades, y propuso que en una sesión pública se discutiera su continuidad al frente del órgano de justicia electoral. La confrontación pareció amortiguarse durante algunas semanas, pero al parecer el anuncio sobre la dimisión de Otálora sólo se aplazó.
En su comunicado de renuncia, la magistrada alude al asunto en estos términos: “La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores”. Sin duda así ha sido, pero importa revisar procedimientos y conductas, para evitar que las naturales confrontaciones entre partidos incidan negativamente en la vida interna del TEPJF. Una sana práctica, ya ejercida por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña, es que los cabildeos o alegatos de oreja de los partidos no se realicen individualmente, sino siempre transparente y colectivamente.
Si bien no logró controlar por completo la administración interna de la Sala Superior, Janine Otálora fue una presidenta cuyos votos fueron argumentados con solidez, independientemente de que algunos resultaran polémicos. Desde mi perspectiva, deja la presidencia con un balance positivo.
La sucederá el magistrado Felipe Fuentes Barrera, a quien se le percibe como cercano al Partido Revolucionario Institucional, y quien ha sido ponente de casos polémicos (para decir lo menos) como las tarjetas del PRI en Coahuila (RAP 202/2017), nulidad de la elección de la alcaldía de Monterrey (REC 1638/2018) y registro de El Bronco (JDC 186/2018). En los casos de Coahuila y Monterrey resultaron ganadores los candidatos Miguel Riquelme y Adrián de la Garza, ambos postulados por el PRI.
La elección de Fuentes, efectuada por una extraña unanimidad, no es una buena noticia, por sus antecedentes. No obstante, le es exigible una conducta imparcial, genuinamente apegada a la Constitución y las leyes electorales y alejada de los despachos de familiares. Así podrá corresponder a la confianza de sus homólogos y, sobre todo, contribuir al fortalecimiento de la democracia, cuyo avance no puede medirse sólo en los resultados y la alternancia, sino también en la calidad de los procesos comiciales, muy insatisfactoria hasta ahora.
