Una larga batalla entre policías y militares
Hace 20 años, el gobierno de Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva (PFP), un cuerpo formalmente civil pero integrado por efectivos del Ejército y de la Marina.
Su primer comisionado fue un civil: Omar Fayad, ahora gobernador de Hidalgo. Como para entonces la experiencia de Fayad en la materia era solo su paso por la comisión de seguridad en la Cámara de Diputados, no duró más que unos meses ante su falta de mando y ascendencia entre los militares. Lo reemplazó el almirante de Marina, Wilfrido Robledo Madrid.
La actuación más conocida de la PFP fue en febrero del 2000, cuando tomó Ciudad Universitaria para poner fin a diez meses de huelga. Fue una operación planeada por los mandos de la PFP en la Secretaría de Gobernación, que entonces estaba a cargo del tema de seguridad. Vestidos de policías federales, los militares salieron de madrugada del campo militar de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, Estado de México, para hacerse del control de la UNAM y detener a los líderes huelguistas.
Cuando llegó Vicente Fox a la Presidencia, el mando de la PFP volvió a ser civil: Alejandro Gertz Manero. Además de ser el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el ahora también primer fiscal General de la República asumió directamente el mando policial, después de una intensa confrontación con el almirante Robledo.
La PFP era aún un cuerpo militarizado, con más de cinco mil efectivos. La SSP mantenía sus convenios de préstamo con el Ejército y la Marina. A la salida de Gertz, otro almirante ocupó por unos meses la comandancia de la PFP, José Luis Figueroa.
Después volvió el mando civil. Ardelio Vargas Fosado, quien entonces era jefe de Estado Mayor quedó como comisionado encargado. Fueron los hombres a cargo de quien después sería el director del Instituto Nacional de Migración (INM), los que protagonizaron, en 2006, al final del gobierno de Fox, la represión contra los pobladores de San Miguel Atenco opuestos a la construcción del aeropuerto en Texcoco.
Felipe Calderón inició su gobierno con una PFP militarizada y desprestigiada. En su declaración de “guerra a las drogas”, les quitó a los militares los uniformes de policías civiles y los mandó a la confrontación directa con los narcotraficantes. Tarea a la que se sumaron otros 40 mil soldados y marinos.
El titular de la SSP, Genaro García Luna, rebautizó al cuerpo policial y la dejó solo como Policía Federal (PF). Sacó a los militares para crear un cuerpo civil. En 2009, Calderón volvió a poner de uniforme de policía a militares para la ocupación de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en su objetivo de desaparecerla.
Calderón le dio a García Luna cuanto quiso para la PF: dinero, infraestructura, equipo y hombres. De cinco mil pasó a más de 35 mil efectivos al final de su sexenio.
El conflicto entre civiles y militares se mantuvo en medio de acusaciones mutuas de colaboración con la delincuencia organizada. Ambos llevaban parte de razón.
El gobierno de Peña Nieto desapreció la SSP, regresó las funciones de seguridad a la Secretaría de Gobernación e intentó transformar la PF en una Gendarmería Nacional.
La Gendarmería naufragó entre la incapacidad del entonces comisionado de la PF, Manuel Mondragón, y los conflictos entre el Ejército y la Marina con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio -ahora senador- por el control del nuevo cuerpo.
Ni Calderón ni Peña pudieron en 12 años lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador en unos cuantos meses: reformar la Constitución para darles a las Fuerzas Armadas el marco legal de su participación en tareas seguridad pública.
Más aún, les entregó de plano esa función y les creó la Guardia Nacional en la que los militares serán los mandos operativos y tendrán como subordinados a más de 20 mil efectivos civiles de la Policía Federal.
Aunque López Obrador insistió en que la PF no servía, la Guardia Nacional se organizará sobre la base de ésta. Todas sus instalaciones, equipos y activos estarán a disposición de los jefes militares. Por lo menos, hasta el fin de este sexenio, cuando por mandato constitucional se revise si la Guardia Nacional se mantiene con el control y composición militar o soldados y marinos regresan a sus cuarteles.
Entonces, se podría abrir una nueva disputa entre civiles y militares. Dependerá de los resultados que entreguen los mandos castrenses de la Guardia Nacional.
Dos décadas de una batalla burocrática en la que los grandes ganadores han sido la corrupción y la delincuencia organizada, con su gran cauda de violencia.