Pablo Raphael
Una semana antes de la desgracia, un grupo de soldados que custodiaba los ductos de Pemex en la zona de Tlahuelilpan, Hidalgo, fue agredido por huachicoleros. Tres elementos del Ejército fueron retenidos contra su voluntad y 72 horas después los criminales liberaron al último.
Desde 2014 hay reportes de seguridad que refieren a la banda criminal que administraba las tomas clandestinas en esa región. La comunidad sabe que su base no está en Tlahuelilpan, sino en la población vecina de Teltipán de Juárez.
Entre los líderes huachicoleros destacaba Julio César Zúñiga Cruz, apodado por sus compañeros como La Parka. Se trata del mismo sujeto que, 24 horas después del incendio, fue baleado en la carretera Mixquiahuala-Tlahuelilpan y murió antes de llegar al hospital.
Sería ingenuo suponer que no hay vínculo entre los tres eventos: el secuestro de soldados, el incendio de la toma clandestina y el asesinato de Zúñiga Cruz. Sin embargo, no existe todavía información suficiente para ligar, en una narrativa comprensible, los elementos que explicarían la tragedia responsable de segar una centena de vidas humanas.
Rubén Salazar, consultor en seguridad para asuntos energéticos de Etellekt, señala que el robo de combustible en los ductos de Pemex no es un hecho nuevo: hay registro de tomas clandestinas desde que se instaló el ducto que se extiende de Tuxpan a la refinería de Tula.
Sin embargo, es a partir del año 2004 cuando el robo hormiga se transformó en un negocio ligado a los grandes cárteles del crimen organizado. En Hidalgo, concretamente, fueron Los Zetas –encabezados en ese momento por Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca–, quienes escalaron en volumen y sofisticación este negocio criminal.
Los Zetas contrataron a pequeños grupos locales para que robaran el combustible y luego se hicieron cargo de comercializarlo a granel.
Subraya Rubén Salazar que, hacia 2009, el gobierno de Felipe Calderón compartió con las autoridades de 400 municipios los planos de los ductos de Pemex por donde fluye el combustible. El propósito, se dijo, fue sumar a ese ámbito de gobierno en el combate contra los huachicoleros.
¿Inocencia o perversidad? Después de esa decisión, los planos de esos ductos cayeron en las manos equivocadas. Las empresas criminales dedicadas al robo y comercialización de hidrocarburos compraron predios y construcciones adyacentes a los tubos para potenciar, con mayor comodidad, el hurto.
Gonzalo Monroy, experto de la consultora GMEC, advierte que, al principio, el combustible robado se revendía entre transportistas que requerían volúmenes grandes de diésel o gasolina, pero a partir de 2014 la población civil también decidió adquirir el combustible ilegal, debido a la diferencia de precios.
“¡Vamos por la gasolina de a diez!”, cuenta el reportero Alejandro Torres Castañeda, de Noticiario Retrovisor, que convocaba la gente de la región. El ahorro de ocho o nueve pesos por litro de gasolina no es argumento menor, sobre todo en épocas de dificultad económica.
El negocio de combustible robado se volvió aún más jugoso y masivo en los últimos cuatro años. El gobierno de la República asegura que, sólo en 2018, fueron extraídos ilegalmente más de 60 mil millones de pesos en combustible, lo cual implicaría que, durante la última década, Pemex sufrió pérdidas aproximadas por 250 mil millones de pesos relacionadas con esta forma corrupta de extracción.
Mientras esto ocurría, germinaron las pequeñas organizaciones responsables del robo hormiga a lo largo de la geografía por donde corren los ductos de la paraestatal. Lo mismo en Nopalucan de la Granja que en Palmarito, Puebla, en Acambay, Estado de México, o en Mixquiahuala, o Teltipán de Juárez, en Hidalgo.
Las bandas recolectoras del huachicol no son las responsables de vender el producto al mayoreo, porque esa es tarea de los cárteles grandes. Se añade, en este contexto, la pugna por el territorio de la criminalidad que han emprendido esas empresas de talla mayúscula.
La región donde se encuentran las poblaciones de Tlahuelilpan, Mixquiahuiala, Teltipán y Tula sufre hoy en día la disputa violenta entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los antiguos Zetas.
Hasta el fin de semana de la tragedia, el grupo criminal que controlaba el tramo preciso del ducto que hizo explosión estaba bajo las órdenes de una banda cuyo centro de operaciones está en Teltipán de Juárez. Y, en efecto, Julio César Zúñiga Cruz, alias La Parka, era una de las cabezas de esa organización local.
Fuentes reporteriles de Tula informan que dicho sujeto habría participado en el secuestro de los soldados ocurrido la semana previa al accidente, hecho que lo colocó bajo la mira de autoridades y enemigos, incluso antes de que sucediera la tragedia.
Pero Zúñiga Cruz no era el único líder huachicolero de la región, ni su asesinato desmantela el negocio o las operaciones de la organización para la cual trabajaba. El sujeto es una mera hebra del extenso tejido empresarial detrás del robo de combustible en la zona de Tula.
Afirma el presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, que en su pueblo la gente no es huachicolera, y tiene razón: los huachicoleros viven y despachan en Teltipán de Juárez y, excepto a Zúñiga Cruz, hasta el día de hoy a nadie más le ha sucedido nada.
La credibilidad en la lucha contra el control del territorio que tienen las grandes organizaciones del crimen organizado depende en este momento de la manera como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atienda la crisis de Tlahuelilpan.
Dejar las cosas como están en términos criminales, aunque se repartan apoyos sociales al por mayor, sería una simulación.
Desmantelar la banda de Teltipán de Juárez que secuestró soldados, provocó la fuga del ducto de Tlahuelilpan y controla la región de Tula es un mandato que la realidad impuso como ineluctable.
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