Ayotzinapa no es sólo una geografía y un calendario en la larga lista de masacres y violencia estatal contra los de abajo en México; es también un punto de quiebre en la época de barbarie que los mexicanos vivimos desde 2006, cuando el Estado desató una guerra contra la población con el pretexto de combatir al crimen organizado. La masacre de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde se asesinó a seis personas y se desapareció a 43 jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fue un punto de quiebre porque desató la indignación de millones de personas en México y en varios países del mundo.
Casi de inmediato se entendió que los hechos de Iguala fueron un crimen estatal: “Fue el Estado”, se pintó en calles, muros y carteles de todo el país al tomar conciencia del hecho represivo de semejantes proporciones.
De la reconstrucción de hechos, recolección de testimonios y visitas al lugar, los expertos del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) encontraron que los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas tres normalistas que fueron ejecutados con disparos a quemarropa y otro más torturado y después asesinado: Julio César Mondragón. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas por disparos de armas de fuego; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 normalistas fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas aproximadamente, de los días 26 y 27 de septiembre, lo cual muestra una capacidad operativa y coordinación de las acciones de nivel centralizado.
La investigación del GIEI demostró que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes corporaciones del Estado a través del C-4 y a través de otros mecanismos e instituciones.
A pesar de la tenacidad de los padres, familiares y organizaciones que los acompañan, a pesar de las movilizaciones sin parar desde 2014, a pesar de desmontar lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto llamó la “verdad histórica” y a pesar de conseguir que el Estado constituyera una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, todavía no se sabe donde están los 43 estudiantes desaparecidos.
Las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los normalistas no fueron suficientes para detener el fenómeno de las desapariciones en México. Triste y lamentablemente no sólo no se sabe donde están los 43 sino que en estos seis años se han acumulado decenas de miles más de casos de personas desaparecidos en todo el país.
Mientras el Estado apuesta por el olvido y la impunidad, las movilizaciones para no olvidar la masacre de Iguala y otras, la apuesta por no olvidar a los desaparecidos, no olvidar a los bebés que murieron en el incendio de la Guardería ABC y otros terribles casos ocurridos en años recientes, es una apuesta contra la impunidad, contra las desapariciones, contra el despojo y la represión que están detrás de esta violencia estatal en esta fase de acumulación por desposesión.
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