Armando Ríos Piter
Gran revuelo generó la aprobación del plan de estímulo financiero impulsado por el presidente estadounidense Joe Biden, mismo que fue arpobado por el Congreso el pasado 10 de marzo de 2021. Con un monto de 1.9 billones de dólares, el plan forma parte de la estrategia de la nueva administración para enfrentar las secuelas de la pandemia en la economía de nuestro vecino del norte.
Primero fue aprobado en el Senado y posteriormente en la Cámara de Representantes, pero con la votación en contra de los republicanos. Aún cuando la líder demócrata, Nancy Pelosi declaró que el “American Rescue Plan” marcará la diferencia para millones de personas, “salvando vidad y medios de vida”, la minoría opositora cuestionó la propuesta por “partidista, divisiva, destinada al derroche y francamente inútil”.
El objetivo del plan de rescate es aliviar la dramática caída que ha sufrido la economía de los Estados Unidos, debido a la pandemia. Conlleva cheques directos por 1.400 dólares para aquellos contribuyentes que cuenten con ingresos inferiores a 80,000 dólares anuales y de 2,800 para una pareja casada que declare su renta de forma mancomunada. Dadas estas condiciones, la ayuda será recibida por la gran mayoría de estadounidenses, considerando que durante el 2019, el ingreso medio por hogar fue de 68,703 dólares. Los estímulos también implicarán subvenciones para apoyar a las pequeñas empresas que han sido afectadas.
Cabe recordar que con éste, ya van cuatro programas de impulso a la economía desde la época de Donald Trump, que en 2020 significaron 2.6 billones de dólares (equivalente aproximadamente al 13% del PIB). A pesar de los apoyos, la caída de la economía en aquel país a lo largo del 2020 significó una contracción de aproximandamente un 3.5%. Sirvan estas consideraciones para ubicar en su justa dimensión el perfil de apoyos implementado por el gobierno mexicano. A lo largo del año pasado, en México se destinó unicamente el 0.7% del PIB para ayudar a subsanar las afectaciones derivadas del Coronavirus. Nuestro país fue el penúltimo entre todos los del G-20 en este rubro.
De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), solo un 5.9 por ciento de empresas recibieron apoyos, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda. Un 61.3% de los encuestados señaló que para hacer frente a la pandemia, la política de apoyo que más se requiere son fiscales.
40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento puntualizó las transferencias de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.
La falta de apoyos ha sido mortal. De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente. En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.
Estos indicadores dejan clara la imperiosa necesidad de generar una política inmediata de apoyo, especialmente a las MiPymes, con el fin de evitar que el empleo y la caída en los ingresos continue. Dado que un 37.6 por ciento de las unidades económicas prevé un retraso en el pago de sus deudas, es indispensable actuar de inmediato para evitar que la crisis se profundice.
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