Armando Ríos Piter
Desde el inicio del actual sexenio, diversos sectores han generado diversas críticas al presidente López Obrador. La mayoría se han centrado en contra de lo que ellos llaman “su intención de destruir a las instituciones”. Más allá de que los detractores del actual gobierno han dedicado poco tiempo a analizar las fallas y contradicciones que dichas instituciones han tenido, lo cierto es que el acuerdo de gobernabilidad que se mantuvo -derivado de las mismas- a lo largo de los últimos 25 años, ha tenido duras críticas, por parte del AMLO.
Palabras más, palabras menos, desde sus tiempos en la oposición, el mandatario mexicano ha esgrimido ataques contra lo que él ha señalado como “las instituciones” de una camarilla que no representa al pueblo. En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Poder Judicial en su conjunto, han recibido señalamientos de “corrupción”, “favoritismo”, “falta de ecuanimidad” por parte del actual grupo en el poder. Cabe recordar que esta posición es apoyada por una parte importante de la sociedad.
Desde la resolución del Tribunal Electoral en 2006, AMLO se ha posicionado en contra de las instituciones electorales. Ya como presidente, recientemente ha dicho que habría que desaparecer al INE con la finalidad de que el Poder Judicial absorbiera los temas electorales. El mismo tono crítico, ha prevalecido en esta administración contra el Poder Judicial. Basta con recordar que el tabasqueño, respecto a los amparos interpuestos en materia de Energía, ha insistido en que los jueces federales están “al servicio” de los intereses privados.
¿Existe un verdadero plan para modificar estas instituciones? Es difícil creer con seriedad que si. No obstante que las posiciones públicas siempre han girado en torno a esa posición, más allá de las posturas declarativas, no han existido propuestas firmes para ello.
Sirva este contexto para analizar lo ocurrido en las últimas dos semanas. Dos noticias que sin duda alguna sorprendieron a muchos analistas.
Al inicio del mes, con gran sorpresa presenciamos la “destitución” de José Luis Vargas como presidente del TSJE por parte de varios de sus compañeros. Aún cuando él acusó la ilegalidad del proceso, al final de cuentas aceptó su salida del cargo. No sin antes provocar la renuncia de Reyes Rodríguez, quien había sido electo para tales efectos por los “rebeldes” ministros electorales. Cabe señalar que previamente existían críticas por la cercanía que el ministro Vargas mantenía con el gobierno de la República.
Casi en paralelo, dos días después, tras la reforma judicial en la que se planteaba que Arturo Zaldívar extendería su mandato por dos años más -con el apoyo implícito y contundente de López Obrador- el propio ministro anunció: “Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros”.
A lo largo de décadas, la triste realidad de nuestra división de poderes y organismos autónomos, ha evidenciado de manera creciente que la fuerza del presidente logra trascender, cuando en su interés está algún tema. Puedo no estar en lo correcto. No obstante pienso que sería iluso pensar que en un sistema político como el nuestro, ambos eventos, a todas luces contrarios a los intereses del propio AMLO, ocurrieron sin el respaldo de alguien más.
Cabe recordar que el presidente del Tribunal Electoral no solo calificará la consulta de revocación de mandato, sino también la elección del 2024. Una hipótesis que resulta imprescindible elaborar es: ¿Estos eventos significan el fin del mandato -prácticamente omnipotente- que mantenía AMLO? ¿Cuál es la posición tras bambalinas del gobierno estadounidense frente a las actitudes tomadas por los ministros?
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