Proponen reducir el número de regidores en los ayuntamientos de Guerrero

CHILPANCINGO. Con el propósito de reducir el número de regidores que conforman los ayuntamientos, de 4 a 12, dependiendo del número de población de cada municipio, la diputada Mariana Itallitzin García Guillén propuso iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado y a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales y Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

La legisladora de Morena argumenta que con la reducción de representantes del Cabildo se tendría un significativo ahorro de recursos con los que se podrían realizar grandes obras y beneficios para los habitantes de los municipios.

Manifestó que también se cambiaría la forma de hacer política, ya que en muchos de estos espacios se aplica el pago de “favores” o “cuotas de poder”.

Apuntó que esto, “más que un tema legal, es de moral, porque no se puede seguir teniendo espacios que generan un gasto importante a un ayuntamiento sólo por cuotas de partidos políticos o por acomodar a un compañero con un sueldo significante”.

Destacó que la reducción en el número de regidores implicaría, entre otras cosas, el redireccionamiento del gasto público en áreas prioritarias para el desarrollo municipal. Además, dijo que se racionarían los recursos públicos, de los cuales una fuerte y desproporcionada cantidad se ha destinado al pago de salarios de los regidores, en perjuicio de los servicios públicos municipales y la ejecución de programas y proyectos gubernamentales que impulsen el bienestar de la población.

Dichas iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

Iniciativas

La otra de adición es a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado, para que las licencias de conducir particulares sean de carácter permanente, y sólo se pueda solicitar su reposición en caso de extravío.

Las iniciativas se turnaron a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Transporte, para su dictaminación.

En tanto que la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) propuso adicionar el Código Penal local para imponer penas de 2 a 6 años de prisión a quien cometa robo de teléfonos celulares y a personas que realicen operaciones bancarias o financieras, depósitos o retiros de efectivo al interior de un inmueble o cajero automático, inmediatamente o después de su salida. La misma pena se impondrá al empleado de la institución bancaria o financiera que colabore para la comisión del delito.

Esta propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

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