Propone diputada sancionar tomas clandestinas de agua con hasta 12 años de prisión

Boletín

Chilpancingo, Gro- La diputada Diana Bernabé Vega presentó una iniciativa para adicionar el artículo 356 Bis al Código Penal del Estado de Guerrero, a fin de tipificar como delito la sustracción, explotación, transporte o comercialización ilegal de agua, con penas de seis a doce años de prisión y multas de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), con agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos.

En tribuna, la legisladora explicó que la propuesta busca garantizar una distribución justa, equitativa y acorde con el derecho humano al acceso al agua, promoviendo así su uso responsable y la protección de los bienes públicos del Estado. Por ello, consideró necesario establecer sanciones penales a quienes alteren la infraestructura hidráulica o se beneficien del robo del agua.

Explicó que, en México, la Ley de Aguas Nacionales regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como el régimen de concesiones y permisos, pero no contempla una tipificación penal que castigue la sustracción clandestina del agua destinada al servicio público, las tomas ilegales, las conexiones clandestinas y el comercio ilegal, quedando únicamente en una sanción administrativa o civil.

Diana Bernabé señaló que el diagnóstico nacional es preocupante, ya que el agua está acaparada por grandes corporativos, concesionada durante décadas para fines económicos y, a la par, es robada por grupos que han hecho de esta práctica ilegal su forma de enriquecimiento. Añadió que esta actividad, incluso llamada “huachicoleo del agua”, constituye una amenaza creciente que vulnera la vida y la dignidad humana.

Agregó que en México existen más de 130 mil tomas clandestinas de agua, situación que agrava la escasez, encarece el servicio y genera desigualdad; mientras que, en Guerrero, municipios como Chilpancingo y Acapulco enfrentan con frecuencia el robo del vital líquido mediante perforaciones, manipulaciones y extracciones ilegales que afectan a miles de familias.

Por ello, remarcó que la iniciativa busca combatir las redes clandestinas que lucran con la necesidad de la gente y con el patrimonio público, ya que el agua es un recurso esencial para la vida, actualmente amenazado por el cambio climático, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el tráfico ilegal.

La Comisión de Justicia analiza esta iniciativa de reforma para su respectiva dictaminación.

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