Presentan iniciativa de reforma al Código Procesal Civil para garantizar cumplimiento de la pensión alimenticia

CHILPANCINGO. Para que el juez de lo familiar pueda exhortar al deudor alimentario a cumplir con sus obligaciones y le haga saber que en caso de incumplimiento puede constituirse un delito que amerita pena de prisión, el diputado Carlos Cruz López propuso modificar el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.    

Al presentar su iniciativa en la sesión de este jueves, el legislador de Morena expuso que el propósito de su propuesta es contribuir a la solución de esta problemática social y actuando bajo el principio de protección al interés superior de los derechos de las niñas, niños y la familia.

Explicó que el derecho alimentario está dirigido a garantizar las condiciones mínimas de vida, en especial de aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por razones de sexo, edad, discapacidad, entre otras.

Manifestó que el Estado Mexicano, al ser parte de estos tratados, debe tomar las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte del deudor o de quienes estén obligados y que vivan en el interior y exterior de la república, como lo señala la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que, en la práctica, la mayoría de los obligados alimentarios, para evitar sentencias condenatorias, celebran ante convenios ante el juez de lo familiar, buscando de esta forma dar fin a la controversia. Sin embargo, dijo que es común que los obligados no cumplan con el mandato legal, dejando en una situación de vulnerabilidad al acreedor.

Por estas razones, el legislador plantea fortalecer el Código Procesal Civil local para establecer que el juez de lo familiar pueda exhortar al deudor al cumplimiento de sus obligaciones y hacerle saber que, en caso de incumplimiento, de oficio o a petición del acreedor alimentario, dará parte al Ministerio Publico para hacer que se cumpla con lo establecido en el artículo 205 del Código Penal sobre incumplimiento de obligación alimentaria, que amerita pena de prisión.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen respectivo.

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