Plantean aumentar penas a quienes cometan discriminación en contra del personal de salud y sus familiares

CHILPANCINGO. Para incrementar la penalidad hasta 6 años de prisión a quienes cometan el delito de discriminación en contra del personal de Salud y sus familiares durante una emergencia sanitaria, el diputado Héctor Apreza Patrón propuso adiciones al Código Penal del Estado.  

En su propuesta que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, el diputado señala que desde que apareció el virus Covid-19 en México, los médicos, enfermeros y personal de apoyo han permanecido en la primera línea viviendo largas jornadas de trabajo y con pocas o mínimas herramientas.

Sin embargo, lamentó que el temor y la incertidumbre que existe entre la sociedad se manifieste en agresiones físicas, psicológicas y contra los derechos fundamentales de estos servidores públicos que no hacen más que salvar vidas.

Refirió que, aunque en Guerrero no se han registrado agresiones de ese tipo, como legisladores deben generar las condiciones jurídicas que les dé certidumbre a este sector de la medicina, de modo que se desempeñen sin más preocupaciones que cumplir con su misión.

En ese sentido, planteó adicionar el Código Penal del Estado para establecer que a quien cometa el delito de discriminación contra el personal médico se le impondrá una sanción de hasta cuatro años y medio de prisión y de 225 a 450 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 400 veces la unidad de medida y actualización multa.

Asimismo, al que cometa un delito en contra de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se aumentará hasta tres años más y el delito se perseguirá de oficio.

Iniciativa

En la misma sesión, Apreza Patrón (PRI) presentó una iniciativa de Ley de Archivos del Estado y sus Municipios, para que en coadyuvancia con el Sistema Estatal Anticorrupción, establezca los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres poderes, así como los órganos autónomos constitucionales, órganos con autonomía técnica, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

Esta propuesta se turnó a la Comisión de Transparencia para su análisis y emisión del dictamen respectivo.

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