Farsantes en el Senado

Raymundo Riva Palacio

El Senado discutió el martes la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, solicitada por el PAN contra un gobierno de Morena, y por Morena contra dos gobiernos del PAN. La justificación en los tres casos es por los altos índices de criminalidad y la falta de respuestas adecuadas por parte de las autoridades. Todo esto es una farsa. Están jugando con espejos para disfrazar sus vendettas políticas, como parte de una lucha ratonera entre dos fuerzas que avanzan rápidamente a una confrontación total. Es un juego que no está claro dónde va a terminar y cuánto durará su pretensión de engañar a todos.

Los revanchismos sobre esos gobiernos tienen que ver con temas que rebasan por mucho el de la seguridad, el pretexto para destituir a Diego Sinhue Rodríguez en Guanajuato, Cuitláhuac García en Veracruz, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Los panistas fueron tras la cabeza del gobernador de Veracruz tras la destitución forzada del ex fiscal, Jorge Winkler, que había nombrado el ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes. La acción contra el de Tamaulipas se dio como respuesta a una presunta ejecución de ocho personas por parte de policías estatales en Nuevo Laredo. Y contra el guanajuatense, la joya económica del PAN, aprovechando el hecho que el robo de combustible no ha podido ser controlado. Las razones, sin embargo, no se sostienen.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, esas tres entidades están muy lejos de estar entre las más violentas del país. Guanajuato se encuentra en el lugar nueve (mil 542 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero y agosto), Tamaulipas figuras en el 21 (792 homicidios dolosos), y Veracruz está en el 28 (407). Si los senadores y senadoras estuvieran realmente preocupados por la seguridad, serían otras las entidades en donde pondrían el ojo: Colima, el más violento, con dos mil 315 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; Querétaro que ha tenido mil 995; Aguascalientes, con mil 917; la Ciudad de México con mil 874; y Baja California, con mil 882. En Veracruz se dio la mitad de las víctimas de delitos que en la Ciudad de México, pero el énfasis está en Cuitláhuac García, no en Claudia Sheinbaum. Ese realmente no es el problema de fondo.

Al pretexto balín que anteponen, se suman lecturas incorrectas de la Constitución. Para uno de los más reconocidos constitucionalistas, el maestro Elisur Arteaga, “las amenazas de los panistas y morenistas son simples bravatas, (y) están encaminadas a producir ruido. No van más allá”. Arteaga ha explicado y documentado como de acuerdo con el artículo 76 fracción V de la Constitución, el Senado no puede desaparecer los poderes en las entidades. “A lo que lo faculta ese precepto es simplemente a certificar la desaparición de los poderes, cuando realmente no existen, y a declarar, con vista a esa certificación, que es llegado el caso de designar gobernador provisional”, abundó.

“La aprobación de la certificación de haber sido desaparecido por poderes de una entidad, se hace por el voto de más de la mitad de los senadores presentes, lo que significa que los panistas, ni contando con el voto de los priistas y los perredistas, podrían lograrla. Los senadores de Morena, si bien pudieran contar con los votos necesarios para aprobar una declaración de esa naturaleza, no les alcanzaría para nombrar gobernador provisional, pues de conformidad con ese mismo precepto, el nombramiento de gobernador se debe hacer contando con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los senadores presentes”.

Según Arteaga, “ni uno ni otro sacarían provecho de su acción y, en cambio, meterían ruido donde hay silencio y más desorden donde hay menos desorden. Si en estos momentos esas entidades, contando con autoridades legítimas, se muestran ingobernables por el alto índice de criminalidad, mucho más lo serían para el caso de que resultaran gobernadas por autoridades impuestas y derivadas de una errónea interpretación del texto constitucional”.

Arteaga aporta la interpretación jurídica frente a la aberración jurídica en la que están incurriendo panistas y morenistas en el Senado, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública contradice las intenciones políticas con los datos duros de cómo los gobernadores que quieren destituir, no son quienes, por esas razones de incapacidad en el combate a los criminales que provocan la violencia, deberían de estar en la picota. Pero está claro que tampoco se trata de eso.

No son serias nuestras legisladoras y legisladores, ni están actuando con responsabilidad. Están dispuestos a torcer la ley para satisfacer apetitos vengativos y manejar tramposamente las estadísticas y la información dura, engañando a la ciudadanía. El maniqueísmo de sus acciones y declaraciones han contribuido a la falta de referentes sólidos en el debate público, y a la creciente fabricación de argumentos falsos y contextos inexistentes.

La confusión que generan refuerza la vacuidad deliberativa en la que nos encontramos, donde la sonoridad, aún sin fundamento, es lo que domina en el ruido ensordecedor de nuestra política. No era lo que se esperaba de ellos cuando se les dio el voto, pero es la forma como responden, despreciando con su traición a quien los eligió, y sumándose a una clase política ruin que contribuye a la confusión. No estamos pasando por el momento de mayor luminosidad en nuestra vida pública, pero sí por tiempos donde la farsa predomina en los asuntos públicos. Sus pugnas políticas devienen vendettas, y conducen a discusiones tramposas. Son estas signo de los tiempos, ante lo cual no se puede claudicar. La mediatización no ayudará a nadie, empezando por aquellos que ven en ella la nueva forma de hacer política.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Chilpancingo, Gro (IRZA).-El Congreso de Guerrero exhortó a su similar federal para que en el presupuesto de egresos del 2020 asigne recursos para regularizar al cien por ciento de las plazas de trabajadores fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Servicio Operativo (FONE) de Guerrero.

Con base al punto de acuerdo propuesto por el diputado de PRI, Héctor Apreza Patrón, a la Cámara de Diputados federal, también se plantea asignar recursos “para cubrir las necesidades que derivan de la Reforma Educativa recientemente aprobada”.

Se exhortó a las autoridades de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Púbico, a establecer la metodología para identificar las necesidades del recurso humano, material y financiero que implican las citadas leyes secundarias.

Se trata de la Ley General de Educación, Ley reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, “a fin de que puedan ser ejercidas tal como se especifican”.

Con base al punto de acuerdo propuesto por el diputado Apreza, el cual fue aprobado por unanimidad, los recursos destinados al sector educativo absorben el 38 por ciento del presupuesto federal asignado al estado anualmente.

Explicó que el subsistema federalizado cuenta con 61 mil 199 trabajadores con 92 mil 4 plazas, a quienes les pagan mediante el FONE, mientras que el subsistema estatal cuenta con 10 mil 532 trabajadores, con dos fuentes: del ramo 28 y partida del mismo Fondo.

Y explicó que “a la fecha los montos son del orden de los 2 mil 321 millones de pesos y alrededor de 700 millones, respectivamente”, a la vez que recordó que en el año 2014 se efectuó el proceso de conciliación de nóminas del magisterio guerrerense, entre las secretarías de Educación Guerrero (SEG), Educación Púbica (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Del total de plazas registradas en la nómina, no se conciliaron un buen número de ellas, por no contar con el respectivo techo presupuestal”, indicó, y añadió que a partir de abril del 2015 la federación otorga financiamiento extraordinario para cubrir esas plazas, pero refirió que la administración del gobernador Héctor Astudillo las redujo a 5 mil 700 fuera de FONE.

En ese sentido explicó que la nómina total del magisterio estatal subsidiado no fue considerada por la SEP y la SHCP en el proceso de conciliación, por lo que en el PEF 2015 asignó un subsidio de 697.9 millones de pesos, cuando el gobierno estatal destina anualmente 2 mil 321 millones de pesos, de ingresos propios, lo cual reduce considerablemente su gasto de inversión.

Cabe mencionar que la propuesta del priista Héctor Apreza fue respalda por la diputada de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, y el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución se aprobó por unanimidad. 

Cuajinicuilapa, Gro (IRZA).- Luego de que bajó el volumen de las aguas del río Santa Catarina, que el sábado y domingo pasados observó una espectacular crecida y las aguas horadaron un extremo del puente que se encuentra al lado de la comunidad El Pitayo, municipio de Cuajinicuilapa, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, esa afectación fue reparada por brigadas de trabajadores del gobierno del estado que utilizaron maquinaria pesada.

A consecuencia de esa afectación el tránsito de vehículos por esa carretera era imposible, pero ahora ya es normal. El boquete que abrieron las aguas del río fue rellenado, provisionalmente, con tierra y materiales pétreos, pero se dijo que en el corto plazo se aplicará en esa falla concreto armado.

Previamente el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza, supervisaron el punto en el que las aguas del río destrozaron el extremo oeste del puente “Barajillas”.

Asimismo, en esa misma zona de la Costa Chica se restableció el suministro de agua potable en la comunidad de El Polvorín y Tepantitlán, servicio que también se vio interrumpido a causa de la tormenta Narda el pasado fin de semana.