(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobierno del estado de Guerrero comienza a ponerse a tono
con la 4 Transformación, y este jueves el Congreso local aprobó la nueva Ley de
Catastro, que fue enviada por el gobernador Héctor Astudillo como un asunto de
urgente resolución, para tapar los agujeros que permitían a los propietarios de
terrenos casas y edificios salirse por la tangente, pues incluso interponían
amparos para que el gobierno les devolviera el importe del impuesto catastral.
Esta ley fortalecerá de lleno a los municipios, pues ese
impuesto lo cobran los ayuntamientos.
El dictamen fue aprobado por unanimidad y sin discusión. Los
diputados consideraron esto como un “logro histórico”, porque la autoridad municipal
queda blindada ante los actos evasores de los propietarios.
Con la nueva Ley de Catastro para los municipios, quedó
abrogada la vieja legislación, y eso significa que los ayuntamientos deberán
prepararse de aquí al mes de enero, para afinar el área de Catastro, a fin de
que le saquen provecho a esta nueva plataforma legal.
Sobre todo, porque ya no hay alternativas para que empresas
y contribuyentes particulares se amparen, para evitar el pago de este impuesto.
¿Por qué lo hacían? Pues resulta que la vieja ley fue
emitida hace 35 años, que fue cuando se les transfirió a los ayuntamientos el
pago de este impuesto. Pero dado que no fue ratificada, entonces realmente no
tenía validez, o era ambigua, tenía lagunas que les permitían sobre todo a los
grandes propietarios ampararse, asesorados por sus abogados.
Obviamente eso afectaba sobre todo a los municipios grandes,
como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, que aunque cobraban
el impuesto, sufrían grandes quebrantos porque los tribunales los obligaban a
devolver el recurso, así como a gastar dinero en costosos litigios.
Nos preguntamos qué pasó a lo largo de los últimos 35 años,
para que tanto diputados como gobernadores permitieran esas lagunas legales,
que debilitaron tanto a los municipios.
Afortunadamente esto también le quita una mina de oro a los
abogados tracaleros, que se alquilan al mejor postor, ayudando a sus clientes
de diversas maneras para evadir impuestos y pagos de derechos, como el del agua
potable, algo que por angas o mangas los ricos no pagan, sólo los pobres.
Ahí está el caso del panista queretano Diego Fernández de
Ceballos, que debía casi mil millones de pesos por concepto de adeudo del
impuesto predial. Cuando fue exhibido, entonces aceptó su abuso y negoció la
condonación de recargos, y sólo pagó 12 millones, lo cual implica un
“perdonazo” de 927 millones. Dijo el Jefe Diego que todo fue legal, pero lo
cierto es que necesitaríamos ser muy ingenuos (pentontos), para pensar que este
hombre que es uno de los más acaudalados del país, aceptó someterse al derecho.
Siendo él abogado y político –ex candidato presidencial del PAN en 1994-,
solamente usó sus influencias al interior de ese partido, para que el alcalde
de Colón, Querétaro, se doblegara (ya había una amenaza de los líderes del PAN
para investigarlo por saltarse las trancas). Entonces Diego pagó sólo 1.5 por
ciento de su adeudo que tenía por no pagar durante 25 años el impuesto predial
de su rancho El Estanco, de 220 hectáreas.
Recordemos que el Jefe Diego es un hombre que como abogado
se enriqueció litigando contra el propio gobierno, como hoy los hay muchos en
esta entidad, que trabajan para fregarse a los ayuntamientos, asesorando a los
trabajadores para que demanden por despidos injustificados. Y gracias a eso
tenemos municipios quebrados y atrasados, porque los laudos laborales los están
ahorcando, mientras que los abogados laboristas ostentan fortunas.
Creo que siguiendo el ejemplo del predial, los diputados
deben hacer una ley que impida que aquellos que llegan a laborar en una
administración, como parte de un equipo político, puedan demandar por despido
injustificado a los siguientes gobiernos, ya que esto se ha convertido en una
especie de vendetta política entre adversarios políticos, para hacerse la vida
imposible mutuamente.
Lo que no saben es que matando a la gallina de los huevos de
oro, no habrá huevos para nadie…sólo para los abogados, que por cierto muchos
ya andan de políticos y conquistando alcaldías y diputaciones, precisamente con
ese dinero que le arrancan a la malagueña a los municipios.
Y también vemos a los presidentes tronándose los dedos,
porque muchos de ellos ya gobernaron y mandaron a su gente a demandar. Pero hoy
que volvieron a las alcaldías, pues resulta que les está tocando pagar
millonarios laudos de su misma gente. Nunca esperaron que el karma los
alcanzaría.
Bien por la nueva ley de Catastro. Que cada quien haga sus
ahorros. 2020 ya está a la vuelta de la esquina.
