Caso Miroslava: Gobernador en apuros
Chihuahua está procesando en estos días el
juicio penal oral por el caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach
Velducea. Al final, la justicia la está impartiendo un tribunal federal y la
Fiscalía General de la República, que ejercitaron la atracción del caso y que
en circunstancias ordinarias estaría a cargo del fuero común.
Miroslava Breach fue una periodista muy
activa en la escena chihuahuense, corresponsal, en diversos momentos, de
publicaciones de la capital de la República. Fue una mujer que dejó huella en
el ejercicio de su profesión y que supo, al alto precio de arriesgar su vida,
meterse en camisa de once varas cuando se involucró el derecho a la información
de la sociedad. Es, con otros y otras colegas, parte de esa cifra ominosa que
ha convertido al periodismo en una profesión de alto riesgo, casi casi como
corresponsal de guerra en un territorio inmerso en conflicto bélico.
Los edificios que albergan los tribunales
federales en Chihuahua prácticamente están sitiados por un dispositivo
policiaco que ha mostrado que las audiencias públicas, la máxima publicidad y
la transparencia de estos casos son poco menos que nugatorias.
Adicionalmente a la causa penal, quien ha
entrado en apuros es el Gobernador del estado Javier Corral Jurado, durante
muchos años amigo cercano de Miroslava, ultimada por el crimen organizado del
narcotráfico en una región de la que Miroslava era oriunda, lo que seguramente
la dotó de mayores elementos cuando publicó cómo, durante las elecciones
locales de 2016, los delincuentes se apoderaban, a través de candidaturas, de
regiones de la zona serrana, donde hasta ahora se padece una especie de
extraterritorialidad en la que estado y gobierno están ausentes.
Los apuros de Javier Corral tienen
características tangibles, están a la vista. Lo más importante es que puede ser
responsable por omisión al no haber prestado el auxilio y la protección para
salvar la vida que se cegó, privando a la comunicación política de un activo
inteligente y honrado. Se han mostrado evidencias de que el Gobernador sabía
del peligro, de las amenazas, de los riesgos y no actuó con la diligencia
debida que dicta, indiscutiblemente, el conocimiento que él tiene de lo que
esto significa y, además, de los medios en sus manos para disuadir o evitar
estos crímenes.
La evidencia es fuerte y se complementa al
estar involucrados tanto su partido, Acción Nacional, como adherentes o
militantes al mismo en la ciudad de Chihuahua, particularmente en la región del
municipio de Chínipas. Se suma a esto una grabación de audio hecha por algunos
panistas a Miroslava, que procesaron como una especie de prueba para
mostrársela a los delincuentes, lo que finalmente produjo dos resultados:
ponerse ellos, los panistas, fuera de riesgo por las filtraciones de
información que los delincuentes les imputaban, y el asesinato a mansalva de la
periodista. Estos son hechos duros y evidencias que difícilmente se podrán
desvirtuar con los medios y las probanzas legales dispuestos por el Código de
Procedimientos Penales.
La familia de Miroslava sostiene, con
coherencia y vigor, que el Gobernador Corral estaba enterado de las amenazas,
para deducir de eso que pudo haber tomado prevenciones protectoras y no lo
hizo. La respuesta de Corral ha sido de ira, de considerarlas “embusteras” y de
“mentir con todas las letras”, no sin antes expresar, casi con lágrimas de
cocodrilo, una especie de lamentación porque se hayan decantado las cosas a ese
grado.
En diversos círculos de Chihuahua se
sostiene ahora que el Gobernador debiera pedir licencia y ser investigado,
simultáneamente con sus correligionarios involucrados, porque de no ser así el
vacío que dejaría la justicia en este caso sería mayor. Podrán decir mil cosas
si se les llevara a juicio, incluso aducir la negligencia de su propio
desempeño, aun si ocurrió en el contexto de no saber medir las consecuencias de
actos frente a los cuales la única salida posible es la prudencia y la
autocontención.
