Bienvenidos los narcos
Raymundo Riva Palacio
El mismo día que concluyó el juicio en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, y el secretario de la
Marina, Rafael Ojeda, informó que el Cártel de Santa Rosa de Lima era
responsable de los bloqueos para sabotear los operativos contra el robo de
combustible en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que
ese 30 de enero de 2018, a menos de dos meses de iniciar la Cuarta
Transformación, acabó la guerra contra el narcotráfico. “Oficialmente, no hay
guerra, nosotros queremos paz”, subrayó. Y dijo:
“No se han detenido a capos porque no es nuestra función principal. La
función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la
estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya
seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Lo que me
importa es bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya
secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular”.
La declaración, por el hecho mismo de serla, fue insólita, pero no para
extrañarse de nada. Desde que se comprometió a dar amnistía a los
narcotraficantes antes de iniciar su campaña presidencial, esbozó lo que haría
al llegar a la Presidencia. Su objetivo era reducir los índices de criminalidad
y restablecer la seguridad y confianza entre los ciudadanos, pero a su manera.
No aceptó la estrategia del presidente Felipe Calderón -utilizada en Colombia,
Italia y Estados Unidos- de combatir intensamente a toda la estructura
criminal, que provocaba como externalidad una alta cuota de muertes en un
principio, y que después de varios tropiezos adoptó el presidente Enrique Peña
Nieto. Tampoco tenía tiempo para estrategias de largo plazo. Lo suyo sería
administrar el narcotráfico: no se mete con ellos a cambio que los cárteles
guarden las armas y pacifiquen el país.
Administrar el narcotráfico en lugar de combatirlo, no es una estrategia
que va a admitir explícitamente el presidente que está haciendo. Lo que hará es
lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los
cárteles de la droga hagan su negocio -producción, distribución, trasiego y
comercialización- a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las
fuerzas de seguridad. En el pasado, como era la circulación de las élites en el
viejo régimen, uno o dos cárteles eran atacados por el gobierno en turno, y al siguiente
eran otros los perseguidos. De esa forma, todos sabían que, como en el sistema
político, era una rueda de la fortuna donde los beneficiados hoy, serían
afectados mañana.
Calderón modificó el status quo. Confrontó a todos los cárteles al mismo
tiempo, con los cuales se modificó el incentivo para no pelear contra el
adversario, sino pactar territorios e impuestos criminales para el derecho de
paso, con lo cual no obligaban al Estado a actuar con fuerza. El cambio
fundamental fue que los cárteles tuvieron que pelear entre ellos para
sobrevivir, que fue el detonante de la violencia. Bajo esa estrategia la
delincuencia se atomizó y se mudó de delitos federales a delitos del fuero
común. Por ejemplo, los matones del Cártel de Tijuana, al quedarse sin dinero
para sus nóminas por los golpes federales, se mudaron al secuestro exprés, que
se incrementó en 200%. Los Zetas, que se habían quedado sin droga, entraron
primero a la piratería, y después a vender protección y contrabando humano. Los
hermanos Beltrán Leyva comenzaron a subcontratar asesinos en el Valle de
México, y de su desmantelamiento surgieron Guerreros Unidos y Los Rojos, y de
ellos, una mayor atomización de bandas criminales, como sucedió también con el
Cártel de Juárez.
Esta es la parte de la película que ve a medias el presidente López
Obrador. Quiere una Guardia Nacional con disciplina, adoctrinamiento y mando
militar para enfrentar a las pandillas criminales que no alcanzan a ser
consideradas cárteles -al no controlar todo el sistema de producción del
negocio del narco-, pero que están metidas en el narcomenudeo, asesinatos,
secuestros, robos y extorsiones, por mencionar los delitos más comunes del
fueron común, sin enfrentar a los cárteles de la droga, cuyos delitos contra la
salud y lavado de dinero son federales. El eslabón débil de esa estrategia es
desconocer en la práctica operativa, los vasos comunicantes de la droga entre los
criminales.
Por ejemplo, las bandas que ven la Ciudad de México como botín, tienen
alianzas o dependen de mercancía de los cárteles de la droga que, a la vez, les
suministran respaldo de fuego. Si el presidente cree que desmantelando la Unión
Tepito, que es la que controla la vida a espaldas de Palacio Nacional y cobra
protección a sus habitantes, desaparecerá el crimen, está equivocado. Siempre
habrá quien remplace a sus líderes para que la cadena productiva criminal que
sale de Culiacán o Matamoros, no merme sus utilidades ni afecte su generación
de cuadros. Durante todo el sexenio, debe saber, tendrá como vecinos a
criminales.
Para que la administración del narcotráfico funcione como en el pasado,
este país tendría dejar de consumir de drogas, lo cual es imposible. Desde 1996
México se convirtió en consumidor de drogas, y es un camino sin retorno. Pero
López Obrador ya formalizó su decisión: perdón para los capos de la droga y
garantías que no los perseguirá. Entonces, si reducen la violencia, volverán
los tiempos de antaño donde el narcotráfico convivía entusiastamente con el
poder. Los mayos, los menchos, los caro quintero, los zetas
y todos los demás que controlan el crimen organizado podrán estar tranquilos.
Sólo tienen que restablecer sus viejos pactos y quitar el dedo del gatillo.
Nota: Por ser
un día feriado, el próximo lunes no aparecerá esa columna.
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