Construir democracia en tribunales
Este espacio está dedicado primordialmente a destacar la responsabilidad del Poder Judicial en la defensa de causas de derechos humanos, e intenta no ser una columna de ocasión, en el sentido de que busca tomar distancia de la agenda pública cotidiana y proponer un análisis con impacto más prolongado en el tiempo.
En esa idea, he resaltado la importancia de contar con juzgados, tribunales y una Suprema Corte de Justicia con criterios consistentes e inclinados a garantizar los derechos humanos, que no interpreten a conveniencia suya la Constitución, y que se asuman como agentes de un cambio radical de nuestra ingrata realidad social.
Tengo entonces que hacer hincapié en un rol vital de las instancias judiciales para contribuir a la construcción de un régimen democrático. Más conviene referirme a ello en estos días en el que el diálogo político lo invaden adjetivos y oídos sordos a razones. Si a las críticas y demandas se les responde con descalificaciones desde el gobierno, quizá no exista más remedio que acudir a tribunales a debatir.
Múltiples son las causas de las que puedo escribir: la guardia nacional, la restricción y violación de derechos y libertades elementales, las vías y formas para asegurarnos a las personas el disfrute de nuestros derechos sociales, entre otras. Pero por ahora prefiero inclinarme por situaciones que no tienen tantos reflectores como debieran: respeto por diferentes proyectos de vida y visiones de desarrollo, temas medioambientales y la conducción adecuada de nuestros recursos públicos.
Hago notar esas tres cuestiones porque además las más de las veces van unidas. Esta misma semana, en la edición 2207 de Proceso destacan dos artículos sobre la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y acueducto del Proyecto Integral Morelos, que me permiten ejemplificar el vital potencial democrático de la justicia.
Por un lado se encuentra un grupo de personas que trabajan en el campo y que buscan seguir dedicándose a ello. Su proyecto de vida merece todo el respeto y nadie debería poder impedirles su realización. La idea que tienen de desarrollo, al menos una parte de este colectivo, no parece coincidir con el desarrollo industrial del megaproyecto que les toca enfrentar. Su seguridad y la del medio ambiente están en juego. Sin embargo, han visto el cambio diametral en la posición del hoy presidente de la República, su descalificación, y como estrategia para atenderles, la organización de una de esas consultas típicas del gobierno que no son de fiar.
En ese contexto, la mejor opción de “izquierda radical conservadora” (sic) que está a su alcance es, como anuncian, acudir a los tribunales de amparo. Si el gobierno va a apelar durante todo su mandato a la legitimidad democrática tan bien ganada en las urnas para evitar debatir con razones fundadas, debería saber que su representatividad irá mermando cada día por falta de resultados e incongruencias en el discurso y entre sus palabras y sus acciones, pero sobre todo, que mejor que la democracia representativa que presume –y que también le disputan–, tenemos el derecho de contar con una democracia participativa, deliberativa y de derechos.
El diálogo que el gobierno rehúye en los espacios políticos deberá forzarse en las instancias judiciales. Es por ello que se necesitan juzgados de amparo constantes en el compromiso de defender los derechos humanos de las personas, pues en todos los casos como el aludido se confirmará si su independencia es verdadera.
Y en cuanto a la forma en que el gobierno compromete nuestro dinero público, también deberíamos contar con la constante de los tribunales de amparo para admitir ese tipo de demandas. ¿A quiénes beneficiará aquel proyecto de Huexca? Sin todo ello, la representación democrática podría oponerse a una democracia más real, una que es respetuosa de los derechos humanos de todas las personas.
Escribe esta semana el ministro Zaldívar que no es tarea de la Corte ser oposición del gobierno. Muy bien, pero es su obligación ser garante del debate democrático.