(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Los diputados locales resolvieron ayer en su primera sesión, tras el receso por la pandemia de Covid-19, dos asuntos cruciales en el plano electoral.
Reunidos en los patios del Palacio Legislativo, los diputados de todos los partidos se enfocaron a las reformas Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral.
Con ello, lograron un cambio definitivo para garantizar la participación política de la mujer en la vida partidista, así como para empoderar a los indígenas y afromexicanos.
Podemos decir que ya la participación política de las mujeres estaba definida, porque los partidos están obligados a garantizar que 50 por ciento de sus candidaturas sean para mujeres, pero para nadie es un secreto que los institutos políticos, todavía dominados por grupos de hombres, simulaban esta obligación. O, lo que es peor, sometían a sus congéneres a una especie de ácido bulying político, obstáculos, presiones, traiciones…y como en botica.
Por lo tanto, los diputados optaron en esta reforma por imponer duras sanciones a partidos políticos e individuos que osen molestar a sus compañeras mujeres que buscan cargos de elección popular.
Entonces, sí o sí, los hombres tendrán que acostumbrarse a compartir el poder con sus compañeras, ayudarles a llegar al poder y a gobernar.
Dos cambios
Los legisladores aprobaron ayer dos cambios importantes, con lo que profundizan la reforma político-electoral, pues también aprobaron la obligación de los partidos políticos de postular a indígenas y afromexicanos, en 50 por ciento de los cargos en los municipios cuya población será 40 por ciento o mayor de ese origen, con base en los censos del Inegi, así como también en la mitad de los distritos que tengan esa composición poblacional.
Eso cambiará drásticamente el rostro de la clase política de la Montaña y de la Costa Chica, por cierto, donde estos pueblos están asentados, pero donde no necesariamente ellos detentan el poder local y legislativo.
Además, es una reforma debidamente planificada para concederles espacios a municipios como el de Ayutla, donde se rigen por usos y costumbres indígenas, y cuyos consejeros podrán aspirar al Congreso, pue de hecho la reforma indica que se deberá postular a gente que ya haya ocupado cargos de elección popular, o que sean representantes de grupos indígenas y afromexicanos, e incluso que sean líderes de organizaciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones sociales y políticas de estos grupos étnicos.
Así que en lo sucesivo veremos multiplicarse a estos grupos, algunos de los cuales ya son famosos, como Tlachinollan, la CRAC-PC, Guerrero Negro, y otros.
Las reformas aplican tanto para ayuntamientos (presidencia, sindicatura, regidores), como en las diputaciones de mayoría relativa, no así en las plurinominales.
En cuanto a la reforma para garantizar la participación política de la mujer, lo novedoso es que se tipifica como delito la violencia política de género, con severas sanciones a quienes infrinjan estos postulados.
¿Qué tipo de sanciones? Podrán enfrentar la reducción del 50 por ciento de sus prerrogativas, si incurren en alguna de las conductas señaladas.
Además, los partidos políticos podrían ser sancionados con la suspensión de su registro si se le comprueban conductas graves de violencia de género.
Entre las sanciones también está la reparación del daño, indemnización, destitución del cargo de quien cometa violencia de género, así como el otorgamiento de medidas cautelares.
Estas reformas se aplicarán en el próximo proceso electoral del 2021, y su aprobación garantiza que el proceso comenzará en tiempo y forma, en el mes de septiembre próximo.
¿Qué tal? No cabe duda que las mujeres ganan y se empoderan, y que a los partidos políticos les pegarán donde más les duele cuando infrinjan estas reglas.
