Adela Navarro

En un país como México, donde la discriminación contra la mujer persiste a pesar de los cacareados espacios que se “abren” tanto en la clase política donde existe una cuota de género para el otorgamiento de candidaturas, como en los gobiernos que presumen gabinetes paritarios, y las instituciones de equidad de género, cuando una mujer se levanta, grita, acusa, señala, muestra valentía, alguien está detrás de ella.

En un injstificado acto de yo acuso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa montó un escenario de presunciones con recortes digitales, imágenes de redes sociales e “investigación de google” para desprestigiar al legítimo movimiento de mujeres, que desde el 4 de septiembre de 2020 mantiene tomada la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo autónomo que, sobra decirlo, pero no está en la facultad del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de enero a junio de este año 489 mujeres fueron asesinadas por su género en el país. Tal número significa un incremento del 9.2 por ciento en relación al mismo periodo, pero de 2019. A finales de ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a la sociedad mexicana, y por supuesto a sus gobiernos, para detener la violencia sexual contra mujeres y niñas en el país. Justificaron que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, cuyos resultados fueron entregados a inicio de aquel 2019, durante el año anterior, 40 mil 303 habían sufrido una violación sexual. A pesar de tal cifra, para inicios de este año la organización México Evalúa reveló, a través de un análisis de la información, que el 99.7 por ciento de los delitos de violencia sexual contra las mujeres no se denuncia.

Una mujer cuya hija fue violada por su padrastro hace tres años se convirtió en estandarte de esa toma. La justicia no ha llegado para su hija, quien ha sido victimizada, incluyendo la ocasión cuando la dejaron sin hogar y en la indefensión.

Estas mujeres que permanecen en el edificio de los Derechos Humanos han recibido ayuda diversa por parte de grupos feministas que se han sumado a la causa y que han contribuido con alimentos, con ropa, con enseres diversos.

Y ahí radica la molestia de la Gobernadora de la Ciudad de México al acusar a una mujer que abiertamente se dice activista del feminismo de ser “el brazo derecho” de un empresario y maliciosamente establecer un vínculo para “confirmar” que las mujeres que tomaron la CNDH están siendo financiadas por un “facturero”, como lo llamó.

Dijo Claudia Sheinbaum que alguien la había alertado de “una mujer de altos recursos económicos que estaba financiando directamente al grupo de mujeres que mantiene ocupada la sede la Comisión Nacional de Derechos Humanos… a partir de ahí hicimos una revisión de información pública… el nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre se le vio entregando víveres desde un auto de lujo, y el 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamo el Antigrita”.

Continuó: “Desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidentea de recursos humanos de Gin Group… una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda e inclusive por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es considerada como el brazo derecho del presidente del grupo, Raúl Beyruti Sánchez… que estuvo ligado de manera muy importante con la pasada administración”.

Después, la morenista se preguntó por qué hay un vínculo de apoyo a la toma de la CNDH, “un vínculo, donde el brazo derecho, esta mujer, participa en Gin Group, y es una de las principales empresas de outsourcing en México, además vinculada con las factureras que cometieron fraude de miles de millones de pesos en nuestro país en la administración del Presidente Peña”.

Así, en siete minutos que dedica a hablar del tema, Claudia Sheinbaum le quitó su voz a Beatriz Gasca, la desposeyó de su carácter de activista por las mujeres para darle el papel de títere de un hombre, en este caso de Raúl Veyruti, a quien acusa de defraudar miles de millones de pesos durante el pasado sexenio.

No es la primera ocasión que un Gobierno de la 4T minimiza públicamente un movimiento de mujeres con el argumento de que “alguien” está detrás. El propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo dijo el 9 de marzo de 2020, un día después de la mega marcha del 8 de marzo en todo el país. Entonces reflexionó: “Tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra… y lo que quieren es que fracase el Gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación de la vida pública del país… es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte”.

Y lo volvió hacer el martes 29 de septiembre, un día después de las desatinadas declaraciones de Sheinbaum, cuando asumió: “Estamos llevando a cabo una transformación, entonces se enrarece mucho el ambiente porque se mezclan demandas justas con intereses de grupos… Ayer Claudia Sheinbaum dio a conocer de una infiltración, que eso siempre ha existido también en los movimientos, de gente que está interesada en perjudicarnos. ¿Por qué? Porque están en contra de los cambios, porque quieren mantener los privilegios, porque quieren seguir robando”.

Sobre la toma de la CNDH también justificó el Presidente: “Las que estuvieron ahí primero, se salieron, porque llegaron otras mujeres, incluso hombres, y el informe que tengo es que en la casa, que está tomada, metieron alcohol y hubo inconformidades por eso. Por eso hubo una escisión y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer Claudia a entregar los apoyos y hacer activismo… No hay mucha transparencia, pero de todas maneras van a tener garantizadas sus libertades”.

Otra vez alguien detrás. Un conservador, un hombre, un grupo que “no quiere que avance la 4T”, cuando la realidad del país es que hay impunidad y corrupción, factores que inhiben la aplicación de la justicia, y en este caso, en el de la CNDH, mujeres madres de hijas violadas, de hijos desaparecidos, víctimas de un sistema que las minimiza, y las victimiza una y otra vez. Un movimiento legítimo que no ven ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni el Gobierno de la República, cuya ceguera intentan ocultar con la premisa de que siempre hay alguien detrás.

Vía: Sin Embargo