CHILPANCINGO. La diputada Saida Reyes Iruegas se pronunció a favor de que la Secretaría de Educación Guerrero defina un procedimiento institucional para otorgar y distribuir los recursos presupuestales destinados a los salarios del personal de las preparatorias populares.
Esto a través de un acuerdo parlamentario, donde la legisladora señala que estas instituciones se crearon en los años 70 con el proyecto Universidad Pueblo, incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, para brindar educación a jóvenes de escasos recursos económicos de regiones con mayor rezago educativo, principalmente en áreas rurales y apartadas, como una alternativa a la demanda educativa.
En el documento, que se turnó para su análisis a las comisiones unidas de Educación, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada dijo que las prepas populares proveen de matrícula a la UAGro, por lo tanto ésta debería atender las necesidades educativas de los alumnos, de infraestructura y las laborales, ya que recibe anualmente de la federación 37 mil pesos por alumno y sólo se limita a prestar su plan de estudios y a los trámites administrativos, por los cuales los alumnos pagan.
Reyes Iruegas informó que derivado de las mesas de trabajo que realizó la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local con representantes de Preparatorias Populares, se conoció que la asignación del presupuesto es incorrecto, ya que hay escuelas con amplio número de matrícula y pocos recursos; otras con menos estudiantes pero con asignación presupuestal más elevada, y en algunos casos no cuentan con techo presupuestal.
Por eso, también plantea exhortar al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán y a los consejos Universitario y Académico de Educación Media Superior, para que impulsen el proceso de evaluación y regulación de las preparatorias populares, para incorporarlas a la estructura y funcionamiento formal de la UAGro, ya que sólo reconoce 51 de las 108 unidades académicas que funcionan en la entidad.
En ese sentido, agregó que “no debe haber maestros de primera ni de segunda, sino que todos deben percibir un ingreso acorde con sus actividades y obligaciones de acuerdo la Ley; a igual trabajo igual salario; está por demás decir que no se ha cumplido, pues hay escuelas con más de 30 años de funcionamiento donde se ha trasgredido este derecho y hay maestros próximos a jubilarse sin ningún alternativa para su futuro”.
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