Exhortan a municipios y autoridades ambientales para reformular y eficientar programas de manejo del fuego en zonas agrícolas

Edwin López

CHILPANCINGO. El Congreso del Estado exhortó a los 81 municipios y sus comunidades para que junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado, el Consejo Forestal Estatal y el Comité Estatal de Manejo del Fuego trabajen coordinadamente para mejorar la regulación, formulación, conducción y evaluación de la política de gestión ambiental, que atienda de manera adecuada la quema de residuos agrícolas e impida los incendios forestales.

El exhorto fue propuesto por la diputada Leticia Castro Ortiz, quien reseñó que en esta entidad los jornaleros realizan la quema de residuos sólidos como tallos, pastos, hojas, cáscaras y restos de cosechas anteriores, por ser una estrategia rápida y económica para limpiar, podar y despejar la zona de cultivo e iniciar sus actividades de siembra, además de que este método es eficaz para eliminar moscos y otras plagas de los campos.

Agregó que este procedimiento se registra en temporadas específicas del año y su método se realiza a cielo abierto, lo que conlleva a un grave desequilibrio ecológico y de salud pública, al generar contaminantes a través del humo que afectan a la población y contribuye al cambio climático, ya que entre los compuestos emitidos se encuentran gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, como el carbono negro, que dificulta la visibilidad en zonas y carreteras aledañas.

Por otro lado, aunado al grave desequilibrio ecológico y de salud de los pobladores, este tipo de quema agrícola, conocido como “tlacolol”, conlleva el riesgo de quedar fuera de control y ser causa de incendios forestales, sobre todo en los meses de calor en que las condiciones climatológicas favorecen la expansión del fuego.

Por todo lo anterior, la diputada Leticia Castro consideró importante hacer un llamado a las instancias competentes para que se coordinen con la población dedicada a las actividades agrícolas, y juntos implementen protocolos y herramientas que contrarresten las afectaciones por la quema de residuos sólidos.

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