Lilia Arellano
*Abren frentes con Estados Unidos y la Unión Europea
*Reprueban expertos contrarreforma energética de la 4 T
*Prevén un alud de demandas y amparos contra México
*¿Cuánto tiempo durará la unión Sinaloa-Quintana Roo?
Con una pandemia incontrolable con más de 165 mil muertos y un millón 912 mil contagios confirmados en números oficiales; y una economía en un profundo pozo (-8.5% del PIB en 2020), del cual se podrá salir hasta el segundo semestre de 2024, según los especialistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se cansa de abrir frentes en los cuales el país no tiene nada que ganar y si mucho que perder, pero el tabasqueño insiste en ganar material para su propaganda electoral. El viernes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos sostuvo: la iniciativa para reformar el sector eléctrico de México incumple lo acordado en el tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), y calificó como “profundamente preocupante” la propuesta enviada el lunes pasado al Congreso por el mandatario mexicano, buscando reforzar el papel de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas para subir su producción a la red, lo cual asestaría un golpe a las plantas de energía renovable.
También la representación de la Unión Europea en México expresó su “profunda preocupación” por lo que los privados y organización no gubernamentales ven como un retroceso del compromiso a transitar hacía energías limpias. La confrontación con nuestros principales socios comerciales y europeos tendrá consecuencias muy caras, en el contexto del T-MEC y el tratado comercial con la Unión Europea, por el mantenimiento o restauración de un sistema obsoleto de producción de energía eléctrica. En el plano doméstico, los representantes de los gobiernos estatales con inversiones en energías renovables aplaudieron fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien metiera freno a la célebre Ley Nahle. Asimismo, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) manifestó su preocupación por la propuesta de contrarreforma al sistema eléctrico presentada por AMLO, al limitar la llegada de más inversiones, y generar fuga de capitales del ramo de energías limpias.
“Si llega a pasar esta reforma va tener que indemnizar a todas las empresas que ya invirtieron plantas de más de 100 millones de dólares, porque no les va a permitir despachar la energía eléctrica que están generando, les van a llover demandas y amparos, y con ello vendrán más gastos del Estado mexicano para indemnizar a las empresas privadas, porque no se pueden deshacer los contratos y de la nada cambiar las reglas”, destacó Germán Campero, presidente en Tamaulipas de la ANES. La lista de advertencias es larga y no parece resultar suficiente para los legisladores quienes una y otra vez reiteran y afirman habrán de votar a favor de la contrarreforma por ser el “salvamento” de la CFE, cuando el objetivo, se ha visto, es otro y va de acuerdo a lo retrógrado y envejecido pensamiento de Manuel Barttlet, de sus contemporáneos y de ya saben quién.
Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sostuvo en un comunicado: “Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, quebrantarían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Los cambios propuestos a la Ley de la Industria Eléctrica de México (LIE) “aumentarían significativamente” el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos. Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el gobierno de México que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, cuando necesita “más que nunca” una mayor inversión extranjera para salir de su peor contracción económica desde la Gran Depresión”.
La iniciativa presidencial tiene una gran carga ideológica, más que un fundamento técnico, ambiental y comercial, y supone una revisión profunda de la reforma energética impulsada en 2013 por su antecesor, Enrique Peña Nieto. Uno de los mayores cambios supuso la creación de un mercado eléctrico basado en el principio del “despacho económico”, el cual dispone que las centrales con un menor costo de producción –las más eficaces- deben ser las primeras en subir electricidad a la red. Este principio favorecía a las renovables, generalmente más baratas y en manos de privados. Mientras, las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, con mayores costos de producción, tenían que esperar turno.
Para el país, las afectaciones de dicha propuesta del presidente son múltiples. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) subraya otras: Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de violar lo establecido en la Constitución; Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección a inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados; Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
Además, contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial, ya que reforma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.
Funcionarios y empresarios de estados con alto potencial para la energía solar y eólica, como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, salieron a defender las inversiones que han llegado a sus entidades a partir de la reforma energética. María Antonieta Gómez, titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, habló de la incertidumbre alrededor de la industria eléctrica del país, la cual ya provocó el año pasado la cancelación de un proyecto para desarrollar un parque eólico con una inversión estimada en 500 millones de dólares. Recordó a partir de la reforma energética, el estado recibió más de tres mil millones de dólares en inversión extranjera para la construcción de 12 parques eólicos terminados ya, y se agregan otros tres en construcción y nueve proyectos nuevos. En Tamaulipas operan empresas como Vestas, Acciona, Iberdrola, Engie, TPI Composites, entre otras, generando 12 mil 332 empleos directos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró en un comunicado: el “espíritu” de la iniciativa de AMLO “es eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de los productores privados”. De aprobarse dicha reforma, señalan, “no sólo van en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho”. Hacer esto, agregó, impactaría sobre los consumidores, puesto que encarecería el suministro eléctrico, pero también destruye “los procesos de generación barata y limpia”, con el consiguiente daño al medio ambiente. El IMCO criticó: esto aleja al país de “la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”. Por estas razones llamó al Congreso de la Unión a tener en mente dichas consideraciones al momento de debatir y votar la iniciativa del titular del Ejecutivo.
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