IRZA
– Presenta la CIDH un informe en la Normal de Ayotzinapa
Tixtla, Gro (IRZA).- Este martes aquí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de México que las “recientes intromisiones” en la investigación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre del 2014, “ponen en riesgo la obtención de justicia”.
En las instalaciones de la normal rural de Ayotzinapa, dirigentes de la CIDH presentaron el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (Mesaa), una instancia que se creó en 2014.
Directivos de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, Esmeralda Arosamena de Trotiño, María Claudia Pulido, Fiorella Messi y Tania Rennó, presentaron el informe en un encuentro a puerta cerrada con el Comité de Madres y Padres de los normalistas desaparecidos y representantes de organizaciones.
Posteriormente, ofrecieron una conferencia de prensa en la cancha techada de la normal. Explicaron que la CIDH decretó la medida cautelar 409/14 por la que se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mesaa.
Arosamena de Trotiño expresó que la CIDH considera que en las últimas semanas se han presentado “preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso”, y que tienen especial atención en la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (Ueilca), que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quien era su titular, Omar Gómez Trejo, renunció junto con todo su equipo.
Indicó que la Ueilca y su ex titular estaban avanzando en las indagatorias, pero cuando se rindió el informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en agosto pasado, se aceleraron situaciones jurídicas que consideran precipitaron resultados en las indagatorias.
Y que a raíz de eso y por la decisión de la FGR se decidió actuar penalmente contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, y no tomaron en cuenta a la Ueilca y menos en la decisión de no proceder penalmente en contra de 26 personas más, lo que provocó la renuncia de Gómez Trejo y su equipo.
Añadió que a consideración de la CIDH, “constituyen intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener y que puede afectar la continuidad del caso, sus investigaciones y resultados”.
Hicieron un llamado al gobierno federal y en especial al presidente de la Covaj, Alejandro Encinas Rodríguez, para que no presente “conclusiones anticipadas” en un caso donde hay víctimas y familiares.
Sin embargo, aseguraron que hay “hay avances significativos en la dinámica de la investigación y desaparición” de los 43 estudiantes y, que por ello, “se deben de identificar pruebas, posibles responsables y liberación de órdenes de aprehensión”.
Subrayaron en el informe que “el contexto de criminalidad en Guerrero y el conflicto latente entre grupos ilegales que se dedican al trasiego de drogas, en convivencia con autoridades estatales, en ese contexto desaparecieron los 43 normalistas en Iguala y continúa, y es un asunto que debe atenderse”.
Sostuvieron que en el gobierno de Enrique Peña Nieto “se tuvo la capacidad de explicar con veracidad el destino de los estudiantes, y señalaron que los agentes estatales que lideraron investigaciones tomaron una decisión de encubrimiento y evasión de responsabilidades en todos los niveles”.
Además, llamaron a las fuerzas armadas del país a dar cumplimiento a la instrucción presidencial de entregar “información de inteligencia militar, como responsabilidad institucional para favorecer todas las medidas procesales para la norma penal competente y la simplificación de la jurisdicción”.
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