Desentrañando al
presidente
Raymundo Riva
Palacio
El debate sobre
la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia
Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera
aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el
mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de
seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas
antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López
Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente
que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a
los legisladores, no acepto como titular del Ejecutivo la simulación”, dijo
durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.
Para el
presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde
todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas
-que es lo que llevan años pidiendo-, es como reeditar a la Policía Federal,
que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa
afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en
su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la
honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro
de alimentos, que afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano,
probablemente no se entendería lo que dijo el presidente, o se podría alegar
que está desviando la discusión de fondo. Sin embargo, no es así.
Como describió la
semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que
desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el presidente
confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente
relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía
Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos
primeros tercios del gobierrno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el
comisionado de seguridad era Manuel Mondragón -su asesor en la materia y quien
realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de
Seguridad-, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Mondragón recibió
una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de
confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México,
la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los
expertos en telemática -que manejaban los drones y decodificaban su
información-, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a
cabo contra los cárteles -recuperadas por la Marina-. Cuando entregó cuentas el
gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza
prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de
confianza, y con una inteligencia mermada.
El colapso del
sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que
hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que
absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el
destino de los recursos. La persona que por sus acciones y decisiones, está detrás
de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a
uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado,
y que habia sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la
Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el
sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de
Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a
la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejo un
creciente prespuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen porque
fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían
que rendir cuentas a nadie.
Bajo su administración
en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en
el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar
uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no
pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la
intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el
campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque
actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.
Las explicaciones
de López Obrador del porqué quiere acabar con la Policía Federal y desea una
Guardia Nacional manejada y controlada por militares tiene nombre y apellido,
aunque el presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de
aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio
Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el presidente
confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura
de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se
sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.
Pero López
Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía
Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema en esa área, pese a que en diversas
ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo
de las ambiguedades, acusaciones incompletas, o de las simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió
en el campo de la seguridad pública durante el gobierno de Peá Nieto, es un
túnel que necesita luz. El presidente haría bien en alumbrarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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