El gobernador investigado
Raymundo Riva Palacio
La violencia en Nuevo Laredo, que alcanzó una difusión nacional por la presunta ejecución de ocho personas a manos de comandos de élite de la policía estatal de Tamaulipas, ha generado una ola de reacciones en aquel estado, combinado con mensajes anónimos en las redes sociales donde se acusa a funcionarios del gobierno de proteger organizaciones criminales que están luchando contra el Cártel del Noreste para arrebatarle la aduana en ese punto fronterizo. Fuera de lo público son las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y varios de sus colaboradores.
Funcionarios federales revelaron que están analizando operaciones financieras del gobernador y de un familiar, que llamaron la atención del gobierno de Estados Unidos, que está pidiendo información al respecto. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está tratando de determinar si esas operaciones fueron con recursos de origen ilícito. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana avanza en una investigación para determinar la responsabilidad de colaboradores importantes de García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía estatal, en los hechos de violencia en Nuevo Laredo y otras partes del estado.
A lo largo de la última década, en este espacio se han hecho menciones de la presunta vinculación del gobernador y de su secretario de Gobierno, César Augusto Verástegui, con el crimen organizado, que han sido rechazadas por ambos en diferentes momentos. Las imputaciones contra García Cabeza de Vaca han sido tan fuertes y constantes, que durante el gobierno de Felipe Calderón fue obligado a tomar dos veces el polígrafo para poder determinar si tenía o no vínculos con el narcotráfico, luego que la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizara abriera una averiguación en su contra en 2009.
El 23 de enero de 2012, recién entrado el gobierno de Enrique Peña Nieto, la SIEDO tomó la declaración ministerial de un testigo protegido de la DEA, llamado “Angeles”, en la Corte Federal de Distrito Oeste en San Antonio, Texas. “Angeles” es el empresario Antonio Peña Arguelles, cuya detención fue dada a conocer un mes después por el delito de lavado de dinero y como enlace del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con los cárteles de la droga, fue puesto en libertad en 2014, luego de declararse culpable.
En esa declaración, Peña Arguelles dijo que en septiembre de 2004, el gobernador Yarrington le dijo que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa, porque tenía especial interés en que ganara. Él le ayudaría con los votos, y Peña Arguelles pidió dinero, de acuerdo con su testimonio, a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de Gregorio Sauceda Gamboa, El Metro 2, miembro del Cártel del Golfo y jefe de plaza en Reynosa, quienes le proporcionado medio millón de dólares.
Peña Arguelles declaró que le entregó personalmente el dinero a García Cabeza de Vaca en un hotel de esa ciudad. Una vez que ganó las elecciones para alcalde de Reynosa, Peña Arguelles afirmó que en enero de 2005, García Cabeza de Vaca le dijo que “cualquier cosa que necesitara el Cártel del Golfo”, se la hicieran saber. Como respuesta, agregó, le entregaron una lista de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública municipal para que fueran reacomodados o que no los movieran de su sitio, como sucedió con el director de Tránsito. Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca fueron desechadas, aunque los testimonios de “Angeles” fueron pieza importante en la acusación de Estados Unidos contra Yarrington de ser parte de la estructura de mando del Cártel del Golfo y por lo que enfrenta a la justicia en ese país.
García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las corporaciones policiales de México y Estados Unidos desde hace casi tres lustros, pero nunca se ha procedido en su contra por delitos relacionados al crimen organizado o lavado de dinero. Incluso, mantiene vigente su visa a Estados Unidos, donde vive su familia y pasa buen tiempo. Las investigaciones que se llevan a cabo en su contra y sobre su entorno familiar y profesional incorporan nuevos elementos y más información. Entre los altos funcionarios del gobierno que tienen información de la red de complicidades en Tamaulipas se encuentran el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que estaba al mando de la Cuarta Región Militar que componen Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, y el comandante del 77 Batallón de Infantería, Anastasio Santos, que estuvo comisionado en Ciudad Victoria.
El gobernador de Tamaulipas ha sido respaldado por un sector del PAN que en los últimos años estuvo vinculado a Puebla y desde donde le enviaron dos recomendados que hoy están siendo cuestionados públicamente e investigador por las autoridades federales. Uno es Irving Barrios Mogica, el fiscal del estado, muy cercano a la ex procuradora Marisela Morales, y que participó en la construcción fallida de los casos llamados El Michoacanazo y la Operación Limpieza, en el gobierno de Calderón. El otro es Félix Arturo Rodríguez, quien fue acusado de extorsión y privación de libertad en aquel estado, y que es el responsable de los comandos especiales, varios de los cuales están acusados de la ejecución en Nuevo Laredo.
García Cabeza de Vaca enfrenta al gobierno federal sin mayores respaldos. La protección que le brindaba su partido se acabó, y sus viejas relaciones han visto declinar su poder. Dentro del gobierno no existe un buen ánimo hacia él, pero serán las investigaciones las que determinen su futuro.
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