La (nueva) Iniciativa Mérida
Raymundo Riva Palacio
La ignorancia ha sido tóxica para el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador. Pero cuando se combina con la negligencia,
puede tener un efecto multiplicador. Esto quedó de manifiesto –aún falta ver
las totalidad de sus consecuencias-, en la forma como la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes está llevando a cabo negociaciones con sus
contrapartes de Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo,
sin que parezcan entender que al dejar abierta su puerta, el gobierno mexicano
va corriendo a ser sometido para que como en el pasado no muy lejano, la política
de seguridad sea dirigida desde Washington. La SCT, es lo que no comprenden en
el gobierno, es el gran hoyo en materia de seguridad que quieren tapar los
estadounidense y quieren taparlo a costa de lo que sea.
La dejadez irresponsable, derivada de esa
incapacidad crónica del gobierno para pensar en términos estratégicos, se
reveló ante los ojos de todos, aunque casi nadie lo vio, el 15 de enero pasado,
cuando el embajador Christopher Landau celebró con el director general de
la Agencia Federal de Aviación Civil, Rodrigo Vázquez Colmenares, la inauguración
de un proyecto de seguridad aeroportuaria para el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, “con la finalidad de detectar y prevenir cualquier amenaza
o situación ilícita en los puntos de revisión de ambas terminales”. Fue de 15
millones de dólares, según funcionarios mexicanos, pero esa inversión viene
acompañada de toda una serie de pasos para poner en marcha una nueva Iniciativa
Mérida, pero ajustada unilateralmente a los intereses del gobierno de Estados
Unidos.
En ese evento, Landau esperaba ver a
funcionarios de mayor nivel, pero nadie acudió. El secretario Javier Jiménez
Espriú, ni siquiera informó a la Embajada de Estados Unidos que no asistiría, y
tampoco fue ningún subsecretario. El desinterés no ayuda a los negociadores
mexicanos. De hecho, ese apoyo tecnológico es el primer paso en firme de la
nueva Iniciativa Mérida, ante la creciente preocupación del trasiego de drogas
–en particular el fentalino- por esa coladera del crimen que es el aeropuerto
“Benito Juárez”, y del terrorismo, que ante la inexistente estrategia de
seguridad del gobierno, se fortalece cada vez más la idea de México como un
riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
La intervención estadounidense en la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes comenzó el 10 de diciembre pasado, al
instalarse 24 equipos de Tecnología de Imagen Avanzada para escanear de cuerpo
completo a los viajantes, mediante un escaneo de cuerpo completo con tecnología
térmica. “El aseguramiento
de nuestra frontera en común y el fortalecimiento del Estado de Derecho se han
convertido en el punto de convergencia para nuestra cooperación en el combate a
las organizaciones criminales transnacionales”, dijo Landau. Sobre todo, porque
con más de 120 vuelos diarios, México es el país que más viajes realiza
diariamente a Estados Unidos.
Los nuevos
equipos con tecnología de punta se enmarcan en las presiones que ha
incrementado el presidente Donald Trump sobre México desde el culiacanazo el 17 de octubre pasado, que
incluye que se permita a agentes federales y migratorios de ese país puedan
trabajar a la par de los mexicanos en la revisión de los pasajeros en vuelos a
Estados Unidos, que ha sido un deseo de Washington desde hace años. La
diferencia es que lo que buscan no es sólo un proceso donde los trámites de
entrada a ese país se hagan en México, como sucede en Canadá, sino que con la
inclusión de otros agentes federales, el objetivo central no sea agilizar
trámites migratorios, sino establecer un primer control de seguridad en
aeropuertos mexicanos.
El aire no es
lo único que les preocupa a los estadounidenses, y por eso lograron a través de
las presiones del procurador general, William Barr, que el presidente Andrés
Manuel López Obrador rectificara la decisión de relegar a la Marina del combate
al narcotráfico, derivada de “la cercanía”, describían sus colaboradores, con
los servicios de inteligencia de ese país. La Marina fue incorporada al combate
al narcotráfico por el presidente Felipe Calderón en 2009, y en la actual
administración fue marginada hasta que Barr obligó al cambio de órdenes. Ahora,
la Marina se encarga junto con la DEA de una parte de los cárteles mexicanos.
La Marina ya
está operando en México contra el crimen organizado, pero los estadounidenses
quieren aumentar su participación. Ahora quieren que la Marina Mercante, que se
encarga de la navegación comercial y turística, pase a ser controlada por la
Marina, y deje de serlo por la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de la
SCT, como actualmente sucede. Sus razones son claras. Sus servicios de
inteligencia detectaron grandes volúmenes de trasiego de fentanilo por los
puertos mexicanos y desde mayo pasado aumentaron sus preocupaciones porque el
gobierno de China, donde se fabrica la mayor parte de los precursores para el fentanilo,
prohibieron su producción, y creen que los laboratorios de esa droga letal chinos
se trasladen a México.
Jiménez Espriú
no está de acuerdo con ello, pero la argumentación es que la Marina Mercante no
hizo su trabajo. No es lo único dentro de ese sector. Estados Unidos también
quiere supervisar Correos y que se homologuen los procesos y la documentación
para las cargas y llegadas de todo tipo de producto a México. El correo
mexicano ha sido de interés creciente para los estadounidenses por el desorden
en el que se encuentra el Servicio de Correos, argumentan, donde han descuidado
los procedimientos, entran drogas y eventualmente insumos para terroristas. Es
decir, la misma historia desde que arrancó el gobierno de López Obrador. Ahora es
la SCT, como un ejemplo más de la laxa política contra el crimen, detonador de la
fuerte reacción y presión de Estados Unidos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
