Categoría: Zihuatanejo

Reactivación desarticulada

Raymundo Riva Palacio

El plan de reanudación a una nueva normalidad del gobierno federal deja mucho que desear. Peor aún, no es un plan consensuado ni articulado con los gobiernos estatales, lo que significa que no es una iniciativa federal para ser aplicada en todo el país, sino un conjunto de guías normativas de cumplimiento discrecional. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es una imposición para ningún estado o municipio, por lo que cada quien, en función de su autonomía, podrá acatar las medidas que decida. Una vez más, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y aténgase a las consecuencias.

El plan que guiará al gobierno federal se compuso de un paquete de enunciados y cronogramas pintados de colores, para buscar ser didáctico sin entrar el fondo o resolver las dudas y preguntas que dejó. Nadie explicó porqué se decidió que sólo los sectores de la minería, automotriz y la construcción se añadirían a la categoría de empresas esenciales, que hubiera ayudado a entender la lógica que, de cualquier forma, choca con lo ilógico. Los tres sectores se encuentran ubicados mayoritariamente en las zonas del país con alerta alta o máxima, lo que no excluye que puedan reabrir, pero exige saber las condiciones en las que lo harán para preservar la salud y la vida de los y las trabajadoras.

Ese detalle fundamental, no existe aún. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estuvo presente en el evento, pero tras escuchar su breve participación, era igual como si no hubiera ido. En ella recae el desarrollo de protocolos de seguridad laboral, pero no traía nada bajo el brazo. Incluso, quien trazó las grandes líneas del plan, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que estos se comenzarán a elaborar en las dos últimas semanas de mayo. ¿Qué hicieron entonces durante todo este tiempo? Alcalde, realmente nada. Quienes han estado hablando con las empresas para acordar protocolos de seguridad laboral son los gobernadores, no el gobierno federal.

Los gobernadores han marchado firmemente sobre el gobierno federal. Comenzaron el distanciamiento social y el confinamiento cuando el gobierno federal decía que no era necesario, probablemente salvando miles de vidas. Esta semana decidieron ignorar al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de que las clases presenciales se reanudarían el 1 de junio, y casi la mitad de los estados dijeron que terminarían el ciclo escolar con clases a distancia, porque no pondrían en riesgo la vida de los menores y sus familiares. Moctezuma, presente en el evento del miércoles en Palacio Nacional, reculó en la intención original, y precisó que la reanudación de clases se haría hasta que no haya contagio en los municipios del país y no el día anunciado.

López Obrador cumplió con reiniciar escalonadamente el regreso a la normalidad diferente a partir del próximo lunes, pero aparentemente el diagnóstico que le dieron era impreciso. Esto es algo sobresaliente que dejaron ver las entrelíneas del evento en Palacio Nacional. El 20 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, escribió en su cuenta de Twitter que para el 18 de mayo, se podrían levantar las medidas de seguridad sanitaria en casi mil municipios, si la gente continuaba con la sana distancia. Tres semanas más tarde, el número de municipios sin contagio se había reducido significativamente: 269, una tercera parte de los que habían contabilizado. 

De la lista de los estados con un mayor número de municipios sin casos, resalta la forma como se ha acelerado el contagio en esas mismas entidades. Hace un mes había 443 municipios vírgenes de coronavirus en Oaxaca; hoy, 203. Durante ese periodo, en Veracruz se contagiaron 77 municipios y 63 en Puebla. Yucatán tenía libre de contagio 50 municipios y hoy sólo tiene uno, mientras que en Chiapas, el Covid-19 se extendió a 43 de los 48 municipios que hace un mes estaban libres de enfermedad. Aún en estados donde los gobiernos locales han tomado medidas de distanciamiento enérgicas, la pandemia avanza. Jalisco es uno de ellos, donde el 50% de sus municipios limpios en ese entonces (26), está hoy infectado. Y Sonora, que tenía 32 municipios sin contagio, hoy tiene 17. La velocidad del contagio es tan rápida, que la lista de municipios libres de contagio se redujo en 10 entre la víspera y el anuncio del plan.

Las autoridades sanitarias federales han minimizado estos datos y afirmado que la curva se está aplanando. Su dialéctica es política-propagandística. ¿Cómo aplanar una curva cuando los casos a nivel nacional de contagios y fallecimientos van en aumento? No se ha ralentizado, sino acelerado, razón por lo que se recomienda realizar el mayor número de pruebas posibles a población que no está contagiada ni registra síntomas. Pero pruebas, como quedó demostrado ayer una vez más, no habrá.

La falta de protocolos, pruebas, y medidas de seguridad laboral, dejaron también en el aire cómo se va a echar a andar el sector de la construcción –fuertemente golpeado un año antes de la pandemia por las políticas del gobierno-, que tiene entre su principal actividad en las zonas metropolitanas, particularmente la del Valle de México, que se encuentra actualmente en máxima alerta del coronavirus.

El plan presentado está trunco y su calendarización refleja lo tardío que están llegando a la reactivación, o la improvisación con la que están manejando este proceso. Parecería que el gobierno federal no asume el papel rector y regulador que debe tener en esta crisis, y dejará que las cosas se resuelvan casuísticamente. Extraña, por tanto,  que López Obrador diga que el plan no será impuesto a nadie. ¿Será una coartada para culpar a otros de lo que debió haber hecho su gobierno? No cabe que sea tan irresponsable, pero mejor esperemos para ver lo que presenta en los próximos días.

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Reapertura, ¿a lo loco?

Raymundo Riva Palacio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy dará a conocer el plan de regreso a una “nueva normalidad” y qué municipios empezarán a restablecer sus actividades. El borrador del plan se elaboró hace aproximadamente un mes, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó hace tres semanas que el 18 de mayo podrían retirarse medidas de seguridad sanitaria en cerca de mil municipios donde no se habían registrado contagios. Llama la atención que este anuncio se vaya a realizar en medio de lo que el propio gobierno considera la etapa más crítica de la pandemia, por la aceleración en la transmisión del Covid-19, pero se entiende perfectamente en la lógica de López Obrador, donde primero es la política y luego la salud.

La narrativa del régimen dice que la salud es primero, pero las evidencias muestran lo contrario. Durante el primer periodo de contagios en México, el discurso era que no se requería el distanciamiento social ni se necesitaba el confinamiento. La retórica cambió pero las prácticas no. Los mensajes cruzados de “quédate en casa” con la luz al final del túnel de una pandemia que ya se había domado porque la curva se había aplanado, no se entendieron como disparates del discurso político y propaganda, sino como una señal presidencial que se podían relajar las medidas. Anunciar reiteradamente que ya vamos a entrar en la normalidad relativa, es otro de los mensajes equivocados que se envían a la población.

Hace un mes, 10 estados concentraban los municipios sin casos: Oaxaca (433), Veracruz (88), Puebla (74), Yucatán (50), Chiapas (48), Chihuahua (34), Sonora (32), Guerrero (28), San Luis Potosí (28), y Jalisco (26). Si uno atiende las medidas restrictivas en varios de esos estados, se puede colegir que los municipios se encuentran en zonas alejadas, no en los centros densamente poblados. Así, el regreso a la normalidad podría general falsas expectativas, ante una sociedad ansiosa y deseosa de salir a la calle, que no distingue los matices, si el mensaje de voluntarismo político de López Obrador no se acompaña de realismo y planeación.

El principal problema que se ve, a partir de lo que piensan los expertos y consideran algunos sectores que incluso han resultado perjudicados por el confinamiento, es que un retorno a la actividad normal en las condiciones actuales de México, podría ser altamente contraproducente. El argumento coincidente es la falta de pruebas que permitan conocer con mayor certeza la verdadera dimensión del impacto del Covid-19 en la población. Los datos que proporciona López-Gatell, si bien no falsos, son insuficientes para saber la realidad de la pandemia, porque se basa en el modelo Centinela, que sólo obtiene información de los casos de contagios y fallecimientos en hospitales. Eso datos, de acuerdo con especialistas, tendrían que ser multiplicados por 30 para poder tener una mejor idea del problema sanitario.

Esa información es inexistente para fines de toma de decisiones, porque el gobierno decidió no hacer pruebas en la población. De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es quien menos pruebas ha realizado. En la actualización de la OCDE del 4 de mayo, la media es de 27.7 pruebas por cada mil habitantes, mientras que México realiza 0.6. Islandia, el país que más pruebas aplica, lo hace en 147.6 de cada mil, y Chile y Colombia, las dos otras naciones latinoamericanas en ese grupo, suministran 10.4 y 2.3, respectivamente. La justificación de López-Gatell es que no se ha demostrado que haya relación entre el número de pruebas realizadas y la contención de la enfermedad, y que es mejor tener información de calidad obtenida por el método Centinela, que de mala calidad por la vía de las pruebas. 

La Organización Mundial de la Salud, en contraposición, las ha recomendado de manera enfática, como una herramienta, no como la solución. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard, sostiene que las pruebas no son suficientes y que se tienen que hacer más cosas además de las pruebas. “Pero sin ellas, no sabemos quién tiene coronavirus y quién no. Tampoco sabemos cómo se está expandiendo”. Esa es la misma racional predominante en el mundo y cuya deficiencia metodológica en México ha sido motivo de crítica sobre subregistros sustanciales en contagios y fallecimientos.          

El gobierno de López Obrador ha sido cuestionado dentro y fuera de México desde hace varias semanas por la falta de aplicación de pruebas, y se ha ido construyendo el consenso de que es por razones políticas. “La política está muy involucrada en las decisiones”, dijo Janine Ramsay, una experta en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde fue directivo López-Gatell, a la agencia AP en abril. “México, políticamente, no valora la evidencia científica. ¿Por qué? Porque le quitaría las decisiones a los políticos”.

Lanzarse las medidas de prevención y distanciamiento social sin pruebas a población abierta, puede ser como navegar sin timón durante una tormenta. Francia, que está preparando la reanudación de actividades, realizará 700 mil pruebas por semana. Alemania quiere aplicarlas en toda la población. En Nueva York, el centro de la epidemia en Estados Unidos, quieren llegar a 155 mil pruebas al día. En México, hasta ahora, la racional marcha en sentido contrario del mundo.

Si no aplican pruebas salvo a personas con los síntomas o quienes hayan estado en riesgo de contagio, será como una encuesta, salvo que en los estudios demoscópicos, sólo hay márgenes de error y yerros metodológicos. En este caso no se trata de porcentajes sino de vidas. Pero esto no parece ser un obstáculo para López Obrador. De hecho nada lo es para él, ni hay variables que lo lleven a depurar o rectificar el rumbo, como probablemente veremos con su plan de reactivación social y económica.

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