Categoría: Zihuatanejo

El ex presidente municipal, Gustavo García Bello, reconoció el trabajo del Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, en su 5to Informe de Gobierno.

Recordó que durante la administración de la que estuvo al frente del 30 de septiembre a diciembre del 2017, “la gestión del gobernador en Zihuatanejo fue brillante, histórica, nunca se habían invertido tantos recursos, la inversión estatal fue de más de 250 millones de pesos”.

En la toma de protesta de García Bello como alcalde de Zihuatanejo, Astudillo Flores asumió el compromiso de la construcción del nuevo muelle Principal, además de que en el 2015 no estaba en funcionamiento y para repararlo hubo una inversión de tres millones de pesos.

“Yo recuerdo que el primero compromiso cuando entramos con el pie derecho con Héctor Astudillo fue cuando me aprobó la construcción del nuevo muelle Principal en mi toma de protesta como presidente”, dijo García Bello.

Enfatizó que el hecho que su administración fuera perredista esto no impidió que el gobernador etiquetara recursos millonarios al puerto de Zihuatanejo, pues además del muelle Astudillo Flores aprobó a García Bello una inversión para la rehabilitación del Paseo del Pescador, todo lo que recorre playa La Madera.

Sobre la construcción de la carretera escénica de Riscalillo, García Bello señaló que fue una inversión a futuro por parte de Astudillo Flores y que hay inversionistas internacionales interesados en toda esa zona.

De igual forma recordó la reconstrucción de la carretera que comunica San José Ixtapa con playa Linda, también apoyó a su administración en la mezcla de recursos para las mejoras de la red de agua potable, una de las comunidades beneficiadas fue el Coacoyul.

“Otra obra importante que no puedo omitir es el Centro Regional de Rehabilitación Integral que está en la Majahua, dimos el banderazo de inicio, esa obra quedó en proceso aún 70 por ciento cuando yo salí y es en la actual administración que ya está funcionando”.

Se dejó en camino la construcción de un hospital en un predio que donó la administración perredista, también el alumbrado público en la carretera de La Majahua quedó en proceso, Astudillo Flores también rehabilitó la carretera de playa Larga y aportó un 30 por ciento para que los campesinos recibieran fertilizante gratis, el 70 por ciento lo cubrió el municipio.

“Son acciones que tenemos que reconocer al gobernador del estado que con mucho ánimo se solidarizó con Zihuatanejo, nunca dejó de venir, me acuerdo que en el 2017 tuvimos desastres naturales y vino en dos ocasiones a estar con nosotros y nos apoyó la verdad de manera extraordinaria”.

Hizo mención que envió un mensaje a Astudillo Flores para felicitarlo sobre su 5to informe de gobierno y le contestó con un mensaje de audio, por lo que su relación no se demeritó cuando dejó de ser alcalde de Zihuatanejo.

En cuanto a la nueva fecha para la encuesta para elegir al nuevo dirigente de Morena a nivel nacional, “ya hay un calendario del 16 al 22 de octubre cuando se van a levantar las encuestas, el día 23 de octubre entregan resultados al INE y el 24 ya se hace público quien ganó esa encuesta.

Finalmente, dijo que para García Bello el mejor proyecto es Mario Delgado Carrillo para la dirigencia nacional de Morena porque “promete inclusión, promete trabajar mucho en la unidad, promete mejores proyectos para Morena”.

Aguas con el búmeran, Presidente

Raymundo Riva Palacio

La historia, contada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se resume así: la empresa Nunvav obtuvo entre el último año del gobierno de Felipe Calderón y los cinco primeros de Enrique Peña Nieto, nueve contratos por 390 millones de dólares, del cual hay un adeudo del 30%, porque la Secretaría de Hacienda asegura que no existe evidencia de los trabajos realizados. Y hay otra parte de esta historia, la política, que se materializó en una tarjeta informativa de Hacienda y la Presidencia, donde señalan que esa empresa es pieza clave en la triangulación de recursos, porque benefició a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, sujeto a proceso en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

López Obrador aderezó con picante político al mezclar contratos con fideicomisos y bordar en aspectos circunstanciales, para impulsar su agenda de lucha contra la corrupción. Está en su derecho y puede hacer de la propaganda y la demagogia su brazo estratégico para objetivos ulteriores. A veces, o muchas veces, sin embargo, actúa con ligereza legal y sin tener completamente clara y sólida la información. El tema de Nunvav parece uno de ellos, aunque en su descargo, la confusión emana de la investigación que sobre esa empresa inició el gobierno de Estados Unidos sobre los Weinberg antes, incluso, que detuviera a García Luna.

Nunvav se ha convertido en un eje de las acusaciones contra García Luna en ambos países, donde prácticamente señalan que es una empresa fachada que utilizó el ex secretario para enriquecerse y lavar dinero. Los fiscales estadunidenses tendrán que probarlo, pero en el gobierno mexicano, están corriendo a mucho más velocidad que en Nueva York, sobreponiendo a lo legal lo político. Por lo mismo, los márgenes de riesgo en los que se encuentra López Obrador y su gobierno por adelantar vísperas, podría toparse con una sorpresa y encontrarse con el búmeran que lanzaron.

Los fiscales en Nueva York han ido entregando al juez en la Corte Federal en Brooklyn recortes periodísticos para probar la relación de negocios entre los dueños de Nunvac y García Luna. Un método similar utilizó en México el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien en mayo afirmó a la cadena de televisión Univisión, que García Luna había lavado más de 50 millones de dólaresa través de una red de empresas de sus “asociados” Samuel Weinberg y su hijo Alexis Weinberg. 

La investigación se originó como parte del seguimiento de la compra de una lujosa casa en Golden Beach, a aproximadamente media hora al norte de Miami, valorada en tres millones de dólares, donde la periodista que realizó el trabajo, Peniley Ramírez, a diferencia de otros colegas que siguieron el tema, aclaró que no había podido establecer, hasta ese momento cuando menos, que esa propiedad, a donde llegó García Luna a vivir temporalmente cuando se fue a Estados Unidos, fuera suya.

Los Weinberg son empresarios mexicanos, y junto con Nathan Wancier son los socios de Nunvav, y tienen la representación del gobierno de Israel para la venta de tecnología en materia de seguridad. Han trabajado con el gobierno de México desde 1989, cuando el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, les compró tecnología para el CISEN y Aduanas. Muy vinculados al sector hacendario por sus equipos con tecnología de punta, también recibieron contratos en el Sistema de Administración Tributaria, cuando el jefe del SAT era Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Hasta donde ha sido posible saber, García Luna sí tiene relación cercana con los Weinberg, e incluso prestó sus servicios en América Latina a su empresa al terminar el sexenio de Calderón. El presidente López Obrador los ha pintado como un mismo ente, como esta semana, cuando así lo contextualizó en uno de los contratos de Nunvac y que el secretario de Gobernación del gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, que tenía animadversión contra García Luna, no terminó de pagar. 

López Obrador anunció que están investigando los contratos de Nunvav señalados por la Secretaría de Hacienda, cuya adjudicación abarca prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto. La investigación podría arrojar datos interesantes e inesperados, probablemente incluso para el propio Presidente, porque tocan una de las venas que alimentan el corazón de su autollamada transformación.

Samuel Weinberg está casado con la señora Silvia, quien a su vez es prima hermana de Julia Abdala, la pareja por más de 20 años de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Los Weinberg tienen otra empresa en México, ICIT Private Security México, que tenía oficinas corporativas en un edificio en Polanco, propiedad de la esposa de Weinberg, que se lo había comprado a su prima Julia. La relación entre las parejas Weinberg y Bartlett-Abdala era tan cercana, que en la boda de Alexis compartieron una de las principales mesas, irónicamente, con García Luna.

Ninguna relación familiar implica delito alguno, pero en el desbordamiento que suele hacer López Obrador de todos los casos para politizarlos, son como un conejo perverso en la chistera. Hacienda tendrá que terminar su investigación y determinar si la irregularidad en una o más obras durante el sexenio de Peña  nieto, se puedan resolver con Nunvav administrativa o penalmente. Pero será la Unidad de Inteligencia Financiera la que deberá probar que los Weinberg y García Luna actuaron de manera ilegal para enriquecer al ex secretario a cambio de favores contractuales. La otra es navegar pasivamente en espera que los fiscales en Estados Unidos le resuelvan la investigación.

En cualquier caso, como dice López Obrador, hay que esperar a que concluyan las investigaciones y los juicios. Debe decirlo más alto, para que se escuche a si mismo.

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Se enojó el general

Raymundo Riva Palacio

Al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, no le gustó una columna publicada en este espacio el 8 de octubre, “La Guardia Nacional al Ejército”, y por medio de una carta del coronel de Infantería, Francisco Antonio Enríquez Rojas, reclamó que se difunda “información o conjeturas erróneas”. La carta es interesante no por sus alegatos, donde cuando no miente, tergiversa o desinforma, sino porque el fondo del texto queda sin ser respondido. Por tanto, si tomó el equipo jurídico del secretario casi una semana para rebatir prácticamente cada punto de la columna, resulta notable que la litis del texto fuera soslayada: la Guardia Nacional, creada como una institución civil, será absorbida por el Ejército. 

Este es el punto trascendental. La seguridad pública pasará a ser parte de la Secretaría de la Defensa, y se están revisando las reformas constitucionales que tendrán que hacer. En cambio, el coronel detalla la creación de la Guardia Nacional, lo que no era parte de la columna, y se queja de que afirmara que fuera de toda normatividad, el general Sandoval esté respaldando al presidente Andrés Manuel López Obrador en el levantamiento de un andamiaje paralegal”. ¿Cuál es este? El control y manejo de la Guardia Nacional, que formalmente depende de la Secretaría de Seguridad Pública cuando de facto se maneja desde Lomas de Sotelo. Esta es la ilegalidad en la que incurren los militares, apoyando las decisiones ilegales del Presidente.

El artículo 129 de la Constitución establece sobre las Fuerzas Armadas que “en tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El presidente Felipe Calderón, en plena guerra contra las drogas, le dio la vuelta mediante la Ley de Seguridad Interior para blindarlas jurídicamente de la inconstitucionalidad en la que estaban al participar en tareas policiales, y en 2008, como respuesta, el Congreso reformó el artículo 21 donde ratificó que la seguridad pública debe estar en manos de cuerpos civiles. La militarización de la seguridad pública es claramente inconstitucional.

El coronel cita el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para rodear el tema, aunque en realidad, esa ley ratifica lo aquí plantado. Ese artículo habla de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, que la excluye de la seguridad pública, que está definida en el artículo 30 de la misma como responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Menciona también el 89 constitucional sobre las atribuciones del Presidente, en donde, una vez más, se preserva para las Fuerzas Armadas la seguridad interior y defensa exterior de la nación. La seguridad pública es responsabilidad de la Guardia Nacional, supuestamente un órgano civil, pero bajo control militar y próximamente, absorbida por la Defensa.

De que la Guardia Nacional tenga como jefes a militares en activo, que también viola la ley, el coronel no dice ni una palabra. Al refutar la subordinación de su jefe, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, a la Defensa Nacional, afirma que se tergiversa la “coordinación y la cooperación interinstitucional”. El coronel miente. Rodríguez Bucio responde como militar en activo al secretario de la Defensa -incluso lo haría si estuviera en retiro- y no meramente, como dice la carta, a un “apoyo temporal”. Un ejemplo, citado en la columna pero soslayado en la carta, es la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en Culiacán hace casi un año, donde el costo del desastre lo asumió el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, planeada por el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y dirigido por Rodríguez Bucio.

El coronel precisa en su carta que todas las decisiones en materia de seguridad pública son determinadas en forma colegiada a través de las reuniones del gabinete de seguridad. Una vez más, en violación a los artículos 21 y 129 constitucionales, pero hay algo mas que quizás desconozca y el secretario de la Defensa haya pasado por alto: el gabinete de seguridad no existe legalmente; no hay ningún documento oficial que se conozca que le de las facultades para tomar decisiones. A menos de que produzca el gobierno la disposición correspondiente, se puede argumentar que todo lo que se ha hecho a partir de sus decisiones, es ilegal.

Al general Sandoval no le gustó tampoco que le dijera que actúa como “cómplice” del Presidente, afirmación que se hizo a partir de lo que señalan dentro del gabinete de que es el único que a todo lo que dice López Obrador, sin reparar en si es legal o no, entra en su apoyo. Todo lo que hacen de obra pública viola sus atribuciones constitucionales. Todo lo que están construyendo representa una tercera parte de su presupuesto, como admite el coronel Enríquez, al negar que no han llenado de dinero al Ejército.

Se queja el secretario que se haya afirmado que el resplandor del poder y el dinero lo hayan hecho olvidar a quién responden las Fuerzas Armadas. Sin entrar a la valoración subjetiva de los términos, donde cada parte argumentará sus razones, ¿no es el resplandor del poder y el dinero lo que ha llevado al general a entrarle a todo lo que le pide el Presidente? ¿No también es una desnaturalización de las Fuerzas Armadas, que también objeta el coronel Enríquez?

Las Fuerzas Armadas sí atraviesan un proceso de desnaturalización. López Obrador quería desaparecerlas antes de asumir la Presidencia, y ahora va por el mismo camino mediante una vía que no quiere ver el general Sandoval: quitándole atribuciones de defensa exterior, y llenándolas de trabajo para que ocupen espacios dentro del gobierno como policías y constructores, recibiendo los presupuestos que eran de otras dependencias, convirtiendo al general Sandoval en el secretario más poderoso del gabinete hoy en día, hasta que el Presidente considere que dejó de ser funcional. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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