La acusación contra Peña Nieto
Raymundo Riva Palacio
El fiscal general Alejandro Gertz Manero se está dando un festín. La negociación con Emilio Lozoya, ex director de Pemex, que se inició desde Madrid para que alcanzara el criterio de oportunidad a cambio de denunciar a sus jefes, lo ha venido acomodando a su beneficio. Quién sabe si podrá judicializar todo lo que acordaron que declara Lozoya el 11 de agosto pasado, pero políticamente es una mina para mostrar que las imputaciones contra altos funcionarios de la anterior administración y políticos tienen cuerpo, y que el jurado popular dicte sentencia. En este momento, cae sobre terreno fértil, porque su acusación de cohecho, delito electoral y traición a la patria contra Enrique Peña Nieto, entra suavemente en el imaginario colectivo que ha linchado al ex Presidente desde hace seis años.
La acusación contra Peña Nieto está explicada por la Fiscalía como una “ayuda” que le dio el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018 –el periodo completo de su sexenio-, “recibiera indebidamente por interpósitas personas” casi seis millones de dólares, además de 84 millones de pesos, depositados en una cuenta radicada en el Principado de Liechenstein –un paraíso fiscal en Europa-, o entregados en efectivo por parte de la empresa brasileña Odebrecht y su filial petroquímica Braskem.
La Fiscalía asegura que ese soborno fue para que Odebrecht fuera beneficiada en la adjudicación del contrato para acondicionar y conformar plataformas en la refinería “Miguel Hidalgo” en Tula, y dar continuidad al Proyecto Etileno XXI en Coatzacoalcos. El primero data del 15 de febrero de 2014, y el segundo del 19 de febrero de 2010. Los dos contratos fueron dados a conocer por Pemex, cuando José Antonio González Anaya, quien sustituyó a Lozoya, ordenó una investigación en diciembre de 2016 realizada conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, tras lo cual presentó un mes después una denuncia de hechos en la entonces Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción.
González Anaya alertó a las autoridades, pero la dupla Gertz Manero-Lozoya reformuló la imputación, cambiando de personajes. Ya no fue Lozoya quien recibió sobornos, sino Peña Nieto, quien también se comprometió, según la Fiscalía, a intervenir para que diputados del PRI y de la oposición en el Pacto por México, aprobaran la Reforma Energética. Para el contexto, la iniciativa del PRI la había propuesto el PAN desde el gobierno de Felipe Calderón, y el PRD votó en contra.
La Fiscalía General detalla que los depósitos de Odebrecht se hicieron a través de Lozoya, que enviaba el dinero a una cuenta en Suiza de Latin America Asia Capital Holding (LAACH). La Fiscalía General no pudo probar ese dicho porque, según el ex director de Pemex, al entrar el nuevo gobierno desactivaron sus correos. Es muy conveniente esta justificación, pero los expertos saben que siempre existe una huella y que aunque se desactivaran, incluso borraran, se pueden recuperar. Sin embargo, decir esto, o haber incluso intentado recuperarlos, podría arrojar inconsistencias en la acusación.
Las inconsistencias abundan en la acusación. Según los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht acusados de corromper a funcionarios en 11 países, los pagos que hizo su Departamento de Operaciones Estructuradas a Lozoya, no fueron a su cuenta directa, sino a la de LAACH, donde su madre, su hermana y su esposa tienen el 90% de las acciones, y Fabiola Tapia, que ya murió, hermana de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, con quien los brasileños trabajaron en Tula, tenía 10%. Como se ha detallado en esta columna, los ejecutivos de Odebrecht han afirmado ante la Fiscalía brasileña que no inyectaron recursos en la campaña presidencial de Peña Nieto, y que a la única persona que le dieron sobornos, fue a Lozoya.
Los sobornos que recibió Lozoya, de acuerdo con los brasileños, fueron por 10.5 millones de dólares, cifra equivalente a unos 105 millones de pesos, al tipo de cambio de 2013. Si se revisan los montos que Gertz Manero asegura recibió Peña Nieto de sobornos, suman alrededor de 144 millones de pesos. Con este monto, Lozoya no sólo queda liberado ante los ojos de la Fiscalía General de cualquier soborno, que le transfirió al ex Presidente, sino que le añadió más dinero a la acusación de corrupción que no se sabe de dónde salió.
Al igual que con el dicho de que la empresa de su familia –de donde hay pruebas que se giraron depósitos desde Suiza a su cuenta personal- sólo sirvió para transferir dinero al ex Presidente, la forma tan simple como arma la ingeniería financiera corrupta, únicamente es superada por la forma inverosímil como el fiscal construye su acusación contra Peña Nieto y Videgaray.
Otra de las inconsistencias es que la Fiscalía General sólo menciona a Braskem, pero omite de su acusación a Idesa, con la cual se fusionó para buscar esos dos contratos, con las mismas obligaciones y responsabilidades. La razón visible es que Idesa es propiedad de la familia política del ex secretario de Comunicaciones lópezobradorista, Javier Jiménez Espriú, que era consejero de Braskem-Idesa cuando obtuvieron los contratos. Nada que toque al régimen actual se incluye en la imputación de Lozoya y menos aún, en la denuncia de Gertz Manero.
La acusación de la Fiscalía, como la declaración de Lozoya, está llena de agujeros, por lo que tendrán que esforzarse más si quieren armar judicialmente un caso sólido. Sin embargo, lo importante no parece ser el apegarse a la ley, sino manejarla políticamente. Pero ganando el régimen acusando a Peña Nieto de corrupto, pierde México. Podría no ser culpable en el caso Odebrecht, pero eso no quiere decir que sea inocente de otros probables delitos que al no investigarlos, acusándolo de uno sin futuro legal hasta ahora, podrían garantizarle impunidad. Bonita justicia de marras la que tenemos.
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