Categoría: Zihuatanejo

Chaparrón sobre Olga

Raymundo Riva Palacio

Olga Sánchez Cordero ha construido gran parte de su carrera judicial como una persona abocada a la igualdad de género. Con esa bandera ganó prestigio en un entorno donde se miran muy poco los detalles, por lo que cuando se retiró de la Suprema Corte de Justicia hubo numerosos reconocimientos públicos que magnificaban las percepciones. Al integrarla el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gabinete como secretaria de Gobernación, hubo quienes pensaron que la reivindicación de las mujeres sería una realidad en el sexenio. Aunque esa fama de la que venía precedida ha sufrido abolladuras por su justificación a un líder misógino, nadie esperaba que el pasado la alcanzara como sucedió el viernes pasado.

Sánchez Cordero se vio envuelta en una tormenta cuando tras la captura de Mario Marín, acusado de haber ordenado la detención ilegal y la tortura de Lydia Cacho en 2005, después de publicar un libro sobre la pederastia en el que involucraba a varios políticos con el empresario textilero poblano Kamel Nacif, la escritora y activista la señaló de haberla traicionado por haber votado a favor de la exoneración del ex gobernador de Puebla en la Suprema Corte el 29 de noviembre de 2007, que impidió que se iniciara un proceso de desafuero para que pudieran llevarlo a tribunales.

Como era natural que sucediera, esa imputación fue tema en la mañanera, donde Sánchez Cordero, o no iba preparada, o iba pobremente adiestrada para lo que iba a suceder. La secretaria de Gobernación negó haber votado a favor de Marín -señalando que no fue una posición hacia la persona-, y aseguró que sí había dicho que se había realizado tortura sicológica contra Cacho. Lo que no se sabe, es que Sánchez Cordero sí votó a favor de la persona. Poco antes de la sesión, la entonces ministra, que iba preparada para votar a favor el dictamen que abriría la puerta a un juicio contra Marín, recibió una llamada de una de las figuras más influyentes del PRI, quien le pidió que cambiara su voto. Así lo hizo, como más adelante lo haría en el Caso Florence Cassez.

En el caso de Lydia Cacho, durante aquella sesión en la Suprema Corte de Justicia, en efecto apuntó que había existido tortura sicológica, pero fue en una segunda intervención y sólo después de que varios ministros expusieron su posición, que buscó matizar su postura original. En la versión estenográfica de esa sesión, se aprecia, sin embargo, la forma como minimizó la acusación de Cacho y alegó en su contra. En un extracto de su posición, Sánchez Cordero dijo:

“Con base en los testimonios de algunas personas… se tiene por acreditado que la periodista Lydia María Cacho Ribeiro fue objeto de tortura. Quiero decirles que esta conclusión me parece inexacta porque de la lectura de la síntesis de estas declaraciones… se advierte que son conjeturas de los declarantes, pues estos manifiestan (que) todo lo declarado se los comentó la propia Lydia Cacho, esto es, se trata de testigos de oídas”.

La entonces ministra dijo que podría prescindirse de esas aseveraciones y atender únicamente la declaración de Cacho, “lo cual, por las circunstancias en que se llevó a cabo su detención, pudiera ser, o para mí, son insuficientes para sustentar que sí hubo tortura sicológica”. Y agregó: “En relación a la violación de sus garantías de libertad de prensa y de la libre expresión… en mi opinión los datos arrojados por esta investigación… para mí no son suficientes para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa y de libre expresión… pues no se advierten elementos que supongan que la manifestación de las ideas por parte de Lydia Cacho, ha sido motivo de inquisición judicial o administrativa”.

Sánchez Cordero dijo que si bien habían existido violaciones, como la tortura sicológica, “podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales”, y votó junto con otros cinco ministros de que no había habido quedado demostrada “violación grave” para los efectos del artículo 97 constitucional, por lo cual Marín quedó libre de toda culpa durante 14 años tras haberse cometido el crimen contra Cacho. La secretaria justificó que otros cinco ministros habían votado contra el dictamen, pero eso no era el centro de la crítica de Cacho, quien abundó que la traición era porque había hecho una carrera donde presume de su lucha por la igualdad de género y la defensa de las mujeres. 

La presencia de Cacho hizo visible la tramposa postura de Sánchez Cordero. No la tuvo Cristina Ríos Valladares, quien junto con su esposo -que fue liberado horas después, para conseguir el dinero para el rescate- y su hijo de 11 años, fue secuestrada por la banda de Israel Vallarta y su entonces novia Florence Cassez. En un desplegado en La Jornada el 13 de junio de 2008, ante a la campaña de la francesa para su liberación, Ríos Valladares dijo que era “indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos el 19 de octubre del 2005 al 9 de diciembre del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual, y los tres, de tortura sicológica”.

La señora, acompañada por la defensora de derechos humanos Isabel Miranda de Wallace, fue recibida por Sánchez Cordero en marzo de 2012, y le detalló todo el secuestro, explicando también que no había declarado las violaciones regulares porque en ese entonces no quería que se estigmatizara a su hijo. La ministra le mostró su apoyo, que nunca se concretó. Cuando el caso Cassez llegó a la Suprema Corte en 2013, Sánchez Cordero se olvidó de Ríos Valladares, y en lugar de reponerse el proceso, como opinó José Ramón Cossío, respaldó la propuesta de Alfredo Gutiérrez Mena para que la liberaran inmediatamente, que era lo que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció al presidente francés François Hollande.

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El gobierno se paralizó (y III)

Raymundo Riva Palacio

La enfermedad del presidente Andrés Manuel López Obrador paralizó al gobierno. La imagen de que las cosas marchan con su liderazgo a distancia es mentira. El trabajo y las reuniones en Palacio Nacional se han reducido al máximo; las decisiones, prácticamente se pararon. El presidente ha mantenido contacto con un reducido grupo de colaboradores, sobre los que aborda temas en general y establece algunas directrices, y por recomendaciones médicas, ni está esforzándose mucho ni tampoco lo han presionado sus colaboradores para que atienda asuntos que no consideran de alta prioridad. Todos los días recibe oxígeno varias veces.

Lo que se percibe como una crisis en el gobierno por el diseño centralizado de López Obrador, es una realidad. Las cosas no avanzan si no las atiende. Y en su equipo están tan condicionados al sistema impuesto, que señalan impulsivamente que hasta que regrese se discutirán y resolverán algunos de los pendientes que surgieron en estos días. La primera semana de confinamiento fue un problema para los más cercanos colaboradores del presidente, quienes no pudieron resolver problemas hasta la segunda semana de aislamiento, cuando sus condiciones físicas mejoraron.

Uno de los temas fue la reforma a la Ley del Banco de México, que su creador, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quería poner a discusión este jueves y viernes. En una reunión del gabinete de seguridad, el consejero jurídico presidencial, Julio Scherer, habló de la urgente necesidad que López Obrador se recuperara plenamente para que pudiera hablar con Monreal, quien, dijo, se aprovechó de su ausencia para impulsar esa ley. Esta semana, esa iniciativa perdió vapor y probablemente será discutida hasta el siguiente periodo de sesiones. 

Algo similar pasó con la ley sobre el outsourcing, endurecida por Monreal y que estaba afectando la negociación de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que en vísperar que el presidente enfermara, le comentó que ya estaba acordada con los legisladores. Monreal le dijo a Bloomberg que también esta ley se aplazaría. La molestia con Monreal en Palacio Nacional es grande, y la semana pasada no hubo quien lo pudiera frenar. Uno de los temas que quedaron pendientes es su idea de entregar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, una nueva distinción que creó el Senado, que consideraron los consejeros de López Obrador como un error que generaría problemas para el presidente, quien ha descalificado varias veces al zar del coronavirus. 

Todos estos son problemas de política interna, que tendrían que haber sido resueltos por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como jefa del gabinete y representante del presidente, pero ha sido omisa. Sánchez Cordero sólo ha acatado la instrucción de López Obrador de que lo remplazara en el atril de Palacio Nacional en las mañaneras, porque ni siquiera las tareas que le corresponden directamente las ha atendido. La semana pasada, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, la buscó en la reunión del gabinete de seguridad -porque no se ha parado en Bucareli, contra lo que afirmó ayer-, para informarle de la creciente beligerancia de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que están exigiendo que el gobierno condene y procese a los militares que aseguran son responsables del crimen contra sus hijos. El presidente no parece tener la intención de actuar contra los militares, pero Sánchez Cordero le dijo a Encinas que esperaran a que se reintegrara a sus actividades cotidianas para que decidiera él como abordar este problema.

La ausencia del presidente también desarticuló las acciones que se estaban haciendo desde Palacio Nacional en Morena, donde hay pugnas por varias candidaturas a gubernaturas. El caso de Guerrero es uno de ellos, donde las luchas internas llevaron a que un grupo acuse al pre-candidato Félix Salgado Macedonio de “violador”. Jesús Ramírez, vocero presidencial, que había hecho campaña a favor de Pablo Amílcar Sandoval hasta que lo frenó López Obrador en los días previos a su contagio, ha sido un mañoso opositor a la candidatura del senador, y le ha organizado en ausencia de su jefe un ataque en las redes sociales a través de colectivos feministas, de las que forma parte.

Otra gubernatura que se le salió de las manos al líder de Morena, Mario Delgado, a quien los colaboradores de López Obrador en Palacio Nacional no bajan de inepto, es el estado de México. López Obrador había cuidado esa candidatura nombrando a Delfina Gómez como secretaria de Educación, a fin de neutralizar la amistad que tenía con el gobernador Alfredo del Mazo, que considearba un riesgo electoral, pero en la semana de confinamiento, su jefe político, Higinio Martínez, prácticamente aseguró la candidatura, ante la inacción en Palacio Nacional, y contra los deseos del presidente.

No son los únicos problemas políticos que se agudizaron porque nadie pudo resolverlos sin la instrucción e intervención de López Obrador. Uno central, porque se está pudriendo, es la acción de desafuero de Mauricio Toledo, que está siendo impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ramírez, el portavoz presidencial, presumió en las reuniones de gabinete que había logrado conciliarlos, lo que era importante porque Toledo había financiado acciones de comunicación de Morena -por lo que le abrieron la puerta en el PT-, y para lanzar un mensaje de no proceder contra el ex alcalde de Coyoacán, por enriquecimiento ilícito, quería que el presidente intercediera por él.

La paralización del gobierno ante la ausencia del presidente fue notoria. La exasperación de algunos de los colaboradores de López Obrador fue pública dentro del ámbito del gabinete de seguridad. La centralización del poder que se aprecia desde afuera del gobierno es una realidad. La falta del líder exacerbó la falta de iniciativa y gestión de su equipo. Ciertamente, cuando se habla de un gabinete y un equipo incapaz, no se califica, se describe lo que rodea a López Obrador.

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