Déjà vu en Santa Rosa
Raymundo Riva Palacio
La rebelión de los
criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un
operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear
carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío que se conoce como “el
triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los siete municipios
poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo
militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron
entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos lideres
de bandas delincuenciales.
Las unidades militares
entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado Cártel de Santa Rosa
de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado El Marro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere
arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha
causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años
se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial
detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de
lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial
en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.
En el gobierno del
presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y el Golfo tenían
control territorial enanzar casi 100 municipios. Pocos en el comparativo
municipal en el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus
nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Financias y de Obras,
el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los
estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos
corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México-. En esos
años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el
norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del gobierno de Estados Unidos que
querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus
guaridas.
Durante el gobierno de
Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de
homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en
el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de
combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco,
es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta
que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.
Actualmente se ha agravado
el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los
narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego
proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no
sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no
alcanzamos a medir en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un
síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades
que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial
provocada.
Un ejemplo es la carretera
México-Querétaro, que se ha vuelto un peligro a todas horas. Son varios los
casos de privación de libertad y robo. Uno de ellos reciente sucedió a las
cinco de la tarde, cuando por unas llantas la autopista, el vehículo donde viajaba
una familia se detuvo. Cuando retiraba las llantas llegó un convoy con 17
personas armadas y los privaron de su libertad. Nunca dejaron de tener la
pistola en la cabeza del hijo menor, y obligaron al padre a darles todas sus
tarjetas de crédito y darles su dirección para que recogieran los tokens y le
vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron, los amenazaron: si cancelaban las
cuentas, matarían al chofer, a quien habían golpeado fuertemente. Si los
denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a todos.
No hay sorpresas. Enero fue
el mes más violento en la historia, y la tendencia de homicidios dolosos
sugieren que 2019 será más rojo que 2018, cuando se rompieron todos los récords.
Esto no va a cambiar porque la estrategia del gobierno lópezobradorista contempla
sólo el combate a la delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el
narcotráfico serán enfrentados porque en el análisis del gobierno el problema
no son ellos, sino quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.
Es el mismo error que
cometió Peña Nieto, quien soslayó que la delincuencia organizada tiene
ramificaciones indivisibles con la delincuencia del fuero común. Si no los
capos, sus subalternos y sus legiones de matones, mutan de delito o participan
en los del fuero común y los del fuero federal. La estrategia de seguridad del
gobierno federal toca únicamente a los delitos del fuero común. Para esto, identificó
259 puntos en donde actuarán militares y policías como fuerza de reacción
rápida. Es decir, una especie de sistema de emergencias 911.
La estrategia tendrá
resultado positivos sólo en esas zonas en el corto plazo, pero será funesto
para el resto del país y, en esas mismas regiones, en el mediano y largo plazo.
Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia elevará los índices delictivos cada
mes, y llevará al presidente a un fracaso en el tema de la seguridad. Cuando se
de cuenta del error, ya será demasiado tarde, como sucedió con Peña Nieto.
López Obrador está a tiempo de corregirlo, pero necesita quién se lo explique
correctamente, lo persuada de cambiar la estrategia y que la lleve a cabo. Le
conviene finalmente, pero tiene que entenderlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
