Degradación social
Raymundo Riva Palacio
La violencia contra políticos ha aumentado de
manera dramática: 46% subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado
de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no
importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos,
apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se
reacciona. Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la
consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado,
donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los
asesinatos de los políticos, en el primer trimestre éste no es el factor, sino
la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más
pobres. Es decir, estamos peor.
La degradación de la vida pública es lo que
refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un
país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente
tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del
gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el primer
trimestre de 2018, de 38% a 24%, pero la privación ilegal de la libertad o el
secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero
no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante
también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de
21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que
significa un crecimiento de 276%.
No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre
el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso
electoral del año pasado, donde no sólo el primero sino el segundo semestre
tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está
sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las
entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de
homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con
acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la
violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que
tuvieron elecciones muy cerradas.
Estos datos sugieren la lucha no tanto por el
control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales.
Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se
concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12),
estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la
media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de
violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente
por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral
producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de
sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos
controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias
patológicas.
En el primer trimestre de 2018, recuerda
Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo
que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la
violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció
55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones
contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que
confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un
partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso
al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se
registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de
ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en
2019.
El cambio en la demografía política del país
aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los
objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las
mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún
para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al
avances en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de
2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos
estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria,
Resalta Etellekt, “ponen en riesgo el ejercicio
efectivo de sus derechos político-electorales”.
La radiografía que proporciona la consultora,
que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un
cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El
82% de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los
gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra
autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones,
alcaldes, regidores y diputados locales.
Como en el caso de la inseguridad general, se
repite el diagnóstico: la parte más vulnerable para la contención y el combate
a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que permita
ir reforzando a ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en
una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero
persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años,
sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por
ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de
procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un
país de leyes.
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