El oscuro
Anexo 23
Raymundo
Riva Palacio
El pasado
martes, el presidente Andrés López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con
diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones
Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su
importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del presidente se difundió
un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y
el personaje que encabezó a los estadounidenses,
Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de
Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja
el presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para
determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo
comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte.
Los
diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo. Pasaron revista al gobierno de México, y
evaluar si como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no
secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos
tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio
norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y
como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de
viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo
el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del
Comité de Medios y Procedimientos, le dijeron a López Obrador que para que
aprobaran los demócratas, necesitaban ver no sólo la Reforma Laboral, sino las
garantías de que se va a ejecutar.
Los
estadounidenses estaban muy escépticos. En ocasiones anteriores y gobiernos
distintos, compromisos adquiridos por los mexicanos nunca fueron completados.
En esta ocasión, le dieron al presidente tres meses para que mostrara las
garantías. En el comunicado del Comité que encabeza Neal -no mencionado en el
boletín del presidente López Obrador-, se reveló que vinieron a “evaluar la
capacidad del país para avanzar en las reformar prometidas e implementar los
cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes
mexicanas y los requerimientos
renegociados del acuerdo” (subrayado mío). La presencia del secretario
Arturo Herrera fue estratégica: decirles de dónde saldría el presupuesto para
que caminara la reforma, que detalló la secretaria Luisa María Alcalde.
Los
secretarios fueron puestos a prueba por los legisladores estadounidenses con el
aval del presidente, a quien le interesa enormemente que se apruebe el acuerdo
con Estados Unidos y Canadá, como ha dejado claro en su sumisión ante al
presidente Donald Trump, al hacer todo lo que desee para evitar su enojo.
Alcalde explicó “los requerimientos renegociados del acuerdo” contenidos en el
Anexo 27. Originalmente, el acuerdo negociado por los ex secretarios Ildefonso
Guajardo de Economía, y Luis Videgaray de Relaciones Exteriores, y el
representante del presidente electo, Jesús Seade, fortalecería las normas y
derechos laborales, en particular la negociación colectiva para promover
salarios más elevados -hasta en 17.2% en una primera instancia-, y mejores
condiciones laborales.
A los
demócratas les pareció insuficiente. En mayo reformaron el Anexo 27 para
facilitar la implementación del derecho a sindicalizarse a través de organismos
independientes, y ampliar la Reforma Laboral para facilitar el registro de
elecciones sindicales y mecanismos de resolución de disputas. Pero una
condición demócrata, que aceptó el gobierno de López Obrador, es que el acuerdo
no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado
revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al
Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes
en la legislación para asegurar que el gobierno fortaleciera las nuevas leyes
laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas
por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadounidenses, fue ignorada
por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la
Reforma Laboral.
Aún con
esta insólita cesión de soberanía -permitir a un poder extranjero escribir
leyes laborales mexicanas-, los estadounidenses no quedaron satisfechos.
“Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las
intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia
laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”,
dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. “Aprecio el compromiso
positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para
implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la
reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que
serán requeridos en la renegociación del TLCAN”.
Es decir,
los diputados estadounidenses quedaron a gusto con la música, pero no ven clara
la partitura. Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos López Obrador, les dieron la
certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo
que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor
del acuerdo. Acción, no palabras es lo que han demandado desde mayo cuando
hablaron con el presidente, y aun no terminan de concretarse las promesas de
hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a
Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a
prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso
siempre elude confrontar al presidente Trump o a su gobierno. Por lo mismo, hay
acuerdo en lo oscurito de los que no
quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo
poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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@rivapa
