¿Siguen vivos?
Raymundo Riva
Palacio
Desde hace varias
semanas, dentro del gobierno federal se mencionaba con insistencia la
posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa que
fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, un hubieran sido
asesinados, como afirmó el ex procurador general Jesús Murillo Karam,
estuvieran vivos. Hipótesis de ello han corrido desde que desaparecieron el 26
de septiembre de 2014, por declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban
en que la organización criminal Guerreros
Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche de verano, habían hecho leva
con varios de ellos y los tenían trabajando en los campos de amapola. Sin
embargo, la duda sobre si estaban muertos, provenía de un documento que nunca
fue integrado por el gobierno anterior en el expediente del Caso Ayotzinapa,
del análisis técnico de los teléfonos celulares de los normalistas, realizado
por el FBI a petición de la PGR, y del que no se tenía conocimiento hasta
ahora.
Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y
Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas,
continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala.
Autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos
internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron activos después del
crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el patrón de comportamiento
de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al crimen. Es decir, la red de
vínculos de los teléfonos fue la misma antes y después del 26 de septiembre,
como si nunca hubieran desaparecido.
Los informes del
FBI obtenidos por Eje Central
muestran que las llamadas realizadas antes del 26 de septiembre a municipios de
Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, continuaron
realizándose a los mismos teléfonos -cuyos propietarios no están identificados-
hasta dos meses después de la desaparición. No hay una explicación que resuelva
las incógnitas, pero el FBI señaló en su informe que los números revisados
tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”.
La pregunta
¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza
de los padres por volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de
Gobernación, Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad sobre
el Caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar dijo que las nuevas
búsquedas serían de vida, como han pedido todos estos cinco años los padres de
los normalistas.
Será la primera vez
que los busquen con vida desde el 30 de septiembre de 2014, cuando tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador
Cienfuegos, al presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de
Inteligencia Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la normal de
Ayotzinapa y que iba con los estudiantes cuando fueron atacados no aparecía, se
enfocaron las investigaciones a determinar cómo los habían matado y en dónde
podrían encontrarse sus cuerpos.
El tema de la
telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido activos después
de la desaparición. El gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no profundizó las
investigaciones, y hasta el 6 de julio de 2017, admitió ante la CIDH que tres
chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas, habían sito
utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que la Policía Federal
le correspondía indagar esas pruebas.
La Policía
Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra
de los ex comisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich
Castilla, así como en contra del ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato
Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos,
cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del ex procurador Jesús
Murillo Karam, responsable director de no haber integrado el análisis de
telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con ex
funcionarios de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam
nunca les informó de la existencia del documento. En la constancia de
expedientes que se entregó a la CNDH, tampoco figura el reporte.
El FBI realizó el
análisis de la telefonía celular a partir de la información que le proporcionó
el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la
Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la PGR el apoyo
del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje Central, el primer reporte se
entregó con fecha 7 de noviembre de 2014, y el segundo 14 días después. Las
fechas son importantes.
El 7 de noviembre
fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la frase “ya
me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación clasificando a
los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de que ahí hubo un
homicidio masivo”. El 28 de enero de 2015, ofreció otra conferencia de prensa
donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43 normalistas
los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al Río
San Juan.
Los documentos
revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la información del
FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones. Peor aún, que la
escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo hecho, habría
derrumbado sus conjeturas, o cuando menos lo habría obligado a matizarlas. No
hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de la justicia.
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