Con Rosario, la caldera se calienta
Raymundo Riva Palacio
Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República,
Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de
presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero,
probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar una batalla
política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del
proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad, que
podría llegar a ser un punto de negociación, que pida el llamado criterio de
oportunidad incorporado en el Código Nacional de
Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero
podrá encontrar una escalera al cielo.
El artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el
imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito
más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles
ha dado muestras que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del
enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma
delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su
comparecencia hoy en el Reclusorio Sur se da por presuntos delitos investigados
por la Fiscalía General. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera
encontró 105 operaciones de presunto desvíos de recursos del erario hacia
empresas fantasmas, por lo que vendrá una nueva denuncia próximamente.
Robles se dice segura que está limpia de cualquier delito que le imputen,
porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía
General tiene dos testigos que ya declararon en su contra que trabajaron con su
equipo en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo
político cuyo centro era el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong. La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre
las triangulaciones financieras en donde aparece la mano de Emilio Zebadúa,
quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano.
En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro
de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas
políticas. De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil
300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó
coloquialmente como “la estafa maestra”, que según el abogado de la ex
secretaria, es una “ficción”. Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró
operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación
que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las
acusaciones en su contra cada vez serán más y el caso más complejo para que
pueda salir avante.
En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La
pregunta es, dadas las condiciones en las que se encuentra, si está dispuesta a
guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares,
aunque ella no sea responsable. Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, ya
abrió el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca
del gobierno peñista.
La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para
subir la escalera, es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña
Nieto le impuso como el subsecretario del ramo y cercano a Luis Miranda, que
fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer
acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el estado de México, y fue
su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la
operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las
elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.
En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba
millones de pesos en efectivo, en sus bóvedas donde acumulaban los recursos por
lustros, incluso hasta una década, para ser utilizado más adelante. Al llegar
al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue un
gran ejemplo, cuando después de muchos desencuentros con la Coordinadora
Magisterial, abrió la chequera del gobierno y les repartió dinero para que
dejaran de oponerse a la Reforma Educativa.
El dinero político de Peña Nieto tenía una caja registradora, la de Luis
Vega Aguilar, que fue secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña
Nieto, y a quien trasladó a la Secretaría de Finanzas del PRI, siendo el
responsable de operaciones político-electorales como la Operación Safiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción,
donde presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados,
lavados a través de 12 empresas fantasmas, para campañas priistas.
En la investigación sobre los desvíos donde figura Robles como la
funcionaria de mayor rango, se encuentra también Vega Aguilar, a quien como a
la ex secretaria y a Zebadúa, el viernes pasado le congelaron sus cuentas
bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como
hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la
estafa maestra”, pero no aparece aún ni en calidad de indiciado en las carpetas
de investigación.
La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el reputacional
y el político está hecho, es el criterio de oportunidad y que aporte a la
autoridad el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña
Nieto.
